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Los Gunas defienden su autonomía ante las armas de Panamá

miércoles 25 de julio de 2012 Los Gunas de Panamá son un ejemplo de autonomía y resistencia. Consiguió el reconocimiento legal de sus territorios en 1938 y nunca ha dejado de luchar. Ahora se enfrentan a las fuerzas militares del Estado y al crimen organizado. Otra semilla de autonomía en Abya Yala, como en el Cauca colombiano, o como en Cherán, Chiapas o Atenco en México.

Miembros del CGG y abogados gunas explican sus razones frente a las autoridades.

Miembros del CGG y abogados gunas explican sus razones frente a las autoridades.

Por Laura Avellaneda

Casi podría decirse que todo empezó de forma inocente. Era enero de 2011 y en las aguas de la comarca Gunayala, al noreste de la ciudad de Panamá, apareció una lancha volteada que llevaba tanto tiempo a la deriva que en el casco había conchas adheridas [Ver otro caso en la comunidad de Digir].

Quienes la habían hallado eran indígenas gunas. Estaban en sus labores de pesca habituales y, al avisar a las autoridades policiales -en Gunayala el territorio es vigilado por miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el nuevo brazo militar de la Policía Nacional-, los policías les dijeron: “Ayúdennos a voltearla”.

Los indígenas se negaron. “Si la quieren, voltéenla ustedes”, fue la respuesta.

La patrullera del Senafront se fue y los indígenas tomaron la lancha y la arrastraron hasta la comunidad de Cartí Tupile. Allí estuvo, durante varias semanas. La norma guna indica que transcurridos seis meses, los bienes encontrados en el mar que no son reclamados pertenecen a la comunidad. Así que, cuando los habitantes de Cartí Tupile le pidieron al Personero Comarcal que querían quedarse con la lancha, la petición les fue aprobada.

Los habitantes de Cartí Tupile se dedicaron entonces a limpiarla, a repararla y a pintarla. Sin que lo supieran, Senafront había abierto un proceso legal en una fiscalía de Colón -provincia vecina de la comarca- para reclamar la lancha que, según la entidad, era producto de un proceso vinculado con el narcotráfico.

Cuando el bote estuvo listo para darle uso otra vez, varios hombres vestidos con uniformes de camuflaje desembarcaron en Cartí Tupile y empezaron a dispersarse por toda la comunidad. Iban con armas gruesas, acompañados por personal de la fiscalía de Colón y de la oficina de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicen que los niños, que todavía estaban en la escuela, se asustaron cuando vieron tanto soldado entrar. La maestra -no indígena- contó días después que pensó que había comenzado una guerra porque los policías hasta se arrastraron por la arena.

Era 10 de julio de 2012 y la comunidad en pleno llegó hasta la casa del Congreso Local para discutir allí, con las “visitas”, lo que estaba pasando.

 

Gunayala, el narcotráfico y el poder

Las aguas de la comarca son una de las varias rutas que el narcotráfico usa para trasladar droga desde los países productores hasta su principal mercado, Estados Unidos. En octubre de 2011, el Ministerio de Seguridad Pública -bajo el cual se encuentra el Senafront- inauguró la “Base de Operaciones del Caribe Oriental” en Puerto Obaldía, limítrofe con Colombia.

Desde allí realizan sus operaciones de vigilancia por toda la región comarcal, y la población civil ha empezado a incomodarse. Como dice uno de los abogados del Congreso General Guna (CGG), Atencio López, “es una militarización lo que hay en Gunayala”, una militarización que no solo perturba a los gunas sino a los turistas que llegan a la comarca con la promesa de playas blancas, arena limpia y paz.

Cuando el 10 de julio la comunidad de Cartí Tupile estaba reunida en la casa del Congreso Local tras la irrupción de Senafront, el subcomisionado Luis Trejos pidió a los saglas que entregaran el bote. Los saglas se negaron. Dijeron que ya habían pasado más de seis meses y que nadie lo habia reclamado.

Una funcionaria de la fiscalía tomó la palabra y les advirtió que, de no devolverlo, serían acusados de obstruir la justicia. La amenaza, claro está, cayó mal. “No la devolvimos porque Senafront quería llevársela a la fuerza”, explica López.

El intercambio de palabras se hizo bajo la mirada atenta de varios periodistas de medios impresos y televisivos de la capital que, invitados y llevados por Senafront, llegaron hasta Cartí Tupile para “corroborar que, en efecto, no querían entregar la lancha”. “Están pasando cosas que los medios no saben”, dice López.

El 11 de julio pasado, tras el incidente, Trejos denunció que unos motores que la comunidad de Digir había devuelto a finales de junio no tenían baterías, brújula ni llaves. El director encargado del Senafront, Alfredo Calleja, agregó que saglas de diferentes comunidades “se quedan con lanchas abandonadas en alta mar por grupos de narcotraficantesy luego las renegocian con estos”, según reportó el diario La Prensa.

El 17 de julio, el CGG emitió un comunicad en el que establece que “es extremadamente grave la imagen negativa que las mismas autoridades nacionales están creando respecto a la Comarca Gunayala, que varios medios la han catalogado como un 'santuario de narcotráfico'”.

“Pareciera que los gobiernos de América están organizados contra los pueblos indígenas”

En el comunicado se denuncia además que “Senafront realiza las maniobras militares con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos... sin el consentimiento previo, libre e informado de nuestras autoridades, desconociendo así a las autoridades del CGG”.

El Senafront, vale decirlo, pidió desde hace más de un año la autorizacón del Congreso General para abrir dos bases de vigilancia más, en el centro y occidente de la comarca. El Congreso, hasta ahora, no ha dado la aprobación.

La opinión general en Panamá es que los indígenas -ya sean ngäbes, buglés, nasos o gunas- quieren gobernar sus territorios como si se tratara de un país independiente. De hecho, un miembro del Senafront dijo en televisión que, hasta donde él entendía, Panamá era desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, reforzando la idea de que las autoridades gunas no pueden pretender que la ley sea diferente en la comarca.

Blass López, secretario del CGG, declaró a La Estrella de Panamá que el problema es que el conflicto se ha creado porque Senafront está entrando a las comunidades y realizando acciones “sin los debidos permisos”.

El viceministro de Gobierno, Javier Tejeira, comentó ese mismo 10 de julio algo que tal vez resume mejor que nada el pensamiento del gobierno: “Ayudarles a conservar sus tradiciones no significa que no deban someterse a la autoridad nacional, y en este caso la autoridad se ejerce con las armas porque hay delitos graves, secuestros y muertes”.

Pero el abogado Héctor Huertas, también en declaraciones a La Estrella, enfatizó que “en nuestras comunidades no hay secuestros, tampoco hay muertes violentas”.

López, mientras tanto, no disimula su indignación. “Pareciera que los gobiernos de América están organizados contra los pueblos indígenas”, refiriéndose a los problemas en el Cauca colombiano o en el Cherán mexicano. “Tenemos miedo porque las balas no tienen ojos”, puntualiza

 

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