La locomotora social arrolla la ficción de Santos

Las televisoras se ceban con las imágenes de la violecia que se desató ayer en algunas ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá. Las manifestaciones convocadas por sindicatos y movimientos sociales en apoyo al Paro Nacional Agrario y Popular, que suma 12 días, fueron mutlitudinarias y pacíficas. Al final, el choque con la policía antimotines (los temidos ESMAD) parecía inveitable. Y ocurrió. Al menos 147 heridos, medio centenar de detenidos, mútliples daños materiales y la sensación de caos a la que Juan Manuel Santos ha reaccionado con soberbia: ordenó a sus ministros a levantarse de la mesa de negociaciones con los campesinos, militarizó Bogotá y desplegó 50.000 soldados más para tratar de levantar los bloqueos carreteros que tienen colapsada parte del país desde el lunes 19 de agosto. El paro que en algún momento Santos dijo no ver, ha llegadoa  las puertas del Palacio de Nariño.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, del Polo Democrático, ha calificado los sucesis en la capital de ayer jueves como "vandalismo pagado". Otros, como el columnista Horacio Duque considera que "lo ocurrido  en Bogotá y sus alrededores fue demoledor. Hubo levantamientos y acciones multitudinarias por doquier. En el centro de la Capital, en la Plaza de Bolívar y en las avenidas centrales de la urbe. En las populosas y populares localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y Engativá. Y en las municipalidades contiguas de Soacha, Sibaté y Mosquera. La masa desató su furia contra las maquinas del orden policial, que es en lo que devino el orden liberal, utilizadas como instrumentos de violencia e intimidación para hacer prevalecer el poder oligárquico. La represión intensa y extensa es el verdadero lenguaje santista".

En un país donde la protesta social está criminalizada y en donde las organizaciones de derechos humanos vienen denunciando detenciones arbitrarias, torturas y hostigamientos desde días antes de comenzar el Paro Nacional, la ira contra los agentes de policía no parece anti natural. De hecho, el prestigioso Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ya ha anunciado denuncias ya que "a pesar de la presencia de defensoras y defensores de derechos humanos en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Bogotá, se ha impedido constatar la salud de las personas privadas de la libertad, y verificar las condiciones de la retención". Y recuerdan que "considerando las actuaciones de las fuerzas de Estado durante estos días y en todo el territorio nacional, las reacciones se constituyen en prácticas particularmente graves, sistemáticas, contradictorias con un Estado social de Derecho, y con el supuesto reconocimiento presidencial de la legitimidad de las jornadas de protesta".

Santos, en todo caso, está aturdido. Tras el discurso contundente en el que anunciaba el fin de las negociaciones, se ha sabido que sus ministros siguen en la mesa, tal y como ha confirmado la Defensoría del Pueblo. El discurso del presidente es complejo en una economía que le apostó a un TLC con Estados Unidos que está asfixiando al pequeño productor y en el que el Gobierno cabalga entre las concesiones extractivas o para monocultivos a grandes consorcios y un discurso social que choca con la realidad. 

Si en junio de este año, en una reunión con campesinos de la costa Caribe, Santos aseguraba que “en nuestro modelo todos caben. Empresarios y campesinos se complementan, se ayudan como sucede en varios sitios”, el Paro Nacional Agrario y Popular pone de manifiesto que no es así como lo interpretan los campesinos y los pequeños productores. De hecho, estas movilizaciones nacionales, inéditas en los últimos años en Colombia, ponen  de manifesto un cambio de paradigma en la izquierda social colombiana. El Gobierno planteó su estrategia económica basándose en las que denomino como "lomotoras" del desarrollo: la de infraestructura, vivienda, minería, agro e innovación. No contó nunca con la 'locomotora social'.

El analista Macario Martínez considera que Santos, como el establecimiento convencional del país, no entiende de soluciones políticas ni sociales. "Ratificando la constante histórica fundamental de las clases dominantes en este país, el gobierno impone el dominio de la fuerza al tratamiento de un conflicto que es esencialmente social y político. Si las masas campesinas y populares salen hoy a las carreteras y a las calles a expresar su inconformidad no lo hacen por deporte, lo hacen porque ya no soportan la miseria que traen las políticas del Estado. (...) Al optar por el cierre del diálogo y la enfatización de la militarización el gobierno recalca en el uso del formato que hunde al país en la pauperización, el desempleo y la sinsalida. ¿Cuánto cuesta cada día de represión y de guerra contra el pueblo? y ¿qué vale la sangre derramada y la vida truncada del pueblo?".

El problema ahora para el Gobierno es que cada día que pasa y cada hecho represivo provocan que nuevos movimientos o colectivos se sumen al Paro. De hecho, este miércoles, el Consejo Regional Indígena del Cauca anunció que los días 2 y 3 de septiembre se suman a la protesta en una "minga" en rechazo al TLC y en defensa del territorio y del agro. El comunicado del CRIC denuncia, además, que "en este momento, el gobierno nacional carece de voluntad y acción política en el cumplimento de las exigencias del sector agrario, no hay garantías para el libre ejercicio de la protesta social, por el contrario se continua señalando y estigmatizando a los marchantes a quienes se les acusa de ser aliados de grupos terroristas, se han presentado hechos de violación permanente de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por los abusos de la fuerza pública(ESMAD, Policía y Ejército) a los campesinos que ejercen su legítimo derecho a la protesta".