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Inundaciones y grupos armados ahogan al Chocó

miércoles 01 de febrero de 2012 Comunidades de 8 municipios, 11 consejos comunitarios, organizaciones étnico territoriales y religiosas han prendido la alarma. La guerra y el agua tienen al límite a 150.000 habitantes del Bajo Atrato, en el departamento de Chocó (Colombia). Sus representantes han llegado a Bogotá y no se irán hasta que las soluciones no estén en marcha.

Fotos tomadas en diciembre por una misión de la Pastoral Afrocolombiana.

Fotos tomadas en diciembre por una misión de la Pastoral Afrocolombiana.

"El 29 de enero, fueron evacuados del río Domingodó, 12 niños y niñas indígenas al borde de la muerte por desnutrición crónica”. Grupos armados y abandono del Estado se suman a la dura climatología.

Por Equipo Otramérica

El Chocó está muy lejos de Bogoté. Geográficamente está lejos, pero es mayor la distancia política y mental. Por eso, los representantes de las comunidades se han desplazado hasta la capital de Colombia para portestar por la grave situación de emergencia humanitaria que vive el Bajo Atrato y para exigir soluciones inmediatas.

En un comunicado hecho público hoy, las comunidades alertan de que la sedimentación del cauce del río Atrato y el taponamiento de las bocas que dan a él provocan inundaciones permanentes desde hace tres años. “[Esta situación] ha provocado el ahogamiento de niños y adultos mayores. Perdidas de cultivos, animales ganado, y no permite que se haga nuevo sembrados, destrucción de las viviendas, incomunicación casi total, falta de zonas seguras para los niños, el cese de actividades educativas. La carencia de un hospital de primer nivel, médicos, y  medios de transporte para enfermos graves”.

“Pese a las reiteradas peticiones, acciones y reuniones,  el incumplimiento en la atención y entrega de ayuda a la población desplazada es crónico”, expresa el comunicado en el que, además, las poblaciones tienen que soportar el hostigamiento de los actores armados, que intimidan y amenazan a los pobladores. “Los derechos civiles y políticos no existen”.

En ese contexto se sigue esperando la devolución de  tierras en las cuencas de los consejos comunitarios de La Larga y Turmaradó, Jiguamiandó y Curvaradó; así como las condiciones seguras y dignas para las comunidades desplazadas de Salaquí y Truando.

Las comunidades denuncian, además, cómo se ha ocultado por las autoridades y por los medios la muerte de 22 niños de diferentes comunidades que se ahogaron durante 2011. Aún hace 48 horas, el 29 de enero, “fueron evacuados del río Domingodó, 12 niños y niñas indígenas al borde de la muerte por desnutrición crónica”.

La Emergencia Humanitaria se produce, entre otras razones, por el incumplimiento reiterado por parte del Estado de los acuerdos firmados. En febrero de 2009 se firmó un compromiso con el Gobierno de Álvaro Uribe para el dragado de varias bocas del río Atrato. Esto no ha sucedido tres años después. En 2011 el Tribunal Contencioso de Chocó resolvió a favor de las comunidades una tutela contra varias instituciones del Estado y obligaba a dragar el propio Atrato. No ha pasado nada.

Por eso, los representantes que han llegado hasta Bogotá anuncian que no se retirarán de allá hasta que no estén dos dragas de alto calado en el río Atrato; hasta que las ayudas humanitarias estén en manos de los desplazados y afectados por el invierno, y hasta que no se cree y se instale la que ellos denominan la Mesa por el Atrato, una instancia en la que se deben sentar diversas instituciones del Estado, así como garantes nacionales e internacionales.

 

Los firmantes del comunicado de denuncia son “Las comunidades  del Bajo Atrato, de los municipios de  Bojayá, (Chocó) Vigía del Fuerte, Murindó, Unguia, Carmen del Darien, Riosucio, Acandí,  y Turbo,   Consejos Comunitarios de la Larga y Tumaradó, Salaquí, Truandó, Cacarica, Jagual, Jiguamandó, Curvaradó, Quiparadó, Comunidad de Pichindé, Peñas Blancas, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Sociales,  CAMIZBA, Iglesia y Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Riosucio”. 

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