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El inquietante pacto hondureño

lunes 23 de mayo de 2011 Una reunión de amigos. Eso parecía el encuentro del domingo 22 de mayo en Cartagena de Indias (Colombia) donde en mangas de camisa o guayabera se certificó el acuerdo entre Porfirio Lobo y Manuel Zelaya que permitirá, con toda certeza, el regreso de Honduras a la OEA. Mientras, el país se desangra en una crisis de DDHH que no cesa.

Momento de la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, de testigo.

Momento de la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, de testigo.

Organizaciones de Derechos Humanos advierten de que la "normalización" no es posible en un país donde no se respetan las garantías básicas a los Derechos Humanos y que el Acuerdo de Cartagena solo servirá para regresar al choque entre Lobo y Zelaya en la confusa arena política de Honduras.

Por Equipo Otramérica

En diciembre de 2010, Human Rights Watch (HRW) elaboraba un informe que helaba la sangre: en el primer año de gobierno de Porfirio Lobo en Honduras habían sido asesinados, al menos, 18 periodistas, defensores de Derechos Humanos y activistas políticos y esta organización había registrado otros 29 casos de ataques o amenazas directas. HRW recordaba que el trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos en ese país era inútil ante la falta de colaboración de las fuerzas de seguridad, la mancuerna entre la Corte Suprema y el Ejército y la poca dotación de recursos y de autoridad por parte del Gobierno. La impunidad reinaba en Honduras un año después de la supuesta normalización política con la llegada al poder de Lobo, elegido en unas criticadas elecciones que pusieron final al gobierno de facto de Roberto Micheletti (junio 2009-enero 2010).

El tiempo entierra la memoria, pero en Honduras las fuerzas más reaccionarias no han permitido el cierre que dejó la herida profunda de un golpe de Estado al Gobierno constitucional de Manuel Zelaya que fue interpretado por la derecha latinoamericana y por una buena parte de la autodenominada ‘comunidad internacional’ como una operación “para restablecer el orden constitucional ante el riesgo que suponía Zelaya”. De hecho, el último en certificar esta visión fue el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien a principio de mayo de 2011 agradecía a Micheletti su labor en Honduras en un acto en el que también estaba presente Lobo.

Pero, después de la mediación impulsada por los gobiernos de Colombia y Venezuela, los poderes de Honduras parecen llegar a acuerdos en beneficio mutuo. Lobo y Zelaya firmaron el domingo 22 de mayo un acuerdo en Cartagena de Indias que permitirá la vuelta del depuesto Zelaya a Honduras desde su exilio en República Dominicana al retirarse todos los cargos por corrupción que investigaba la justicia de ese país. Juan Barahona, subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP, plataforma que aglutinó la respuesta desde la izquierda política al golpe de Estado) anunció desde Managua, donde se reunió el 19 de mayo con Zelaya, que el regreso del expresidente y de otros exiliados desde el golpe de Estado se ha planificado para el 28 de mayo y se prevén actos políticos en Tegucigalpa para darle la bienvenida.

Sin estar claro cuál es el plan político de Zelaya para los próximos meses (aunque el acuerdo permite la inscripción como fuerza política del FNRP, Porfirio Lobo ha firmado este acuerdo para lograr el reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) y así normalizar la posición internacional del país, apartado con tibieza de los foros interamericanos después del golpe de Estado que fue condenado entre susurros por países como Estados Unidos. También ha conseguido restablecer las relaciones diplomáticas con la mayoría de países de la región, incluyendo Nicaragua, que hizo el borrón y cuenta nueva este mismo fin de semana.

¿Qué ha pasado en Honduras?

Se habla de normalización, de democracia, de reconciliación… pero la realidad en Honduras no parece conjugar con estas expresiones. Tal y como señalaba HRW: "Nuestra investigación demuestra claramente que, hasta que las autoridades hondureñas no adopten medidas concretas para reducir la impunidad y poner freno a los ataques, difícilmente podrá restablecerse la confianza en el sistema democrático del país".

Los hechos haban por sí solos. En los últimos 16 meses han sido asesinados 28 integrantes de organizaciones campesinas del Bajo Aguán, donde el conflicto entre campesinos y terratenientes no ha hecho sino complicarse. En ese mismo periodo se calculan que han sido asesinados entre 11 y 13 periodistas, los últimos casos los de Luis Méndez, propietario de Canal 24 asesinado el 20 de mayo en la localidad de Danlín, y de Héctor Medina, periodista acribillado en Morazán el 10 de mayo de este mismo año.

También ha denunciado persecución y hostigamiento Leo Valladares Lanza, ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y HRW denunció uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía hondureña durante las protestas del magisterio el pasado mes de marzo y abril.

Amnistía Internacional, en su informe sobre los Derechos Humanos en 2010, denunció que en Honduras persiste la total impunidad para los crímenes cometidos por militares o policías, que hay un clima de hostigamiento a los defensores de Derechos Humanos y que no se han reparado los daños consecuencia del golpe de Estado de 2009.

Así que será de suma importancia darle seguimiento a los otros puntos del Acuerdo de Cartagena de Indias que, en teoría, obligarían al Estado hondureño a investigar las violaciones de Derechos Humanos desde el golpe de Estado, así como a fortalecer la Secretaría de Justicia y DDHH creada en 2010 por Lobo. Para darle seguimiento a estos acuerdos, que concluyen con una declaración de intenciones a favor de una Constituyente, se ha creado una comisión que estará presidida de forma conjunta por los cancilleres de Colombia y Venezuela, los países que han apadrinado el acuerdo.

La satisfacción expresada por Lobo, Zelaya y sus anfitriones, así como por los principales dirigentes del FNRP no es compartida por una veintena de organizaciones hondureñas e internacionales que han pedido a la OEA que no acepte de nuevo a Honduras hasta que no se deslinden responsabilidades en la sistemática violación de DDHH en el país desde el golpe de 2009. “La ruptura del orden constitucional fue apoyada desde las más altas jerarquías, de instituciones claves en todo Estado de Derecho.  La Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República y hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos avalaron o tuvieron una participación activa y determinante. Pese a ello, estas personas se mantienen en sus cargos, generando serias dudas respecto a la independencia e imparcialidad con que realizan sus funciones así como las garantías existentes para la vida en democracia”, reza el documento respaldado por organizaciones tan respetadas como CEJIl o la Federación Internacional de DDHH. Según estas 20 organizaciones, Honduras “no reúne las garantías” para su regreso a la OEA.

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