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personajes Claudia López

"La ruptura entre Santos y Uribe movió el epicentro político en Colombia"

lunes 09 de enero de 2012 La analista política Claudia López se hizo notable por sus investigaciones sobre la 'parapolítica' en Colombia. Ahora, desde fuera del país analiza los cambios producidos con el fin del uribismo y la llegada de Juan Manuel Santos, al que elogia por su ruptura con el núcelo criminal de Uribe pero al que pide más.

"Casanare es un paraíso del paramilitarismo, Arauca es un fortín de la guerrilla, la mitad del Meta con Vichada y Guainía son tierra del que se imponga más fuerte, Guajira es dominio de las bacrim"

Por Juanita León / La Silla vacía

Aunque Claudia López se fue a estudiar a Estados Unidos hace unos meses, desde allá ha seguido de cerca lo que ha sucedido en Colombia. Como La Silla extraña sus opiniones, decidió entrevistarla sobre su balance político del año que termina y sus pronósticos para el que arranca. Esta es su visión desde la distancia:

 

En su opinión, ¿qué fue lo más importante que sucedió en el 2011 en Colombia?

Tres cosas marcaron lo público en 2011. El invierno, la catástrofe natural que mayor número de colombianos ha afectado y va a seguir afectando. El caos de Bogotá, que retrocedió con la alianza nefasta del anapismo, el samperismo, el Moir y el comunismo en cabeza de Samuel Moreno, capitalizada por auténticas mafias de concejales, contratistas y funcionarios corruptos, que siguen impunes.

A nivel nacional el hecho político más relevante fue la evidente ruptura entre Uribe y Santos. No por la traición personal que destacan los uribistas, que aunque es cierta no es lo más relevante para el interés público. Lo realmente importante de esa ruptura es que permitió minimizar la influencia en el gobierno nacional de sectores vinculados a las mafias del narcoparamilitarismo y la corrupción. Y eso tiene efectos importantes en general en disminuir la influencia de esos sectores en el manejo del Estado y en particular, en controlar el desfalco de lo público vía corrupción y vía prevalencia de intereses particulares y hasta criminales en temas claves para el desarrollo del país como restitución de tierras, reconocimiento y respeto por todas víctimas del conflicto armado, manejo de macroproyectos de infraestructura y manejo de activos públicos para el desarrollo rural y urbano. 

 
¿Realmente Santos sí traicionó a Uribe? ¿Importa que lo haya hecho?

Traición es una palabra de amores y entre políticos no hay sino intereses y conveniencias. Es un hecho que Santos no habría ganado sin Uribe, que Uribe esperaba que Santos le cuidara los huevitos de verdad: los parapolíticos, las peleas e intereses cazados y las turbiedades en su administración. Y en efecto Santos no ha hecho sino quebrarle esos huevitos, delante de las pantallas.

La ruptura importa porque movió el epicentro del poder político de los sectores más de derecha y criminalizados de la vida regional, a los sectores más progresistas y menos criminalizados de las regiones, sumados a las élites del centro nacional. Sin romper con los sectores recalcitrantes y criminalizados del país no se puede redemocratizar el Estado y el mercado, de la refundación narcoparamilitar que sufrió el país en las últimas tres décadas. Para el país, aunque no para el debate político diario, es saludable que Santos haya roto con el epicentro del uribismo.

¿Después de haberlo visto actuar durante año y medio, cuál es el país que cree que a Santos le gustaría dejar al final?

Creo que el Presidente ha esbozado bien el país que quiere dejar. Un país con menos cicatrices y más reconciliación, un país con menos pobreza y más equidad, un país menos aislado y mejor posicionado, un país menos entregado y más integrado, un país menos polarizado y más unido. El Presidente tiene una visión clara de la Colombia que quiere, pero apenas está entendiendo qué es lo que realmente debe y puede hacer para lograrla.

¿De qué depende que pueda?

La ruptura con el epicentro criminal y corrupto es siempre necesaria pero no es suficiente. No se trata sólo de romper, también hay que construir. La Colombia que quiere Santos no la va a lograr él, así se re-elija. Esa visión necesita mandatarios locales y nacionales que la construyan, necesita empresarios que la construyan, necesita movilidad social.

Santos puede dejar en su mandato no sólo las bases legales sino resultados concretos que legitimen esa visión en las urnas y una alianza por la democratización que perdure electoralmente. En el 2010 la agenda de Uribe ganó en las urnas, pero perdió en el gobierno. En el 2014 veremos si la agenda de Santos gana en las urnas y mantiene el gobierno.

Necesitamos que Santos se emocione con la idea de seguir siendo un líder nacional y no que sueñe con terminar su mandato para  pasar a ser un líder internacional. Colombia necesita elites que quieran perdurar y construir el país, no salir de él. Ser elite de un país tan desgarrado y desigual como Colombia tiene precio. El privilegio es ocupar las posiciones de liderazgo; el precio es permanecer en ellas.

La Unidad Nacional le funcionó este año. ¿Cree que le funcionará en el 2012?

La coalición del gobierno en el Congreso va a seguir funcionando, pero la Unidad Nacional está por hacerse. Consolidar el cambio de epicentro del poder político en Colombia y asegurar que el país sí pueda avanzar sostenidamente por la equidad, la reconciliación y el desarrollo es para lo que realmente debería ser la unidad nacional, no para tener una aplanadora en el Congreso para pasar desde leyes trascendentales hasta inútiles. 

¿Cuales son los tres hechos de poder más importantes que se jugarán en el 2012?

El más importante es el ajuste de cuentas contra la justicia. La mal llamada reforma a la justicia se convirtió en una cuenta de cobro del Congreso y el Ejecutivo contra la Corte Suprema. No tiene nada que ver con mejorar el servicio público de la justicia al ciudadano ni tampoco con mejorar la gerencia y transparencia de la rama. Es un hecho que detrás del prestigio de la Corte Suprema y la Constitucional pelechan la politiquería y la corrupción del Consejo de la Judicatura y de sectores del Consejo de Estado.  Pero también es cierto que detrás de esas debilidades pelechan los enemigos de la justicia, que son los delincuentes. La mayoría de los que dicen querer “despolitizar” la justicia lo que quieren es asegurar su impunidad porque tienen cuentas pendientes propias o de sus allegados personales o políticos.

La corrupción en la Policía está desbocada a tal punto que las movidas internas frente a la posible sucesión del General Naranjo ya tienen visos de vendetta. 

El otro juego de poder que no ha podido controlar el gobierno es con la Fuerza Pública. El Presidente perdió año y medio y nada que logra consolidar una línea de mando y liderazgo real sobre el conjunto de las Fuerzas Armadas. El debate del fuero militar ha sido un bochornoso espectáculo de chantaje del Ejército sobre el gobierno y el país: ‘o nos dan impunidad o no respondemos por la seguridad’ es el tonito. Y muchos sectores de la Fuerza Pública miran complacidos las presiones que recaen sobre el presidente Santos por el deterioro de la seguridad.  La corrupción en la Policía está desbocada a tal punto que las movidas internas frente a la posible sucesión del General Naranjo ya tienen visos de vendetta. 

La elección de Procurador va a ser otra batalla de poder importante. Ordoñez es una amenaza al pluralismo democrático de la Constitución, y se debate entre si se reelige como Procurador o se lanza como candidato presidencial.

Sin duda, otro hecho crucial es si la izquierda logra reinventarse como opción política e inventarse como alternativa de gobierno. Su futuro depende prácticamente de un hombre: Gustavo Petro.

¿Usted ha dicho que las fuerzas del mercado tiran en contra de la política.  ¿Por qué?

Porque las lógicas inherentes a las actividades económicas de las que depende el gobierno para aumentar su inversión riñen con las de sus objetivos políticos. La minería, por ejemplo, es una actividad hiper-inequitativa desde lo ambiental hasta lo social, que tiene además un riesgo permanente de colusión o extorsión entre las mineras y grupos armados ilegales, y entre las mineras y mandatarios locales. Ese riesgo atenta contra la seguridad, la equidad y la gobernabilidad democrática  de las regiones mineras. Y no se está haciendo nada para mitigar ese riesgo.

El gobierno nacional se acomoda tímidamente en el juego de poder local de esas regiones, pero no hace mucho por gobernarlas. Casanare es un paraíso del paramilitarismo, Arauca es un fortín de la guerrilla, la mitad del Meta con Vichada y Guainía son tierra del que se imponga más fuerte, Guajira es dominio de las bacrim. Y el gobierno nacional supersimplifica semejante desafío a “repartir mejor la mermelada de las regalías”, olvidando que necesita “concentrar la mermelada de la gobernabilidad democrática” en la tercera parte del país, que no controla ni gobierna.    

Los gobiernos sólo se preocupan por “llevar Estado” donde hay guerrilla, no donde hay narcoparamilitares. 

Usted también tiene sus dudas sobre la política de consolidación territorial de este gobierno. ¿Por qué se pregunta si estamos haciendo Estado donde es?

No sólo de este gobierno. Desde Alberto Lleras la visión de los gobiernos nacionales es ‘llevar el Estado central a las regiones’. La mitad de la lista de municipios a rehabilitar de Lleras sigue siendo la misma  lista de municipios por consolidar de Santos! 60 años y nada que lo logran! Creo que debemos aprender por lo menos lo obvio, que por difícil que sea hay que hacer Estado en y desde las regiones. No se puede dejar criminalizar la política regional, aliarse con ella a nivel nacional y luego pretender que esa alianza va a llevar “el Estado” a las regiones. Y además hay que superar el sesgo contrainsurgente.

Los gobiernos sólo se preocupan por “llevar Estado” donde hay guerrilla, no donde hay narcoparamilitares. Uribe hizo consolidación en la Macarena para derrotar a las Farc y dejó intacta la toma paramilitar del Estado en la Costa Caribe. Eso no le pareció una amenaza. Es obvio que Caquetá y Meta necesitan construir mejor Estado, pero no debería ser menos obvio que Córdoba, Sucre, Bolívar y  Magdalena también. El paro armado de los urabeños esta semana no es sino una evidencia más de que el conjunto del Caribe Colombiano necesita con urgencia un doble programa para redemocratizar las instituciones que tiene y construir las que le hacen falta para enfrentar la amenaza latente del narcoparamilitarismo.

Después de monitorear las elecciones y ver quién ganó, ¿cuál es su balance sobre la captura del Estado por parte de los ilegales? ¿Estamos mejor o peor que hace siete años?

Estamos mejor porque tenemos mayor información sobre esa captura ilegal y tenemos en la mira del control social y judicial a quienes la protagonizan. Estamos mejor porque por primera vez candidatos de mafias fueron derrotados en los que eran sus santuarios locales, Magangué, Santa Marta y Dosquebradas son sólo algunos ejemplos. Estamos mejor porque el gobierno nacional puede cambiar la política de aliarse y legitimar a parapolíticos  y corruptos por la de marginarlos e investigarlos.

Si el gobierno nacional tiene en la lucha contra la corrupción política y administrativa una bandera seria, debería acordar con la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía un plan para respirarle en la nuca a gobernadores y alcaldes que sabe que tienen vínculos con ilegales o con corrupción. El gobierno sabe quienes son. Sabe cómo se van a robar los recursos públicos. Sabe que usan la contratación para hacer lavado de activos ilícitos y usan las instituciones para amparar delincuentes. Lo sabe porque ha hecho estudios para evaluarlo, porque la Policía y los organismos de inteligencia los han validado y porque los hechos durante las elecciones los convalidaron. Si se hace el de la vista gorda es por complicidad y desidia no por falta de información para actuar.  Si actúa, por lo menos cinco gobernadores y varios Alcaldes deberían estar buscando abogado defensor antes que gabinete.

De nada vale la reparación y la restitución si no se pueden disfrutar en vida. 

¿Qué cree que vaya a pasar con la Ley de Víctimas?

Lo único que debe pasar es que funcione. El gobierno y la sociedad no pueden darse el lujo de fracasar en la reparación a las víctimas y la restitución de tierras. El 2012 va a ser especialmente difícil porque es el año del arranque  y van a sobrevenir todas las dificultades desde logísticas hasta de seguridad, pasando por la maraña de tecnicismos jurídicos. Las claves del éxito están en someter a la justicia a los ilegales y aparentemente legales que desafían su aplicación, en minimizar los tecnicismos burocráticos del proceso y en asegurar que el retorno es viable y seguro. De nada vale la reparación y la restitución si no se pueden disfrutar en vida. 

¿Qué tanta autonomía tiene realmente el gobierno para poner el país en la senda en la que cree?

No tiene toda la autonomía, pero tiene la posición de liderazgo y ejecución más privilegiada. El gobierno no puede hacer todo lo que quiere, pero nadie puede hacer y movilizar más que el gobierno.

¿Qué tanto poder tiene la sociedad civil para cambiar esa dirección.

Las urnas son el lugar donde la sociedad civil tiene mayor capacidad para cambiar la dirección de su gobierno, entre elecciones lo que puede hacer es facilitar el rumbo o controlarlo.  

Ahora que se fue del país y que lo ve desde lejos, ¿cómo evalúa el cubrimiento informativo de los medios aquí? De qué cree que deberíamos estar hablando y no lo hacemos?

Los medios, en particular los nacionales, deberían operar como si siempre fuera año de elecciones locales. En elecciones definen equipos especiales, hacen más investigación en campo, mejor reportería, mayor seguimiento, mejor enlace con los medios regionales, le restan tiempo al entretenimiento para darle más a los protagonistas locales. Ese debería ser el tipo de cubrimiento permanente de los medios con respecto a las regiones.  

 

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