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47 veces NO

martes 16 de junio de 2015 Los movimientos campesinos mantienen la resistencia frente a un megaproyecto de canal interoceánico al que se teme tanto como poco se sabe de él. La tensión entre el Gobierno de Daniel Ortega y las poblaciones afectadas no deja de aumentar.

Por Equipo Otramérica

Este domingo se puedo vivir una masiva manifestación. Era la número 47 desde que el Gobierno  de Daniel Ortega y la extraña empresa china HKND Group anunciaran el inicio del proyecto de Canal Interoceánico aprovechando el Gran Lago Nicaragua (Cocibolca). Unos 10.000 campesinos llegaron hasta  Juigalpa (Capital de Chontales y a 139 kilómetros de Managua) convocadas por la Consejo General en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. Quizá, como dijo días antes la autoridad del Canal, Manuel Coronel Kautz, “gente sin educación”; entre ellos, algunos indígenas que, en palabras de Coronel, “ni saben que es un contrato serio, no han visto ni un dólar”.

O quizá se trataba de campesinos indignados por las mentiras y el oscurantismo que rodean a un proyecto del que no se conoce aún el Estudio de Impacto Ambiental, ni las líneas de financiación para afrontar los 50.000 millones de dólares en los que está valorado. Gente, como Norman Zeledón, que sólo tiene claro que “a la población la está marginando y la está amenazando con expropiarla de sus tierras y destruir el lago. La lucha es algo que tiene que continuar”.

Las expropiaciones y los daños ambientales al lago son los dos pilares sobre los que se sostiene esta resistencia que no se ha amilanado a pesar de la criminalización del movimiento desde el Gobierno o ante la represión vivida el pasado diciembre, cuando más de 30 campesinos fueron detenidos durante días por participar en un corte de carretera.

El Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por la británica ERM, ya fue entregado al Ejecutivo, pero está bajo siete llaves. Pedro Álvarez, decano de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Rice, asistió a una presentación de ERM en Miami y tras escuchar a los consultores, indicó a El Confidencial que "los estudios están incompletos, lo que han hecho es más bien una línea de base, los datos son escasos y de baja calidad, y no permiten elaborar modelos que proyecten los impactos específicos de la obra" .

Si el aspecto ambiental es grave, más preocupa el nivel de criminalización de las protestas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en la presentación de su último informe a final de mayo, señalaba que “en 2014 el deterioro de los derechos humanos nos mostró el elevado costo que para los derechos ha tenido la consolidación de un modelo económico excluyente y de un modelo político de corte dictatorial. El cual ha significado un marcado deterioro no sólo de los derechos humanos, sino también de los recursos naturales con concesiones inconsultas a empresas transnacionales. Asimismo, destacó el impacto en los derecho humanos por la implementación del  proyecto canalero que además de no ser  consultado y violentar el marco jurídico interno representa una potencial amenaza a los modos de vida de la población y  a su derecho a la participación, a la información, a la propiedad, al agua y de manera global a los derechos económicos, sociales y culturales de la población”.

En el otro lado, desde el Gobierno de Managua, Coronal Kautz se refirió a los miles de campesinos e indígenas ramas que se oponen al proyecto explicando a periodistas alemanes que “esa es gente sin educación, saben poco, tienen su propia cultura, no tienen una cultura universal, y por eso les parece [lo del canal] extraño”.

Lo extraño, hasta ahora, es todo lo que tiene que ver con el Canal. Desde el empresario chino que se ha aliado con Ortega y compañía, Wang Jing, hasta el esquema de expropiaciones, pasando por la falta de experiencia y de financiación de la empresa impulsora a la que se le ha concedido un cheque en blanco sobre el territorio y sobre el lago Cocibolca, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica.

 

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