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Indígenas del TIPNIS denunciaron ante la CIDH que el Estado actúa de mala fe, con presiones y desinformando

lunes 18 de marzo de 2013 El pasado viernes se escenificó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El gobierno de Evo Morales volvió a utilizar a parte de la dirigencia indígena afín a sus intereses para tratar de desacreditar a los pueblos que resisten a la construcción de una carretera que partiría por la mitad el territorio.

Editorial Otramérica pondrá en circulación en una semana el libro "TIPNIS. Amazonia en resistencia contra el estado colonial en Bolivia". 

Por CIDOB

La delegación de los peticionarios que forman parte del Estado de Bolivia a momento de hacer su informe sobre la sistemática violación de derechos a raíz del conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, a la cabeza de Adolfo Chávez, Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y Fernando Vargas (Presidente de la Sub-Central TIPNIS), recalcaron la falta de mecanismos de coordinación sistemática entre el Estado y los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas y sus estructuras organizativas, la violación de derechos indígenas.

La parte del Estado, desde el Ministro de Gobierno y sus asistentes, decidió ceder el espacio para que gran parte de la audiencia sea asumida por los pseudo-dirigentes indígenas: Melva Hurta, Pedro Bare, Gumercindo Pradel y Carlos Fabricano. 

A la libre determinación sobre sus decisiones orgánicas, pre-adoptadas respecto al proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, y que fueron asumidas democráticamente a través de sus  normas y procedimientos propios e instituciones indígenas. El consentimiento previo, libre informado (CPLI) que resalta los varios documentos y posicionamientos por los cuales decidió no aceptar este proyecto, auto-consulta que se llevó a cabo aun cuando el gobierno realizaba consultas en las comunidades del TIPNIS, con mala fe, póstuma, con presiones y desinformada, pues se consultó y registró sobre necesidades de desarrollo y una supuesta intangibilidad que no les permitiría aprovechar los recursos naturales  de forma tradicional y sustentable, y no sobre la carretera.

A la integralidad y propiedad territorial, pues los avasallamientos y la división de las comunidades que se ha hecho con las prebendas y dádivas, las que han corrompido como se ha mostrado en esta audiencia a dirigentes indígenas que ahora representan al gobierno y no tienen bases sociales que los respalden y/o cuestionen.

Sobre el derecho a la consulta previa, la intervención del estado con acciones políticas en las comunidades del TIPNIS y las estructuras orgánicas del movimiento indígena, que antes y después de estas consultas  que realizó el gobierno continuaron vulnerando los estándares internaciones y legislación nacional sobre el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas), entre otros derechos que radican en la observación y no aceptación de este proyecto, enfatizando que dichas consultas no se hicieron respecto al proyecto, ni sobre un Estudio Ambiental, ni sobre sus posibles impactos sociales, culturales, económicos y ambientales, temas que fueron cuestionados por los miembros de la CIDH y no fueron respondidos por el Ministro de Gobierno y la delegación que “representó” al Estado en esta audiencia.

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, al propasarse del tiempo destinado para la exposición del Estado como parte de esta audiencia, reconoció que no existe un proyecto a diseño final sobre la carretera, que no existe Estudio Ambiental y ningún contrato para su construcción, omitiendo que para el tramo I y II ya existen nuevos contratos y, en todo caso, exceptúa que sin esos documentos el BDNS y la República del Brasil no hubiera aprobado y desembolsado en crédito para el financiamiento de este megaproyecto, todos aprobados por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿O hay duda sobre esto?

Ahora la CIDH quiere escuchar más sobre el problema, pese a que la delegación de la parte peticionante  dejó un dossier de varios documentos versus el escueto detalle de documentos que presentó el Estado Boliviano, a través del Embajador de Bolivia en la OEA, Diego Pari.

La información que brindó el Estado se percibió entre los presentes de la audiencia como extremadamente política y apartada de brindar información oficial del gobierno, sobre el Estado de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia, en especial de los que habitan el TIPNIS.

Entre los puntos resaltables, la parte peticionante pidió que a través de la CIDH el Estado boliviano adecue sus actos a la Convención Americana de Derechos Humanos; que sobre la base del Art. 41 de la norma en mención, requiera del Estado boliviano un informe amplio sobre el estado de situación de la investigación penal de la brutal represión de Chaparina que dejó alrededor de 600 víctimas, de los cuales 70 fueron gravemente heridos entre hombre, mujeres y niños; y haga una visita in loco para visitar a las comunidades del TIPNIS y a las organizaciones indígenas representativas para analizar, y luego hacer un informe imparcial, sobre el cumplimiento de los derechos invocados y que han sido afectados sistemáticamente como producto de la ilegal y post consulta realizada por el gobierno en el TIPNIS, entre otras recomendaciones y peticiones que se hicieron.

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