Los indígenas exigen a Correa parar las licitaciones petroleras

El 27 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica a favor del pueblo Kichwa de Sarayaku, en Ecuador. El Estado debe compensar las violaciones en contra de este pueblo originario pero, más de dos meses después, el Gobierno de Rafael Correa no ha hecho nada.

José Gualinga, presidente del pueblo originario Kichwa de Sarayaku le hizo llegar ayer a Correa una carta abierta en el que le exige el cumplimiento de la sentencia de la Corte como representante del Estado que ha sido declarado “responsable internacional por la violación en contra del Pueblo de Sarayaku, de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de nuestro pueblo”.

“Nos preocupa que aunque la sentencia, en el párrafo 301 dispone que el Estado tome las medidas legislativas, administrativas o de otra índole, necesarias pare el efectivo ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, modificando aquellas que lo impiden y actuando siempre con la participación de los pueblos indígenas, ahora se estén llevando procesos de consulta a los pueblos indígenas de nuestra propia región respecto a una nueva ronda petrolera, amparados en un reglamento puesto en vigencia antes de la sentencia, sin participación de las comunidades indígenas y que no respeta los estándares de derechos humanos señalados por la Corte Interamericana”, insiste Gualinga.

Al respecto, el pasado 5 de septiembre, diversas organizaciones indígenas de los pueblos Sápara, Shiwiar, Shuar, Kichwa y Achuar se reunieron para anlizar dicho proceso de consulta previa sobre la XI Ronda de Licitaciones Petroleras con la que el Gobierno pretende entregar, en octubre, 12 lotes para la exploración y explotación de hidrocarburos. El hecho es que el Decreto 1247 emitido por el Gobierno sólo da 30 días para realizar las consultas, lo que es insuficiente según los pueblos originarios reunidos. Por eso, el Comité Inter-Federacional de las Nacionalidades Amazónicas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) van a llamar al rechazo de las licitaciones y a la negación de la consulta.

El pueblo Kichwa de Sarayaku, en su carta insta a Correa a ordenar “a las autoridades del sector hidrocarburífero que se abstengan de realizar actos [la consulta del decreto 1247]que van en contra de los dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial avanzar con procesos de consulta sin que previamente se haya modificado la normatividad vigente para adaptarla a los estándares internacionales con la participación de las comunidades indígenas”.

También le exige el nombramiento de una comisión de alto nivel que negocie de forma inmediata con el pueblo de Sarayaku las medidas de “restitución, satisfacción y garantía” que determinó la Corte Interamericana en su sentencia.