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Colombia trágica, el cementerio de los Derechos Humanos

sábado 04 de junio de 2011 Al final de los 8 años de la administración de Álvaro Uribe se hablaba del postconflicto en Colombia, y Europa se frotaba las manos ante los negocios en el país. Llegaba Juan Manuel Santos, más elegante que su antecesor, con buenas palabras. 300 días después, las organizaciones de DDHH hacen balance y las mentiras se deshacen entre los hechos.

El descubrimiento de fosas comunes como la de La Candelaria ha puesto al descubierto una realidad dramática.

El descubrimiento de fosas comunes como la de La Candelaria ha puesto al descubierto una realidad dramática.

Defensores de DDHH, líderes campesinos, indígenas y sindicalistas asesinados, miles de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales. Colombia no parece el país promisorio que se ha tratado de vender.

Por Paco Gómez Nadal

Juan Manuel Santos  es elegante, moderado… un perfil clásico de la cosmopolita burguesía bogotana. Y su Gobierno, desde agosto de 2010, se ha empeñado en "desarmar la palabra” para rebajar el tono militarista y retador de su antecesor, y mentor, Álvaro Uribe. Según un centenar de organizaciones españolas (con el apoyo de varias redes europeas) esto no ha sido suficiente para mejorar la situación de los Derechos Humanos en Colombia.

En un balance documentado de los 300 primeros días de Gobierno de Santos, en relación al respeto de los DDHH casi nada sale bien. Entre julio de 2010 y abril de 2011 han sido asesinados 34 defensores o defensoras de Derechos Humanos y otros 206 han recibido algún tipo de agresión. 127 organizaciones sociales o de DDHH se han visto hostigadas y han sido asesinados 15 líderes de varios departamentos que luchaban por la restitución de las tierras robadas por los agentes del conflicto.

El balance de Colombia no es promisorio. Hace poco, Juan Manuel Santos visitaba España y hablaba ante los medios de su país como un lugar atractivo para la inversión extranjera, donde se respetan los Derechos Humanos. Pero durante su gobierno se han registrado, al menos, 29 ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad del Estado, el asesinato de 24 líderes sindicales, agresiones graves a otros 233, el asesinato de 122 indígenas y miles de desplazados (solo en el primer trimestre de 2011 Acción Social registra 36.000, sin tener en cuenta el alto subregistro en casos de desplazamiento forzado).

El conflicto sigue enquistado y las cifras demuestran que siguen siendo campesinos, indígenas, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos los que pagan la mayor factura. Si hace unos días Santos presumía de haber matado, detenido o desmovilizado a 3.170 guerrilleros, miembros de bandas o narcotraficantes (el término paramilitar ha sido borrado del lenguaje oficial desde el falso proceso de paz iniciado por Uribe con este ejército paralelo), no recordaba que según El Tiempo hay como mínimo 7.000 hombres armados en las denominadas Bacrim (Bandas Criminales), la segunda versión de los grupos paramilitares. Según el informe de las ONG europeas, “es importante señalar que estos grupos, que el gobierno quiere mostrar como delincuentes comunes y redes del narcotráfico, están formados al menos en un cincuenta por ciento por mandos medios e importantes jefes paramilitares que nunca se desmovilizaron, y que siguen teniendo vínculos con el poder político y la fuerza pública. Prueba de estos vínculos son los 350 militares  retirados por el Ejército por supuesta connivencia con estos grupos, los 888 policías investigados por supuestos nexos o las más de 1.300 denuncias contra jueces y fiscales por supuestas decisiones a favor de estos grupos”.

El acumulado colombiano es de infarto. Casi 5 millones de desplazados según la prestigiosa organización CODHES y 57.200 desaparecidos según el registro Nacional de Desaparecidos, cifra que supera con creces las del nefasto periodo dictatorial del Cono Sur. La Fiscalía colombiana tiene registrados y documentados, al menos, 26.500 desaparecidos forzados y en los últimos 3 años ya suma 1.130 casos. Además, un completo informe de Oxfam Internacional señala que entre 2000 y 2009 se ha podido documentar que 489.687 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado... la violación como arma de guerra.

Quizá por eso, una diferencia semántica (y política) entre Santos y Uribe es que el primero sí reconoce que hay un conflicto armado en Colombia. Eso sí, explicó recientemente que es imprescindible hacerlo para poder seguir haciendo la guerra. “Lo que quiero que entiendan es que si decimos que no hay un conflicto armado interno se restringe la capacidad de operación de nuestras Fuerzas [Armadas], y el presidente Uribe y quien fue su Ministro de Defensa, hoy Presidente de la República, este servidor de ustedes, y los señores comandantes, nos vamos directo a la cárcel”, explicó Santos.

Las organizaciones que han denunciado este estado de los hechos insisten en su comunicado público (ver íntegro en En Relación) en que “ante la gravedad de estos hechos, queda demostrado que, además de palabras, son necesarios hechos concretos y verdadera voluntad política para avanzar en su erradicación. Por lo tanto, las organizaciones firmantes solicitan a la Comunidad Internacional, y concretamente al Gobierno Español, que presione al Estado Colombiano para que garantice de manera  íntegra y efectiva el cumplimento de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad”. 

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