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Ecuador juzga y utiliza a los 10 de Luluncoto

miércoles 05 de diciembre de 2012 Ecuador va a juzgar a los 10 de Luluncoto. Será el 10 de diciembre, después de casi 10 meses de prisión preventiva y de una detención plagada de irregularidades. A estos 10 jóvenes se les acusa de terrorismo. Las organizaciones de Derechos Humanos alertaron ayer sobre las violaciones del procedimiento, los daños sicológicos a los detenidos y la persecución a sus familias.

Presentación del informe de DDHH con presencia de Fadua Tapia, de azul.

Presentación del informe de DDHH con presencia de Fadua Tapia, de azul.

Por Equipo Otramérica / Varias fuentes

“El momento de la detención fue brutal. Ingresaron más de 50 policías al departamento, nos apuntaron con sus armas y nos ordenaron tirarnos al suelo boca abajo. Nos tuvieron allí durante dos horas, ni siquiera nos decían qué pasaba, de qué nos acusaban, fue muy desesperante”. Quien habla es Fadua Tapia, unas de las 10 personas detenidas el 3 de marzo de 2012 en Quito, cuando apenas arrancaba una reunión de jóvenes pertenecientes al Grupo de Combatientes Populares (GCP).

La Policía de Ecuador llamó Sol Rojo a esta sorprendente operación -con agentes de élite y que duró seis horas-, pero en el país se conoce este caso como “los 10 de Luluncoto”, por la zona al suroriente de la capital donde fueron detenidos los jóvenes (7 hombres y 3 mujeres) que enfrentan cargos por terrorismo y subversión.

Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y ahora opositor a las políticas neodesarrollistas de Rafael Correa, denunciaba el domingo la relación de estas detenciones con la participación de los 10 jóvenes en la Marcha del Agua, que molestó especialmente al Ejecutivo. “La estrategia fue perversa, los 10 jóvenes fueron instrumentalizados para construir el imaginario difuso de una oposición “peligrosa” que justificó la violencia, el control, la militarización, las limitaciones y la ofensa frontal que vivimos durante la Marcha”, escribía ayer en La República.

Fauda puede hablar porque, debido a su embarazo, tiene medidas especiales. Aunque eso no la protege: Un mes después de nuestra detención y al tener medidas sustitutivas pensé que en mi casa iba a estar más segura. El 26 de abril me di cuenta de que no. Ese día los policías ingresaron a mi casa a las 05:00. Despertarme apuntada por un arma fue difícil y en mi estado de embarazo me afectó muchísimo, tanto así que al otro día tuvieron que llevarme de emergencia al Hospital Pablo Arturo porque me dio amenaza de parto prematuro”, tal y como relato al diario La Hora.

Todo el caso está lleno de irregularidades y así lo señala el extenso informe Ocaso de la Justicia, el caso Sol Rojo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Proyecto de Reparación Clínica Ambiental. El estudio sobre “evidencia impactos psicológicos en los y las detenidas, principalmente relacionados con el momento de la detención y en relación al proceso judicial, los miembros de sus familias presentan síntomas de estrés post-traumático, además de estados de ansiedad generalizada, retraimiento, insomnio, falta de apetito entre otras afecciones, que incluyen a los más pequeños de las familias. Un fuerte impacto para las familias fue el allanamiento realizado en los hogares dos meses después de la detención del 3 de marzo, manteniéndoles en una permanente sensación de vulnerabilidad”.

Las organizaciones denuncian “las constantes violaciones a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, en el momento de la detención y durante el allanamiento realizado a los hogares. Se registraron malos tratos, faltas a la intimidad, a la honra, a la integridad física, a la defensa y aún ahora se vulneran sus derechos en los centros de detención donde se registran graves problemas de hacinamiento”. En el informe se aclara que no se está evaluando el proceso judicial y, por tanto, estás pendiente abordar si las garantías mínimas se están cumpliendo. No lo parece.

 

Acusaciones sobre la nada

El fiscal José Jaramillo, en representación del Estado, acusó a los 1º detenidos por supuesto terrorismo en una audiencia realizada en el juzgado X de lo Penal de Pichincha. Jaramillo basa todo el caso en los elementos encontrados en el apartamento donde se reunían los estudiantes. Él los describe como hojas con escritos sobre “llamadas (para alertar) de explosivos”, bombas panfletarias y papeles en donde se menciona al denominado Grupo de Combatientes Populares (GCP), según relata El Comercio. También “imágenes, logotipos y textos de corte ideológico” similares a los aparecidos después de la explosión de cuatro explosivos entre el 17 y el 22 de noviembre del 2011 en Guayaquil, Cuenca y Quito.

El informe de las organizaciones de derechos humanos presentado ayer 4 de diciembre, además de señalar las graves afectaciones sicológicas que padecen los detenidos y sus familias, hecha por tierra el argumento principal de la fiscalía. Se puede leer que “los bienes de los que fueron despojados al momento de detenerlos, no hay uno solo que pudiera ser útil para atentar contra la seguridad del Estado que son los delitos que así, en general, se les imputa en la audiencia de formulación de cargos; esta especie de delitos comprende una gama amplia y variada de infracciones que van desde inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra al Ecuador hasta el sabotaje y terrorismo”. Y recalca: “Los bienes más cercanos a los que pudieran ser útiles para consumar delitos contra la seguridad del Estado por los detenidos el 3 de marzo de 2012 son los dólares de los Estados Unidos de América que no llegaban a cien y que encontraron los policías en los bolsillos y carteras de todos los diez “peligrosos combatientes” amén de un cheque por sesenta dólares que portaba uno de ellos”.

El próximo lunes 10 de diciembre comienza la audiencia de juzgamie nto en el tribunal Tercero de Garantías Penales.

El caso, que recuerda al conocido como Caso Bombas de Chile o a la detención de activistas anarquistas en Bolivia y, en general, con la criminalización de los movimientos sociales e indígenas en toda Nuestra América.

En el informe de Derechos Humanos presentado ayer se consignan algunas recomendaciones: atención psicológica a los familiares, especialmente a los niños y niñas que vivieron los allanamientos y a los detenidos y detenidas; que los jueces encargados de la causa actúen con total independencia y atienda las peticiones de prueba desde la defensa: que las autoridades respeten el derecho a la presunción de inocencia de los imputados, que se investigue la conducta de policías y fiscales al momento de la detención, y que el Ministerio del Interior adecue su conducta en cuanto al respeto de los derechos humanos como lo exige la Constitución. “Ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, en cambio en este caso desde el Ministerio del Interior, específicamente en la rueda de prensa del 3 de marzo, se habló la captura de 10 “terroristas” cuando hasta el momento no se ha comprobado ningún delito”, concluye el comunicado conjunto de las organizaciones que participaron en el estudio.

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