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El 'terrorista' cotidiano

miércoles 27 de abril de 2011 La sombra de Augusto Pinochet es alargada y de suma utilidad para el Gobierno de Chile. La Ley antiterrorista aprobada durante la dictadura sigue haciendo estragos entre los movimientos sociales.

Algunos de los anarquistas detenidos.

Algunos de los anarquistas detenidos. El Ciudadano

La justicia chilena aplica sin piedad la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura a líderes indígenas o a jóvenes anarquistas. Desde premios Nobel a políticos nacionales exigen proporcionalidad y procesos justos. Una astilla en la institucionalidad democrática.

Por Redacción Otramérica

Los movimientos sociales en Chile luchan contra la realidad y la exclusión… pero también contra un fantasma llamado Ley Antiterrorista (Ley No. 18.311). Modificada en un par de ocasiones, mantiene el espíritu de la dictadura y es usada de forma indiscriminada contra líderes indígenas, sindicales o antisistema limitando significativamente sus derechos humanos y el debido proceso.

La última noticia relacionada con esta ley tiene que ver con el denominado Caso Bombas, la detención de 13 personas en relación con la explosión de unos 200 artefactos explosivos desde 2003 en Santiago de Chile atribuidos al movimiento anarquista de ese país.

En agosto de 2010 la policía hizo operativos simultáneos en Santiago y Valparaiso allanando los centros okupas La Crota, CSO Sacco y Vanzetti y CSA Jonny Cariqueo, y dos viviendas personales en Cerro La Virgen (Valparaiso). En estos operativos detuvieron a 14 personas a las que relacionaban con las bombas y que, supuestamente, figuraban en la lista de 25 sospechosos manejada por la fiscalía.

A los detenidos se les aplicó la Ley Antiterrorista y eso ha supuesto más de seis meses de prisión preventiva sin derecho a juicio oral, en condiciones de incomunicación y de indefensión. Ocho de los detenidos se pusieron en huelga de hambre y lograron, tras 65 días de protesta, la creación de una comisión parlamentaria con presencia de familiares y organismos de Derechos Humanos que garantice el debido proceso. (Evolución del caso: Todos los detenidos han pasado a "arresto domiciliario")

El Gobierno, aunque echa la pelota al poder judicial, no ha sido imparcial. A las pocas horas de producirse las detenciones, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter aseguró que “poner bombas en cualquier país que pretende ser moderno y desarrollado es un delito gravísimo y, por lo tanto, este Gobierno en su calidad de parte querellante, va a solicitar, en el marco del Estado de Derecho, que se apliquen las sanciones más altas posibles de acuerdo a la ley, es lo que corresponde, es lo que vamos a hacer y es creemos lo que interpreta a los chilenos”.

Y así lo hizo, el fiscal a cargo del caso en este momento, Alejandro Peña, pidió cadena perpetua para 2 de los detenidos y penas de entre 540 días y 20 años para el resto. Paradójicamente, de las 200 bombas que les achaca el fiscal a los detenidos, algunas estallaron con ellos dentro de la prisión.

Las quejas de diversos sectores no han sido pocas. El propio ex vicario de la pastoral social, Alfonso Baeza, en entrevista con ADN Radio Chile en abril de 2011, “criticó con dureza las condiciones de encierro que mantienen los detenidos por el caso bombas calificándolas de tortura”.

“Cualquiera persona que tenga el deseo de saber la verdad, hay elementos suficientes para darse cuenta que ha sido un montaje, que se ha producido y está desmoronándose por el lado del poder judicial, de la Corte de Apelaciones. Conversando con ellos uno se da cuenta de la barbaridad de lo que ha sucedido para poner 8 meses, y más algunos, en prisión y en una prisión tan dura como es la de estar 22 horas encerrado para salir a un patio y no tener contacto entre ellos. Es realmente una tortura”, insistió  Baeza. El diputado Sergio Aguiló, muy crítico con la Ley Antiterrorista, ha llegado a acusar al fiscal Peña de fabricar pruebas para mantener el proceso contra los anarquistas abierto.

 

Contraste

Los contrastes en Chile, además son significativos. La Ley Antiterrorista se aplica a estos anarquistas pero también a los comuneros mapuches, que en 2010 lograron que el gobierno de Michelle Bachelet modificara algunos aspectos de la ley, aunque, finalmente los mapuches recibieron condenas de hasta 25 años por supuestamente atentar contra un fiscal. Los 4 líderes comuneros condenados están en huelga de hambre y premios Noble como Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú han intercedido sin éxito para que se anule el proceso. “Estos hermanos mapuche han debido soportar cárcel, malos tratos, abandono y sobre todo un juicio que no garantizaba el debido y justo proceso que respete sus derechos como ciudadanos y como integrantes de un pueblo originario”, escribió Pérez Esquivel.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Sergio Ojeda, se preguntaba hace poco si la situación de los 4 líderes mapuches es proporcional con la sentencia judicial que impone solamente libertad vigilada para 5 militares cuya participación en el asesinato de 9 opositores al régimen de Pinochet ha sido probada. La respuesta es clara pero el debate sobre la vigencia de la Ley Antiterrorista en Chile no parece una prioridad para el Gobierno ni para una parte de la sociedad chilena.

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