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radar Isla de Pedro González

El Gobierno de Panamá ignora las recomendaciones de Naciones Unidas (una vez más)

lunes 31 de marzo de 2014 En julio de 2012, los relatores de Naciones Unidas para la vivienda y para el derecho a la alimentación advirtieron al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, de la gravedad de los desalojos forzosos en la Isla de Pedro González, en Santa Clara y en Pacora. El Gobierno lo ha ignorado y los desalojos están en marcha.

Por Equipo Otramérica

La situación en la Isla de Pedro González (Archipiélago de Las Perlas, Panamá) la última semana, con choques entre los habitantes y la empresa que se dice propietaria de todo el territorio, estaban anunciados. En una comunicación fechada el 16 de julio de 2012, la relatora especial de la ONU sobre una vivienda adecuada, Raquel Rolnik, y el relator sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, advertían al presidente de Panamá de cómo los “desalojos forzosos” en la Isla de Pedro González suponen el primer paso “ de una violación grave de un amplio conjunto de derechos humanos”. La ONU entraba en este asunto, como en la crisis registrada en Santa Clara y Pacora (provincia de Coclé), ya que Panamá es signataria del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y está obligado a garantizar la vivienda y el acceso a los medios necesarios para que las poblaciones tengan una alimentación adecuada.

El último conflicto en Pedro González, donde se mantienen fuerzas armadas aeronavales, se generó cuando la empresa Zoniro, de la familia Eleta, destrozó los cultivos de subsistencia en la pequeña finca de un vecino de la isla. Esta empresa ha descartado que los habitantes (“que residen desde hace más de 100 años en el área”, recuerda la ONU) puedan cultivar o realizar cualquier tipo de actividad agrícola en una isla que la empresa está destinando a segundas residencias de lujo.

Los relatores especiales de Naciones Unidas instaban a que se tomaran “las medidas que su Excelencia [refiriéndose al presidente] estime necesarias y pertinentes dentro del marco jurídico para suspender temporalmente la ejecución de estos desalojos, hasta que estén dadas las condiciones para garantizar el respeto de los derechos humanos, tales como el derecho a la vida y a la dignidad humana, el derecho a la integridad personal, el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad, así como los derechos a la vivienda y la alimentación de las familias, teniendo particular consideración por que éstas comprendan perspectivas de género y de los grupos en situación vulnerable”.

La respuesta de las autoridades municipales, provinciales y nacionales ha sido el envío de fuerzas armadas y el Alcalde de Balboa lo ha puesto por escrito al advertir que: “tomará medidas de policía (…) ante cualquier invasión, disturbio o manifestación que perjudique, impida, o de alguna manera retrase las obras y trabajos de construcción ubicados en los predios privados de la isla de Pedro González, por parte de cualquier persona ajena al proyecto”. Es decir, mientras la ONU le pedía al Gobierno que protegiera los intereses de los habitantes, las autoridades protegen los intereses de una empresa privada que ha convertido en rehenes sin derechos a los ciudadanos.

 

Otros casos

La ONU, en la carta que se adjunta, también recuerda los casos de las 30 familias de pescadores de la comunidad de Santa Clara desplazadas por la empresa Fundación Desarrollo Santa Clara y Santa Clara Land. También se refiere al caso de 7 familias de pescadores  de la comunidad de Pacora en riesgo de desplazamiento forzoso por parte de un inversionista turístico.

En su trabajo “(Im) Plantar el Turismo: ¿sembrar desarrollo?”, la antropóloga María Eugenia Mellado analiza el impacto de la invasión de proyectos turísticos en el archipiélago de Las Perlas que, probablemente, se podría aplicar al resto de la costa de Panamá y de la región. Para la investigadora, el nuevo paradigma de “desarrollo” tiene muchas similitudes con el sistema de plantación y señala que se da “el choque/conflicto entre dos lógicas estructurales: la de las mismas comunidades (regidas bajo la subsistencia y autosuficiencia) y la de los grupos “desarrolladores” del área (regidos bajo la lógica capitalista). La entrada de las poblaciones isleñas en los proyectos turístico-residenciales se basa en un abandono de esa lógica para entrar en la llamada capitalización laboral. Esta forma de participación como ‘inclusión’ genera problemas tanto al interior de los mismos grupos como con las mismas empresas”.

Y concluye: “La imposición del turismo como la nueva alternativa por parte de estos grupos de poder (empresas, organismos internacionales), la entrada de las comunidades como nueva mano de obra asalariada en un sistema laboral-capitalista en dependencia pone en jaque su misma historia de subsistencia y soberanía”.

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