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Opinión

Repsol-YPF. Una “cuestión nacional”para España

martes 17 de abril de 2012 En este artículo, Roberto Montoya plantea las reacciones del establishment político y mediático español, así como las contradicciones de la "españolidad" de Repsol respecto a la distribución real de la propiedad accionarial.

Por Roberto Montoya / Mirada Al Sur

Publicado el 8 de abril de 2012

España no defiende los intereses de sus multinacionales en el extranjero a través de su ejército, desatando guerras o fomentando golpes de Estado como EE UU para derrocar gobiernos y controlar los grifos del oro negro en cualquier recóndito lugar del planeta. No. La defensa de las multinacionales españolas por el Gobierno de Madrid se lleva a cabo con otras armas: la presión política, diplomática, económica y mediática. Dado que América Latina y el Caribe conforman la región en la que las multinacionales de origen español han desembarcado desde fines de los años ’80 más masivamente y donde obtienen sus principales beneficios en el exterior, cualquiera de los obstáculos que experimentan con los gobiernos nacionales, cualquier medida que recorte sus pingües beneficios, ponen en guardia a España entera como país.

Esto sucede independientemente de que gobierne el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o el Partido Popular (PP). No se puede olvidar que la ola de privatizaciones de las empresas públicas –que se convertirían en las multinacionales de la actualidad– se iniciaron durante mandatos del socialista Felipe González y se completaron durante el del derechista José María Aznar. No casualmente González es hoy el consejero de Gas Natural y Aznar asesor externo para Latinoamérica de la eléctrica Endesa. “Repsol-YPF es una empresa estratégica, que tiene pozos de petróleo y gas en el exterior, y le puedo garantizar que seguirá siendo española”, declaraba en 2008 Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio de Zapatero, cuando se temía la entrada en su capital de la petrolera rusa Lukoil. “El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo”, dijo días atrás su sucesor, José Manuel Soria, en relación con el conflicto con la Argentina. El gobierno de Cristina Fernández tuvo que recordarle que YPF es una empresa argentina, aunque Repsol sea su socio mayoritario, con un 57%.

Los mimados del rey. Es paradójico que España, un país casi sin petróleo, reivindique con tanta vehemencia la nacionalidad de Repsol-YPF, cuando entre los accionistas principales de la petrolera están no sólo los grupos españoles CaixaBank (12,83%) y Sacyr (10,01%), sino también la mexicana Pemex (9,49%) y la británica Black Rock Investment Management (3,07%), y cuando en YPF comparte accionariado con el grupo argentino Petersen (25,46%).

Y es que Repsol, a pesar de ser la segunda gran empresa española con más presencia en paraísos fiscales, indudablemente repatría a España buena parte de sus ingresos, aporta con sus impuestos a las arcas de este país, mantiene miles de puestos de trabajo y tiene un gran peso en la economía. Su principal accionista, CaixaBank, líder en banca minorista en el mercado español, fue creado en 2011 por el poderoso Grupo La Caixa. A pesar de que fue bajo el gobierno de Zapatero, y del tripartito regional del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, cuando se nombró a Antonio Brufau, de La Caixa, presidente de Repsol –sustituyendo a Alfonso Cortina, ligado al BBVA y nombrado durante el gobierno de Aznar–, no puede entenderse esa batalla interna exclusivamente en términos de pugna entre el PSOE y el PP.

Tanto La Caixa como el BBVA –este último terminó manteniendo sólo una presencia testimonial en Repsol, pero aún hoy con uno de sus hombres, Javier Echenique, en la dirección– son, por sobre todas las cosas, representantes de las poderosas burguesías catalana y vasca, respectivamente. Por el volumen de sus negocios y su protagonismo en la vida económica y financiera, son gigantes mimados por el poder. CaixaBank acaba de protagonizar la fusión-absorción de Banca Cívica, con lo que se convertirá, de hecho, en la primera entidad española por activos del país –345.000 millones de euros– superando incluso al Banco Santander, Bbva y Unnim.

En los medios también. Esa defensa de las empresas insignia de España que hacen el gobierno y el mismísimo rey Juan Carlos se realiza también a través de los medios de comunicación, en cuyos capitales participan las multinacionales, o en los que al menos influyen en tanto que principales anunciantes. Es por ello que, en conflictos como el de Repsol-YPF y antes en otros –por ejemplo en Venezuela, Bolivia, Ecuador u otros países–, los periódicos de tirada nacional de claro corte conservador –como ABC, El Mundo, La Razón o La Gaceta– coinciden en su línea editorial con un diario como El País, que todavía rentabiliza su aureola de centroizquierda de otros tiempos. No es casual. El 57,7% del capital de Prisa –el grupo editor de El País, que controla también revistas, radios, televisión y poderosas editoriales en España, EE UU y América Latina, entre ellos Radio Continental de Argentina– está desde 2010 en manos de tiburones de Nueva York, el fondo de inversión Liberty Acquisition Holding, y recientemente ha entrado en la sociedad el empresario más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.

La trama de intereses que están detrás de El País y sus alianzas con el Grupo Clarín explican que tantas veces saliera en defensa del holding que lidera Héctor Magnetto, que criticara duramente la nueva Ley de Medios argentina, que ni mencionara la existencia de la serie El Pacto o que haya dedicado ahora furibundos editoriales contra el gobierno argentino por su postura en el diferendo sobre YPF.

En medio de los mayores recortes sociales que ha conocido España en décadas, El País encontró, sin embargo, espacio en su portada del 2 de abril pasado para el editorial “Por el mal camino”, en el que sostenía: “Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus amenazas veladas de nacionalizaciones”. Sólo unos días antes, el 18 de marzo, titulaba otro editorial “El tango del expolio”, en el que denunciaba que “el Gobierno de Kirchner retira arbitrariamente permisos de explotación petrolera a Repsol”. Son muchos los interesados –adento y afuera– en demonizar y deslegitimar al gobierno de Cristina Fernández y, para ellos, cualquier arma es buena.

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