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Anaya: Proyectos extractivos socavan la libre determinación de los pueblos indígenas

miércoles 21 de septiembre de 2011 La principal amenaza a los derechos pueblos originarios en este momento es la de los proyectos extractivos y los grandes proyectos de ‘desarrollo’. Así de claro lo deja el Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, en el informe que presentó ayer martes 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos.

"Hay una escalada de la violencia de gobiernos y fuerzas de seguridad privadas en el contexto de las operaciones extractivas en territorios indígenas, dirigida principalmente contra los dirigentes"

Por Paco Gómez Nadal

Es difícil que la Organización de Naciones Unidas sea contundente. Su dependencia de los propios Estados, la tradición ‘diplomática’, su déficit democrático (véase el funcionamiento del Consejo de Seguridad) y los difíciles equilibrios de poder hacen que sus funcionarios sean cauteloso en extremo. Quizá por eso, James Anaya, el Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha utilizado una estrategia indirecta para señalar el terrible impacto de los megaproyectos económicos (denominados por él como “de desarrollo”) y de las empresas extractivas (minería, petróleo, gas o hidroeléctricas) sobre los pueblos indígenas del planeta. La técnica ha consistido en un cuestionario enviado a Gobiernos, empresas privadas y organizaciones indígenas para que sea su voz la que resuma la situación.

Y en base a ese cuestionario se articula la parte con más 'carne' de su informe anual, presentado ayer martes 20 de septiembre en Ginebra en el XVIII periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En una de sus conclusiones, Anaya afirma: “Sobre la base de la experiencia obtenida durante el primer período de su mandato, el Relator Especial ha alcanzado la convicción de que los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo. En su forma prevaleciente, el modelo de extracción de recursos naturales en los territorios indígenas parece socavar la libre determinación de los pueblos indígenas en las esferas política, social y económica”.

 

La responsabilidad estatal

De las respuestas recibidas al “cuestionario” el Relator infiere que “subsisten concepciones contrapuestas o vagas sobre el alcance y contenido de los derechos de los pueblos indígenas y sobre el grado y la naturaleza de la responsabilidad del Estado para asegurar la protección de esos derechos en el contexto de las operaciones de extracción”. Y es que el informe de la ONU le da muy duro a los Estados. No por capricho. Tal y como recuerda, “el Estado tiene la responsabilidad jurídica internacional última de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos”. La percepción que tiene Anaya, en base a las respuestas de empresas, indígenas y de los propios Gobiernos, es que la violación de los derechos de los pueblos indígenas se produce ante la pasividad de los Estados, que prefieren “inhibirse (…) y actúan como simples reguladores”.

"El modelo de extracción de recursos naturales en los territorios indígenas parece socavar la libre determinación de los pueblos indígenas en las esferas política, social y económica"

Falta de consulta previa, libre y vinculante; permanente irrespeto de la Convención 169 de la OIT que muchos Estados de América Latina y El Caribe han suscrito (ver documento adjunto); estallido y escalada de los conflictos y radicalización posterior de posiciones; falta de entendimiento, y “perspectivas divergentes” sobre la incidencia y el valor de los beneficios aportados por las industrias extractivas son algunos de los hechos y situaciones que relata el informe.

También se señala el problema de la ambigüedad en la demarcación y reconocimiento de los territorios indígenas lo que permite, entre otras cosas, el abuso contra pueblos originarios que no han logrado aún un estatus legal para sus territorios que proteja sus derechos políticos, ambientales y culturales. Los proyectos extractivos “ponen en peligro”, además, “la supervivencia de los grupos indígenas como culturas diferenciadas que están unidas de modo inextricable a los territorios donde habitan tradicionalmente”.

En las 22 páginas dedicadas a las industrias de extracción de recursos naturales también se menciona el uso de la violencia por parte de Gobiernos y empresas, así como los constatados daños ambientales irreparables que conllevan la pérdida de salud de las comunidades (cuyo vínculo con la naturaleza es mucho más profundo que el de los occidentales).

 

Los casos particulares: Chile, Costa Rica, México y Surinam

El informe de Anaya incluye un minucioso, y diplomático, recuento de sus actividades como Relator y de los casos específicos en los que ha visitado zonas del mundo donde los derechos de los pueblos indígenas están amenazados. En el caso de América Latina y El Caribe, entre agosto de 2010 y julio de 2011, el relator se dedicó con especial atención a los casos de los mapuches detenidos bajo la ley antiterrorista y a los desalojos violentos de los Rapa Nui de la Isla de Pascua (Chile); al caso de los Térraba de Costa Rica y al impacto del proyecto de hidroeléctrica de El Diquís; a las concesiones mineras en la región de Wirikuta, Real del Catorce y San Luis Potosí en México, que afecta a los lugares sagrados del pueblo Wixárika (huichol), y visitó Surinam para constatar las amenazas de la minería a los pueblos originarios y a los cimarrones (a los que consideras que hay que tratar dentro del marco del Convenio 169 de la OIT, no suscrito por el Estado) y cómo no hay un  marco jurídico que proteja los territorios tradicionales. En realidad, en casi ninguno de ellos se puede apreciar un avance real a favor de los pueblos indígenas más allá del tira y afloja semántico.

También anuncia visitas en 2012 a Panamá y a El Salvador.

En sus conclusiones y recomendaciones, el relator pide más apoyo a su misión por parte del Consejo de Derechos Humanos y una ampliación de su mandato para incluir el asunto de las empresas extractivas y así poder presentar unas recomendaciones más precisas al respecto en 2013.

 

Críticas y autodeterminación

Sin embargo, el informe apunta el problema pero evita pronunciarse de forma contundente o, lo que sería más importante, declarar sin ambages el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre su futuro. Lo expresa con claridad el profesor Cathal Doyle en “una investigación sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en el sector de las industrias extractivas” citada por Bartolomé Clavero en un artículo muy crítico a forma de despedida del tibio relator especial para derechos humanos y empresas transnacionales de la ONU.

Doyle critica fuertemente a James Anaya, al que sitúa en una posición intermedia entre las posiciones más empresariales y las enfocadas a los derechos humanos y del que cuestiona que no acepte que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) de la ONU de 2007 da un paso adelante en el reconocimiento al derecho a la libre autodeterminación.

"La posicion del relator sustrae de los pueblos indígenas decisiones realmente vitales aunque sean sus derechos más vitales los que se pretendan defender"

Escribe Clavero: “Los efectos de una posición como la del actual Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son para Doyle perversos pues sustraen de los pueblos indígenas decisiones realmente vitales aunque sean sus derechos más vitales los que se pretendan defender: “Una interpretación de la Declaración que admite casos de derogación del requisito de obtención del consentimiento puede hacer que la carga de la prueba recaiga, no en los Estados, sino en los pueblos indígenas de modo que resulta incompatible con el espíritu y el propósito de la Declaración”. Y el papel indígena sería el de aportar pruebas, no el de adoptar decisiones. Tanto daría, cabe añadir, que la apreciación de la necesidad de consentimiento en el caso concreto, por afectación a derechos vitales, se remitiese a instancias internacionales puesto que de igual modo se atentaría contra el derecho indígena a la libre determinación. Justamente, Doyle entiende que la DDPI fundamenta el consentimiento previo, libre e informado en el derecho del pueblo indígena a la libre determinación. Ahí se basa su interpretación sistemática del instrumento”.

 

 

 

 

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