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Desaparecer buscando a los desaparecidos

jueves 30 de agosto de 2012 Ángel José Quintero y Claudia Monsalve fueron detenidos-desaparecidos el 6 de octubre del 2000 en la ciudad de Medellín, Colombia. La historia se repetía y las mismas familias eran golpeadas una y otra vez. Los activistas de derechos humanos que buscaban a sus propios desaparecidos terminaron detenidos y desaparecidos en la nube de impunidad que sigue cubriendo a Colombia.

Por Equipo Otramérica

Poner rostro, mensurar el dolor en el crimen de lesa humanidad que suma miles de detenidos desaparecidos en esta Colombia que olvida víctimas como genera nuevas. 

Claudia Patricia Monsalve, es hermana de Edgar Augusto Monsalve, detenido- desaparecido en 1995, y Ángel José Quintero, es familiar de 6 personas detenidas-desaparecidas (Rosalba Usuga, Joaquín Emilio Guisao Usuga, Luis Fernando Usuga, Rubén Usuga Higuita, Wilson Usuga Higuita y Arbey Posso Usuga) y de 2 personas asesinadas (Orlando Usuga Higuita y Ananías Guisao, en la masacre la Balsita-Dabeiba. Los Usuga ha sido perseguidos sistemáticamente por fuerzas estatales y para estatales. 

Ángel en el momento de su desaparición trabajaba en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) en Medellín, era miembro activo de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), y presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos en Antioquia.

La familia de Ángel ha emitido un comunicado desde el exilio coincidiendo con el Día de Lucha Conta la Desaparición Forzada. En él explican: “Hemos vivido históricamente una persecución política por parte del Estado colombiano y en los últimos años fuimos obligados a abandonar nuestro país para salvaguardar la vida de los pocos que quedamos”.

También asegura que “hoy, después de 12 años, todavía guardamos en la memoria como si fuera ayer el día en qie detuvieron y desaparecieron a Ángel... “Salió de casa como todos los días’ con la esperanza de saber sobre el paradero de sus familiares, se dirigió a la fiscalía a aportar información de bastante importancia y valor jurídico sobre nuestros familiares desaparecidos, recuerda una compañera. También se acuerda de cómo, ese 6 de octubre, saliendo de la fiscalía le contó: ‘Me dijeron:[uno de los familiares desaparecidos] y lloré… porque usted sabe mami, ellos eran mis hermanos”.

“Hemos vivido históricamente una persecución política por parte del Estado colombiano y en los últimos años fuimos obligados a abandonar nuestro país para salvaguardar la vida de los pocos que quedamos”sabe mami, ellos eran mis hermanos”.

De nada le sirvió a Ángel José Quintero Mesa solictar medidas de protección al estado Colombiano, porque, tal y como denuncian sus familiares “irónicamente, en Colombia, los entes responsables de proteger a los ciudadanos son los mismos desaparecedores”.

Tanto la familia de Ángel, como miembros de Asfaddes, siguen denunciando a día de hoy como primer responsable de estas desapariciones al ahora general (r) Mauricio Alfonso Santoyo, “quien había dado la orden de interceptar los teléfonos de la seccional de Asfaddes Medellín y de otras entidades de derechos humanos de manera ilegal y, según las investigaciones, responsable de la desaparición de Ángel y Claudia”. Santoyo, quien años después fuera el responsable de la seguridad del presidente Álvaro Uribe, está ahora detenido en Estados Unidos y ha confesado sus contactos con el clan del sicariato agrupado en la conocida como “La Oficina de Envigado” y con los paramilitares. Unas conexiones que salpican directamente al ex presidente Uribe y a buena parte de su círculo.

Denuncia la familia de Angel que “el que se atrevía a denunciar, a publicar, a decir la verdad -desde los familiares, pasando por los empleados de la empresa de teléfonos de Medellín o los entes de control, hasta la Fiscalía-, fue acallado y, paradójicamente, Mauricio Santoyo empezó a recibir condecoraciones, ascensos y el respaldo total del estado Colombiano en cabeza del presidente del momento, Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido señalado por paramilitarismo,  en varias ocasiones por organizaciones de derechos humanos y por sus propios aliados”.

Ahora que Santoyo está en EEUU, la pregunta que se hacen es evidente: “¿Cómo es posible que un general de la República pueda operar con paramilitares y el Estado no se dé cuenta?, ¿cómo es que ahora nadie sabe qué paso?, ¿será que ahora los familiares debemos remitirnos a otros estados para exigir nuestro derecho como víctimas?, ¿dónde está el Estado Colombiano?

Lo que siguen pidiendo los familiares es verdad y justicia, se esfuerzan para que el fuero militar no sea la nueva excusa para la impunidad… los miles de desaparecidos en Colombia siguen esperando no sólo ser encontrados, sino que los victimarios materiales e intelectuales paguen por este delito de lesa humanidad.

 

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