Donar

Otramérica es posible gracias a tu aporte solidario

radar Tumaco

Asalto armado al Pacífico colombiano

jueves 23 de agosto de 2012 En el Pacífico colombiano, la crisis ministerial abierta por el presidente Juan Manuel Santos o el mediático caso Colmenares son rarezas. La realidad es brutal. En Tumaco (Nariño) se contabilizan 149 asesinatos en lo que va de año y ahora se vive una crisis humanitaria grave después de 13 días sin luz eléctrica y el confinamiento de muchas comunidades rodeadas de campos minados. La otra Colombia es esta Colombia.

Imagen de una de las explosiones de minas antipersonas en Barbacoas.

Imagen de una de las explosiones de minas antipersonas en Barbacoas. Foto cortesía de Defensa Civil.

“Hace 10 años que hay un amplio sector de barrios y veredas que están bajo dominio de grupos armados ilegales, eso sigue"

Por Equipo Otramérica / Varias fuentes

Ha sido la Diócesis de Tumaco la que ha prendido las alarmas de esta situación ignorada en Colombia, solenciada por los medios de comunicación, insignificante para un Gobierno enredado en el rejuego político y en el enfrentamiento con el ex presidente Álvaro Uribe.

Entre el 10 y el 18 de agosto fueron voladas ocho torres de energía y estas acciones han dejado sin electricidad a cuatro municipios: Tumaco, Magüí, Roberto Payán y Barbacoas. Si esta zona del Pacífico colombiano ya tiene problemas serios en el servicio de salud y educación, los 13 días sin energía eléctrica han dificultado más aún la vida de los 250.000 pobladores de estos cuatro municipios.

Además, y según denuncia la Diócesis, “en los campos minados sembrados alrededor de las torres derribadas en el Resguardo Indígena Awá Inda Sabaleta perdieron la vida cuatro personas civiles y un militar; unas siete personas quedaron gravemente heridas. Los trabajos de reparación de las torres tuvieron que ser suspendidos por falta de seguridad durante varios días y dos comunidades indígenas Awá, Pilvicito y Nortal, quedaron confinadas por el peligro de campos minados”.

De hecho, este pasado domingo, el defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez, solicitó a las autoridades atender la emergencia humanitaria en el Resguardo Indígena Inda Sabaleta en el por presencia de minas antipersona y atentados contra dos torres de energía eléctrica. No hay respuesta hasta ahora.

Una fuente de la Diócesis aseguró ayer miércoles que “hace 10 años que hay un amplio sector de barrios y veredas que están bajo dominio de grupos armados ilegales, eso sigue. En la carretera desde Tumaco, entre junio y julio, se han registrado unos 25 asesinatos. Este año tengo el dato oficial de 149 muertes violentas”. Sólo en agosto, hay registros de 14 personas asesinadas.

 

Emergencia sanitaria

“El bombeo de agua en la ciudad de Tumaco colapsó, se declaró la emergencia sanitaria en el sistema hospitalario, los centros educativos suspendieron clases y se adelantaron las vacaciones de octubre. Los precios de la canasta familiar aumentaron”, continúa el relato de la Diócesis.

Para los denunciantes, la situación de estos municipios es la punta de iceberg de la grave “situación de conflicto armado y violencia” que vive la región. Recuerdan también  que se ha producido “la voladura de varios tramos del oleoducto Transandino (el día 9 de agosto un tramo en el municipio de Mallama; en la noche del 18 al 19 de agosto un tramo en el Km 96 de la carretera Tumaco-Pasto y otro tramo en la vereda Ensillada, municipio de Ricaurte), causando la contaminación de los ríos Güisa, Guelmambí, Ispí y Saundé, que bañan los municipios de Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco”.

A la crisis energética y a los asesinatos hay que sumar el desplazamiento forzado de un número indefinido –pero grande- de pobladores, la extorsión a pequeños y grandes comerciantes, así como la permanente acción con artefactos explosivos contra instalaciones de la fuerza publica por parte de actores armados (el último el 17 de agosto).

Las comunidades, a través de la Diócesis, recuerdan a todos los actores armados ilegales que “por la lucha por el control territorial y de la economía ilegal mantienen cautivos a barrios y comunidades enteras” y les piden que “respeten la convivencia del diario vivir de las comunidades de la Costa Pacífica Nariñense, que no involucren a la población civil y, sobre todo, que respeten la vida”.  Al Gobierno le recuerdan que esta prolongada crisis social no se puede solucionar con “respuestas bélicas” sino con desarrollo sostenible y comunitario.

La situación en el Pacífico colombiano vive una degradación progresiva desde hace demasiados años. En el informe Que nadie diga que no pasa nada, de 2011, se detalla el escenario de violencia estructural y los intereses económicos que explican la grave situación de violencia y exclusión. Esta no parece ser una urgencia para las autoridades en Bogotá.

Ir arriba

Asalto armado al Pacífico colombiano

×

¿Qué puedes hacer en Otramérica?

×