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El partido de Correa responde a Boaventura atacando a la CONAIE

miércoles 17 de diciembre de 2014 La orden de desalojo de la sede la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha provocado una reacción masiva en contra de la decisión del Gobierno de Correa. Ahora, Alianza PAÍS, el movimiento que sustenta al gobierno, pide a Otramérica que recoja su respuesta a la carta abierta de Boaventura de Sousa Santos. Una respuesta que es sinónimo de un ataque.

Imagen de la rueda de prensa de la dirigencia de la CONAIE el pasado lunes.

Imagen de la rueda de prensa de la dirigencia de la CONAIE el pasado lunes.

Por Equipo Otramérica

El Movimiento Alianza PAÍS ha respondido con un comunicado a la carta abierta hecha pública por el profesor Boaventura de Sousa Santos ante la orden a la CONAIE para que abandone su sede en Quito tras 23 años en ella (“Un local para ciertos dirigente”, según Alianza PAÍS). En ese comunicado sólo se anuncia la respuesta a una pregunta de las muchas que formulaba De Sousa: “¿Cómo podemos transformar tan fácilmente a adversarios con quienes deberíamos debatir en enemigos que se quiere abatir?”. La respuesta de Alianza PAÍS es criminalizar a parte de la dirigencia indígena relacionándola directamente con la intentona desestabilizadora durante las huelgas policiales de septiembre de 2010. “(…) líderes de la Conaie formaron parte de una conspiración golpista contra la Revolución Ciudadana y el jefe de bloque de Pachakutik, Cléver Jiménez, era el primero en pedir la renuncia del Presidente Correa”.

Alianza PAÍS acusa a los líderes de la CONAIE de tener agendas particulares y asegura que son “falsos líderes, que nada tienen que ver con los pueblos y

Nacionalidades”.

Más adelante asegura que las autoridades de Ecuador están abiertas al diálogo pero le suma, de inmediato un pero: “Son innumerables los esfuerzos de diálogo realizados por la Revolución Ciudadana con todos los sectores del movimiento indígena, muchos de ellos dignos y coherentes, y que participan activa, critica y propositivamente de este proceso, ¡sin sucumbir a las presiones del gran poder mediático, que otorga efímera promoción a quienes se oponen a la Revolución Ciudadana! Nuestra Revolución siempre está y estará abierta al diálogo con todos los sectores y líderes honestos del movimiento indígena y de todos los movimientos sociales. Pero las luchas sociales y los procesos de cambio demandan de todos nosotros coherencia política y no el doble discurso: de declarar total autonomía del Estado pero buscar de él prebendas y canonjías, de condenar todo lo que hace la Revolución Ciudadana y no tener empacho en acuerdos inescrupulosos con la derecha. ¡Los derechos de las organizaciones indígenas no se reducen a tener un local para ciertos dirigentes; son los derechos de justicia y equidad que estamos construyendo día a día para todas y todos!”.

 

Reacciones en apoyo a la CONAIE

Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, dio una rueda de prensa el pasado lunes 15 de diciembre en el que advirtió que no piensan abandonar la sede y auguró un antes y un después de esta decisión del Gobierno, que rompe el comodato que les permitía ocupar el edificio entre las avenidas Granados y 6 de Diciembre desde 1991 sin importar quien estuviera al frente del Ejecutivo. “Es una persecución a los procesos de lucha indígena”, insistió Herrera.

Nina Pacari, ex jueza del Tribunal Constitucional y dirigente indígena, en una entrevista, aseguraba que “la disposición de desalojo está conectada al trámite de Ley de Tierras, donde se restringen derechos de los pueblos. Y lo que se intenta es sacar la piedra en el zapato, que han constituido el movimiento indígena, grupos sociales y de trabajadores, que están unidos”. Pacari acusaba a Correa y a su gobierno de colonialista: “Cristóbal Colón en este milenio, porque desde nuestra casa se pretende sacar a los propietarios en un estado plurinacional, no solo que es una incoherencia, sino que es una persecución política directa a los pueblos indígenas del Ecuador”.

El sociólogo Pablo Ortiz considera que el asunto de la sede de la CONAIE no se puede discutir desde una dimensión burocrática sobre la propiedad del edificio o sobre la legalidad de la actuación. Ortiz recuerda tres razones por las que la CONAIE debe seguir en su sede quiteña: el comodato de la sede fue una compensación histórica al movimiento indígena legalizado en 1991; en cumplimiento de la constitución de Ecuador y de la obligación del Estado de fortalecer la organización social y popular, y porque se trata de un ícono de la construcción de la democracia y del Estado plurinacional.

Alberto Acosta, quien presidió la Asamblea Constituyente de Ecuador y ha sido candidato presidencial, también insiste en que “no es un asunto sobre el edificio”, cuyo comodato vence en 2021, sino que considera que “ese espacio físico es un símbolo de la lucha histórica y representa lo que ha dado el movimiento indígena a la democracia en términos de resistencia”. Por eso, Acosta califica la decisión del Gobierno de acto “colonizador” y contradictorio cuando el mismo Gobierno que le dice a la CONAIE que necesita su sede para un centro de atención en drogodependencia le haya regalado unos días antes un edificio de 43 millones de dólares a UNASUR.

En estos días se han podido leer las cartas de solidaridad de organizaciones tan diversas como la Red de Mujeres Migrantes Latinaomericanas, la Confederación Kichwa de Ecuador, Montecristi Vive, los Radialistas Apasionadas y Apasionados, el frente Unitario de Trabajadores de Ecuador (FUT) la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), Acción por la Biodiversidad, o de varias revistas de izquierdas, entre otras. 

 

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