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La policía de Costa Rica reprime con violencia una marcha en defensa del Seguro Social

viernes 09 de noviembre de 2012 San José de Costa Rica vivió ayer escenas inéditas. Unos 300 policías antimotines arremetieron en tres ocasiones contra marchas pacíficas y detuvieron a 40 personas. Las protestas en defensa del Seguro Social y contra la corrupción.

Por Equipo Otramérica

Algo más de 100 manifestantes estaban frente a la sede de la Caja del Seguro Social de Costa Rica, en San José, cuando a medio día sufrieron la primera carga de policías antimotines para desalojarlos de la vía. En contra de una sentencia de la Sala Constitucional, que prohíbe las cargas, la acción policial dejó heridos y unos 20 detenidos, principalmente trabajadores de la salud sindicalistas, militantes de partidos de izquierda, estudiantes universitarixs y un vendedor ambulante, quienes luego de ser llevados a una delegación policial fueron liberados tras ser identificados y recibir amenazas. En este primer gurpo de manifestantes, además de personal sanitario y sindicalistas,  había vecinos de comunidades como Grecia o San Ramón, que habían llegado a la capital para reclamar mejoras en el servicio.

A pesar de la represión, el bloqueo en la vía frente al edificio de la CCSS se mantuvo y se reforzó con un nutrido grupo de estudiantes universitarios. A las 4:30 p.m. la policía arremetió por segunda vez contra los manifestantes. En esta acción fueron agredidos los diputados Claudio Monge y Carmen Granados, del partido Acción Ciudadana, y José María Villalta, del Frente Amplio.

La manifestación popular se reagrupó tras esa segunda acción policial y continuó en la calle frente a la sede de la CCSS hasta que a las 6 p.m. comenzó una tercera oleada de represión policial. En esa acción fueron detenidos otros 20 activistas, entre los detenidos se encontraba Manuel Emilio Soto Aguilar, miembro del Centro Centro Pabrú Présbere, activista de derechos humanos y colaborador activo de la organización internacional Human Rights Everywhere (HREV).

Para las 10 p.m., un grupo manifestantes fueron liberados en los Tribunales de San José por orden de un juez, bajo amenaza de levantar cargos, entre ellos Soto Aguilar, pero continúan varias personas detenidas e incomunicadas a la espera de un posible levantamiento de falsos cargos.

La Caja del Seguro Social ha sido uno de los caballos de batalla de las reformas neoliberales de los últimos gobiernos de Costa Rica. Esta institución, la mayor de Centroamérica en personal y presupuesto, está siendo cuestionada por las organizaciones sociales por la pérdida de calidad y servicios. En 2011, el Gobierno de Laura Chinchilla estableció una ‘Comisión de Notables’ para diagnosticar la crisis pero es poco lo que se ha avanzado.

En un comunicado emitido en la madrugada, el Centro Pabrú Présbere y la organización Human Rights Everywhere (HREV) denunciaron internacionalmente los hechos acontecidos en la ciudad de San José y responsabilizaron de los mismos al viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, al director de la Fuerza Pública de San José, Raúl Rivero, y a la presidenta, Laura Chinchilla.

Ambas organizaciones alertan que desde hace meses se está produciendo un “deterioro en el marco de respeto a los derechos humanos en Costa Rica, relacionado directamente con el desmonte progresivo del Estado Social de Derecho por los gobiernos del PLN y PUSC, lo que ha generado profundas brechas sociales en el país”.

Además, recordaron que, este mismo 8 de noviembre, de la Ley de Delitos Informáticos, conocida como Ley Mordaza, que limita el derecho a la comunicación y permite la detención de periodistas en caso de difundir “secretos políticos”, amparándose ilegítimamente al llamado “secreto de Estado”.

 

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