Donar

Otramérica es posible gracias a tu aporte solidario

personajes Diálogo sobre el proceso de paz

Petras: “No hay garantías de que el Gobierno de Colombia cumpla lo que firme”

domingo 09 de marzo de 2014 Sara Leukos ha conversado con el profesor James Petras sobre la Colombia que hoy celebra elecciones al Congreso y que mantiene una tensión entre las negociaciones de Paz de La Habana y las inmensas movilizaciones populares que reclaman la paz con justicia social. Los elementos de la ecuación que puede lograr una democratización real del país son muchos, Petras, en este diálogo, los va desgranando.

Por Sara Leukos

Sara Leukos- Profesor Petras-¿Cree usted, que se puede viabilizar un Proceso de Paz con los movimientos insurgentes mientras no haya un desmonte institucional del paramilitarismo? ¿Cuándo existe una relación de poder y una relación de la propiedad privada en el país?

James Petras- El problema está en que el poder no está en manos del Estado. El  hecho que controle la propiedad no significa que lo haga con todos los recursos que pueden ser considerados calcular como elementos de poder. Eso es decisivo. El hecho es que la insurgencia y las fuerzas populares tienen un gran número de simpatizantes entre campesinos, obreros, o grupos de derechos humanos y estas colectividades son mayoritarias. El gobierno habla de mayoría porque tiene gran respaldo económico, de las empresas, tienen respaldo militar, pero no controla a la ciudadanía. No controla a las fuerzas vivas, podríamos decir, de los pequeños y medianos  propietarios que son perjudicados por el Tratado de Libre Comercio [con Estados Unidos]. Más que nada, el proyecto actual de [Juan Manuel] Santos es desarrollar el sector minero, pero eso no puede ocurrir mientras los insurgentes controlan los territorios donde están ubicados los metales, las fuentes de energías, etcétera. Necesariamente, para cumplir esa tarea de abrir nuevas fuentes de exportación necesita conseguir la paz. Ningún inversionista va a canalizar miles de millones cuando todos los días están en peligro sus inversiones.

No podemos considerar que es una negociación totalmente asimétrica. Creo que los insurgentes están y coinciden mucho con los programas de los movimientos populares, de la Marcha Patriótica y de otras organizaciones. Entonces, si  ampliamos la visión e incluimos a los movimientos de masa ya  los insurgentes frente al gobierno, podríamos decir que hay un grado de proporcionalidad en las negociaciones. El gobierno no puede imponer un contrato unilateralmente, eso simplemente  llevaría a un fracaso y con el fracaso volvería toda a una seria de conflictos que ponen en cuestión el modelo entero del gobierno actual.

Sara Leukos: Una de las situaciones más complejas, son las intersecciones ilegales por parte de las fuerzas militares con los negociadores de la paz en La Habana. Las fuerzas militares colombianas se presentan como una red de corrupción conformada por altos oficiales implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales (los llamados “falsos positivos”), contratos y partidas económicas asignadas hacia los militares, prebendas de orden jurídico. Se ha comprobado la relación que las Fuerzas Militares tienen con grupos de  paramilitares. El gobierno, por un lado, habla de paz y, de otro lado, institucionaliza el paramilitarismo. Actualmente, las Fuerzas Militares están comprometidas en el caso Andrómeda de las interceptaciones ilegales, que ha dificultado el Proceso de Paz…

¿Cómo ve usted que el gobierno de Santos no haya podido permear la estructura de sus Fuerzas Militares, de los paramilitares y militares implicados en interceptaciones ilegales?

James Petras- El hecho es que todo proceso de paz, de negociaciones por parte del  gobierno, depende de dos cosas: primero, de la capacidad de controlar el conjunto de fuerzas; segundo, de las diversas conceciones que tienen las fuerzas aglutinadas con el gobierno de cómo conseguir la paz, incluyendo  una guerra permanente y  más violenta o tanto  como la impulsada por Álvaro Uribe Vélez. El  gobierno depende de estas fuerzas para sostener una posición fuerte de negociación. El problema es que Santos trata de hacer un doble juego aquí: poner una cara negociadora, conciliadora y, al tiempo, caminar en una cuerda floja tratando con sus aliados militaristas y para-militaristas y esto se ve en un tira y  afloja de todo lo que está pasando.

El gran tema para mí es que aunque se acordaran los cincos puntos [de la agenda de La habana], aunque el gobierno firme un documento, no hay ninguna garantía  ni forma independiente de verificar que el gobierno vaya a cumplir. Esto ya lo vimos con la Unión Patriótica (UP): se firmaron documentos, lanzaron una campaña y después liquidaron a hasta 4.000 mil activistas, líderes y candidatos. Este me parece uno de los asuntos más precarios. Debemos reconocer que las FARC está tratando de conseguir una paz pero, al mismo tiempo, tienen que garantizar y guardar la espalda y no solo ellos, sino todos los activistas que empiezan a tomar posiciones y que enfrentan cada día amenazas y, actualmente, asesinatos. Debemos tomar en cuenta que es un camino muy peligroso.

 

Estados Unidos y el proceso de Paz 

James Petras: Ahora, más allá de eso, el gobierno de Estado Unidos quiere  firmar un acuerdo estilo centroamericano, donde el FMLN [de El Salvador] y los otros grupos firmaron acuerdos que sacrificaron todas las luchas populares para conseguir puestos en el Parlamento, tener acceso a los procesos electorales, y algún grado de seguridad. Yo no sé si en Colombia es posible llegar a estos parámetros. Creo que es más difícil porque en Colombia la oligarquía nunca aceptó ningún pacto político hasta ahora, más allá del pacto bipartidista. Finalmente, quiero decir lo que enfrenta las FARC es una enorme tarea que es la de pacificar el país con cualquier acuerdo se puede realizar. Desmilitarizar para mí es una condición prioritaria para permitir el libre juego de la democracia. Los negociadores con la insurgencia entienden que a partir del pacto no van a caminar hacia una economía socializante y mucho menos socialista, pero sí saben que hay que permitir condiciones para desarrollar movimientos populares y generar las condiciones de negociación para avanzar hacia un estado de bienestar más justo. Pero si las condiciones no existen después del pacto para desarrollar los movimientos de masa, para avanzar en  el proceso de construir nuevos espacios, yo  creo que todo va a terminar en un fracaso.

Sara Leukos- Las organizaciones sociales han venido luchando por sus derechos y contra un régimen sustentado por la oligarquía, contra las instituciones que han  perpetuado la corrupción bajo la presencia de grupos de mafias en la salud, donde hay representantes políticos aliados con paramilitares, afirmando el despojo y la usurpación de tierras por mucho tiempo, con las multinacionales haciendo presencia en los  diversos territorios. Hay una negociación en La Habana con las FARC-EP, pero hay una brecha respecto a lo que está pasando en Colombia. Existe un acompañamiento de la Marcha patriótica y de otras organizaciones sociales, pero sigue la guerra, se sigie asesinando a líderes que defienden las tierras, se siguen violando los derechos humanos a todos los niveles, amenazando a los indígenas, a los líderes campesinos, a los defensores de derechos humanos,  incluyendo periodistas de medios alternativos…

¿Será que para un proceso de Paz como lo plantea  el presidente Santos,  tiene que haber aún más estela de muerte en Colombia?

James Petras- Es evidente que el Proceso de Paz en la Habana debe tomar en cuenta lo que está pasando en Colombia. Hace tiempo que los insurgentes han denunciado las atrocidades que enumeraste y ¡mucho más!  

El dilema es si ellos deben terminar las negociaciones porque el gobierno sigue violando los derechos humanos en Colombia o si deben continuar presionando para cambiar las condiciones a partir de las conversaciones en La Habana.

Yo creo  que los  insurgentes han optado por lo segundo. No quieren romper las relaciones porque sigan matando en Colombia los sectores oficialistas y creo que la táctica, la  forma de progresar, es seguir presionando y buscando algunas garantías. No creo que las negociaciones puedan terminar con la corrupción, mucho menos en áreas como la salud u otros contextos. Lo que si pueden conseguir es el derecho de organizarse y luchar contra esa corrupción una vez el nuevo marco político este establecido. Las multinacionales no van a desaparecer a  partir de las negociaciones, pero si puede reforzarse la capacidad de los sindicatos y de los movimientos nacionales de organizar y presionar para lograr nuevas legislaciones, nuevas condiciones para tratar con las multinacionales. El problema clave es este: lograr que los derechos colectivos, lo derechos democráticos y sociales estén garantizados para que en el periodo postnegociación todas las fuerzas populares estén en condiciones de cambiar y limpiar el país de la corrupción  y de la dominación imperial.

Sara Leukos- El tema de las drogas en Colombia está  muy acentuado. Se evidenció tiempo cuando las fumigaciones aéreas por parte del Estado, acarrearon más problemas al interior de los territorios, afectando a la población campesina,  indígena y afro, especialmente en la aonadel Pacifico. En esta ruta, hoy día se identifica la presencia activa de grupos paramilitares (los Urabeños  y los Rastrojos) dado su carácter estratégico para la comercialización de la droga. ¿Qué nos podría decir sobre este aspecto?

James Petras- Hay que mirar de dónde salen las ganancias del  tráfico de drogas. El  90 por ciento de lo que ganan los involucrados en la droga va a los bancos. Los bancos en Estados Unidos están lavando el dinero de los grandes narcotraficantes vinculados con empresas respetables. Hay muchas empresas que reciben  esas inversiones de los grandes capos del  narcotráfico, también en Estados Unidos,  y hemos visto siempre al City Bank y a otros bancos que están lavando miles y miles de dólares, cientos de millones de dólares cada año.

Para actuar sobre el problema de las drogas la primera cosa es intervenir los bancos a partir de audiencias y castigos, no simples multas, porque siempre se plantean multas millonarias, pero no sirven para nada. El segundo punto es que los insurgentes han planteado  una  forma de terminar con la  producción  a partir de una agricultura alternativa. Me  parecen bastante razonables los 5 puntos que plantean pero hay un gran problema: el gobierno de Santos está pactando con Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio (TLC) que va a facilitar la entrada de  alimentos subvencionados por parte del gobierno norteamericano y destruir cualquier producto de Colombia.

De una forma u otra, para desarrollar cultivos alternativos de arroz, maíz u otros cultivos tradicionales tienes que proteger el mercado interno para que los pequeños productores  tengan  capacidad de sembrar, cosechar y  mercantilizar. Pero, sí el gobierno, por un lado dice “sí vamos a  fomentar  el desarrollo de cultivos alternativos” y, al mismo tiempo, permite la entrada a gran escala de importaciones alimentarias norteamericanas, entonces no hay ninguna salida para destruir la producción de la hoja de coca. Si no se protegen los pequeños cultivos de alimentos, una vez que cualquier agricultor encuentre demasiada competencia, bajos precios y mercados capturados va a volver a plantar la coca, racionalmente  va hacer un cálculo de dónde tiene beneficios y pérdidas. Los beneficios van a estar en el mercado no competitivo que es la coca. Aquí tenemos otra vez las contradicciones: Santos habla de producción alternativa, pero está perjudicando las condiciones económicas que permiten esta propuesta.

Sara Leukos. Entre  los años 1986-90, aproximadamente, a los campesinos de la zona del San José del Guaviare el estado les implementó un modelo de   sustitución de cultivos [de coca] y empezaron a cultivar maíz y otros cultivos alternativos. Los campesinos no tuvieron cómo transportarlo, no había una infraestructura vial, lo cual hizo que se perdieran las cosechas por falta de una estrategia de producción para hacer una efectiva comercialización. El modelo fracasó fomentando más problemas de orden social. No hay un planteamiento ni una propuesta efectiva, clara y de concertación con los campesinos de parte del gobierno para la erradicación de cultivos de la hoja de coca.

De otro lado, con la política internacional que sostiene el presidente Santos, con los acuerdos del TLC generados con diversos países como Canadá, Estados Unidos o Corea del Sur y otras concesiones de orden económico y político en el territorio, lo que ha hecho es llevar a los pequeños productores y campesinos a la bancarrota y a la miseria. Ante esto, los movimientos de resistencia agroalimentaria se reafirman contra el modelo capitalista, el cual está afectando a la economía del país. Esto por hacer una anotación que me parece concordante con lo que usted expresa.

 

Comicios

En ciertas zonas, como Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca o Valle del Cauca, existe una red de paramilitarismo que está controlando localidades de cara a las elecciones del 9 de marzo [2014] al Congreso. Este es un punto crítico, en Colombia hay 61 parlamentarios condenados por paramilitarismo  y otros  67 que han sido objeto de investigación judicial. Es decir, 128 congresistas han estado bajo la lupa de la justicia por haberse aliado con grupo de paramilitares. Realmente, en este régimen político, el Congreso está muy desprestigiado por  los nexos con los paramilitares y en medio de este contexto existe una pequeña minoría de progresistas por alcanzar una representatividad en el congreso..

Sara Leukos- ¿Cree usted que existen condiciones para que las fuerzas progresista  participen de  los comicios del 9 de marzo?

James Petras- Bueno, depende  de las áreas. Donde los  paramilitares dominan y  ponen las condiciones para las elecciones, estas no tienen legitimidad. No se puede considerar parte de un proceso democrático representativo… Los resultados de las elecciones en regiones donde hay terrorismo, no tienen ningún status político legal. Pero en otros lados, en las grandes ciudades como Bogotá, los electores, los sectores populares, el Partido Comunista  y otros van  a presentar candidatos y tienen posibilidad de hacer  propaganda y ganar… Creo que  debemos distinguir entre esos dos casos para que no tomemos posiciones generalizadas y descalificantes de  las fuerzas progresistas que están optando por el camino electoral.

Pero, en todo caso, el Congreso en su conjunto no puede ser legítimo si los partidos consiguen mayoría en el congreso a partir del voto de las regiones terroristas. Debemos especificar y decir  las razones por las que el Congreso no tiene legitimidad y mucho menos la legislación que de él emana; debemos  cuestionar  lo que está pensando en hacer el gobierno a partir de las nuevas elecciones. No podemos esconder lo que sucede con los procesos electorales  donde  hay terrorismo  y paramilitares. Es un error hablar simplemente de situaciones nacionales cuando hay bastantes  diferencias  de las condiciones legales entre una Bogotá y las regiones  paramilitarizadas. Cuando en un país hay cualquier nivel de violencia y represión como en las regiones paramilitaristas,  no se puede decir que las elecciones son válidas.

Sara Leukos - En estos momentos  algunos  representantes   progresistas  están amenazados por paramilitares. El Consejo Electoral Nacional (CEN) no  ofrece garantías de inversión para la campaña electoral. Es el caso de la señora Ayda Abella de la  Unión Patriótica (UP), a la que por ley le corresponde esa inversión.  Hay  una  desigualdad enorme, las instituciones del Estado no están garantizando un escenario democrático, ni de garantías legislativas. Es una  situación compleja,  no hay garantías para los representantes progresistas. Ante esto, hay un sector que propone el voto en blanco…

James Petras- El voto en blanco depende  de las situaciones  de cada grupo, de cada  partido,  de cada región. El voto en blanco puede servir en los lugares de condiciones factibles si  hay paramilitarismo; pero si hay  millones de votantes que  van a las urnas, incluso en condiciones difíciles en grandes ciudades, yo no creo que el voto en blanco  pueda ser la mejor opción.

 

Un camino hacia el Proceso de Paz

Sara Leukos. Para finalizar, ¿Cómo ve usted  el  horizonte, unos puntos clave  para el proceso de Paz en Colombia?

Petras: Yo creo que en la medida de que durante el proceso de paz los movimientos populares empiezan a masificar la lucha y penetrar en toda la sociedad civil con mensaje de paz a partir de la justicia social, pueden influir sobre todo en los  grupos  moderados, como los de centro izquierda; pueden influir hacia la democratización del país, el fin del militarismo y el paramilitarismo es la precondición para el avance democrático, para garantizar un proceso de transformación social. En este momento, hay un balance de poder que todavía está  evolucionando, que no es estático. El hecho de que el gobierno se aya visto forzado a entrar en negociaciones es porque siente que hay proyectos sobre la mesa y hay que aprovechar esta situación para que el pueblo colombiano pueda conseguir concesiones. No va a conseguir una transformación a partir de las negociaciones,  pero sí debe conseguir  un cambio en el ambiente de las estructuras políticas ilegales, para que ellos puedan tomar la iniciativa y construir las fortalezas en la sociedad civil. No tengo demasiado optimismo pero creo en el camino de luchar y negociar, esa es la mejor forma de avanzar  en el proceso  en Colombia.

Sara Leukos…y que sigan los  movimientos sociales acompañado  ese proceso de Paz.

Petras: Hace 50 años que estoy apoyando este proceso de las luchas  en Colombia. La primera visita, en el año 1965, estuve con  López [Michelsen], él estaba muy confundido en esa época sobre lo que estaba pasando y se enojó cuando le empecé a preguntar  sobre el desarrollo en Marquetalia, él empezó  a gritar en la conversación, se puso rojo -“Vos que hablas de Marquetalia cuando el  Partido Liberal es la principal fuerza en el país”,  pero yo le dije a  él: “Has olvidado la otra mitad del país que viven en el campo”.

Ir arriba

¿Qué puedes hacer en Otramérica?

×