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Ecuador: cambio indígenas por petróleo

viernes 15 de julio de 2011 La licitación del bloque petrolero de Armadillo puede llevar a la extinción a dos de los últimos pueblos originarios libres de la Amazonía ecuatoriana. La sociedad civil pide al gobierno que recapacite y que aplique la Constitución que él mismo impulsó. Este es el caso.

El bloque de Armadillo colinda con la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane. El Ministerio de Ambiente de Ecuador habla de al menos 11 evidencias de presencia de indígenas voluntariamente aislados en la zona petrolera.

Por Equipo Otramérica

El Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) de la Secretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables del Ecuador, ha abierto el proceso de licitación para la exploración y explotación de petróleo crudo en el Bloque Armadillo, que colinda con la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, dentro del Parque Nacional Yasuní.

Esta situación es especialmente grave porque puede afectar a los dos últimos pueblos originarios voluntariamente aislados de la Amazonía ecuatoriana: los taromenane y tagaeri. Un monitoreo del propio Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador había determinado 11 indicios de presencia de estos indígenas aislados dentro y en la zona de Armadillo. [Estas dos comunidades de indígenas optaron por el aislamiento voluntario después del dramático contacto al que se vio expuesto el pueblo huaorani por parte de pastores evangélicos estadounidenses. Ahora, sus hermanos, los huaorani, son utilizados por petroleras y madereros para 'cazarlos' ]. 

Por esta razón, entre otras, organizaciones de Ecuador, como el Comité Ecuménico de Derechos Humanos, Ecuarrunari, Acción Ecológica, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) o personajes como Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, han hecho público un comunicado en el que rechazan la exploración y/o explotación del Bloque Armadillo.

En el comunicado se recuerda que el artículo 57 numeral 21 de la Constitución del Ecuador determina que “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vetada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.

Poco parece importar este hecho al ministro de Recursos No Renovables de Ecuador, Wilson Pástor, que esta semana volvía a ratificar la intención del Gobierno de incrementar la producción petrolera del país y para ello anunció la firma de contratos en noviembre para la explotación de los bloques marginales de Armadillo, Chanangne, Chanapa, Evo-ron, Ocaño-Peña Blanca y Singue. Entre todos estos puntos se calcula que hay reservas por unos 35 millones de barriles (el 3% de la actual producción nacional).

El caso de Armadillo es grave ya que en 2010 ya hubo enfrentamientos cuando la empresa Petrotesting Colombia entró en Armadillo a pesar de que el Comité Permanente de Derechos Humanos de Orellana y la Asociación de Líderes Comunitarios Red Ángel Shingri pidieron la aplicación de medidas cautelares (protección) para los tagaeri y taromenane.

Además de que desde 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya pidió medidas especiales de protección para estos pueblos originarios libres, el comunicado de la sociedad civil recuerda que el propio Ministerio de Medio Ambiente indicó n 2010 que en Armadillo  “(…) el inicio de actividades petroleras en las actuales condiciones pondría en riesgo no solo la vida y los derechos humanos de los indígenas aislados del grupo que allí habita sino también la de los trabajadores petroleros, colonos y Waorani de la zona (…)”.

Los firmantes del comunicado piden la cancelación inmediata de la licitación de Armadillo y recuerdan que “el país, de acuerdo a la Constitución del 2008, aprobada por el pueblo ecuatoriano, debe orientarse de acuerdo a los principios del Buen Vivir o Sumak Kawsay y de la Plurinacionalidad, que son el fundamento para garantizar la vida digna de todos los habitantes del país. Vida digna que no puede legitimarse provocando la muerte de ninguna persona, incluyendo los pueblos Tagaeri y Taromenane que viven aislados, hecho que atentaría, además, en contra de la Declaración de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales que ha suscrito el Ecuador y a los que el Estado debe remitirse como mandato constitucional”.

Los enfrentamientos entre sociedad civil y gobierno de Ecuador no son nuevos. El presidente, Rafael Correa, llegó a denominar de “saboteadores y terroristas” a los líderes indígenas que protestaban contra las políticas extractivas del Ejecutivo. 

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