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Las 5 ‘nuevas’ formas de violar los Derechos Humanos

viernes 13 de mayo de 2011 Esta semana se ha hecho público el informe sobre Derechos Humanos en las Américas que cada año elabora Amnistía Internacional. Podríamos decir que llueve sobre mojado, pero no. Las formas en que los poderes violan los derechos humanos mutan, aunque se ceben con los mismos grupos poblacionales.

Si usted es mujer, indígena o afrodescendiente y vive en América Latina o El Caribe, las posibilidades de que sus Derechos Humanos sean vulnerados es muy alta. Nada cambia y todo está cambiando. Las comunidades luchan y se defienden.

Por Equipo Otramérica

Ser afrodescendiente, indígena, mujer o defensor de los derechos fundamentales es tener muchos puntos para sufrir persecución, perder la tierra o morir asesinado en América Latina y El Caribe. La generalización no es demagógica. Todos los informes sobre Derechos Humanos en la región lo destacan y el último de Amnistía Internacional sobre 2010 no va en contravía.

Muchas personas siguen pensando que la violación de Derechos Humanos ocurría durante las dictaduras militares o que se reduce a la tortura y desaparición física. No es así… a pesar de que la corrupción y la arbitrariedad son ingredientes que siguen engordando en América Latina y El Caribe, los poderes políticos y económicos mutan y, de igual manera, las formas de atentar contra los Derechos Humanos. Dice Amnistía Internacional (AI) que “en América se han reconocido muchos derechos humanos en la ley –aunque no siempre en la práctica– en los últimos 50 años. Está claro que los abusos persisten, sobre todo contra grupos vulnerables, pero es innegable que, aunque parciales y lentos, se han hecho progresos en la región. (…) el auténtico motor de los avances han sido las comunidades más afectadas por los abusos contra los derechos humanos”. El gran cambio pues es que la acción de las comunidades sí sirve para algo, la resitencia y denuncia de los abusos provocan cambios, lentos pero seguros.

 

¿De qué se defienden esas comunidades en América Latina y El Caribe?

1. Derecho a la tierra

Indígenas y campesinos están sufriendo un auténtico asalto, una neocolonización de sus territorios por parte de empresas extractivas o agroindustriales excitadas por la enorme demanda asiática y los altos precios de los minerales. Insiste AI: “La expansión de las industrias agrícolas y extractivas y la introducción de enormes proyectos de desarrollo, como embalses y carreteras, en tierras tradicionales indígenas, representaron una amenaza significativa y creciente para los pueblos indígenas. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, los indígenas considerados un obstáculo para los intereses comerciales fueron objeto de amenazas, acoso, desalojos forzosos, desplazamientos y homicidios a medida que el afán de explotación de los recursos se intensificaba en las zonas que habitaban”. AI suma a esta situación los pocos avances legales y reales en la Consulta Previa e Informada a los pueblos en caso de megaproyectos que afecten a sus territorios. Y destaca dos casos: “Perú estuvo a punto de contar con una legislación histórica al aprobar el Congreso en mayo la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, redactada con la participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, el presidente García se negó a promulgarla. Paraguay siguió sin cumplir sendas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005 y 2006 en las que se ordenaba al Estado la devolución de tierras tradicionales a las comunidades yakye axa y sawhoyamaxa”.

 2. Derechos sexuales y reproductivos

En las sociedades patriarcales (la casi totalidad), los derechos sexuales y reproductivos han sido, y siguen siendo, tabú. En América Latina y el Caribe, las niñas, adolescentes y mujeres, así como los colectivos LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) sufren especial discriminación que se traduce en el plano laboral, en el acceso a puestos de poder, en restricciones graves para su autonomía y libre desarrollo, y, lo que es más visible, en la violencia de la que son objeto. “La violencia contra mujeres y niñas, incluida la violencia sexual, seguía siendo generalizada, y la mayoría de las sobrevivientes carecía de acceso a la justicia y a una reparación. Aunque algunos Estados de la región introdujeron leyes para combatir la violencia de género, en la práctica apenas se aplicaban, por lo que raras veces se iniciaban investigaciones y enjuiciamientos”, reseña AI en su informe. Fuera de la foto quedan muchas de las discriminaciones al colectivo LGBT y a personas que viven con Sida.

3. Muerte a los defensores, silencio a los medios

El desangre es incesante. Las defensoras y defensores de Derechos Humanos son perseguidos, estigmatizados, encarcelados y asesinados uno a uno hasta sumar miles. El refinamiento de los discursos del poder silencia esta situación. AI se refiere, por ejemplo, a las promesas del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (relacionado con los miles de casos de los llamados ‘falsos positivos’), de mejorar la situación en Derechos Humanos. La realidad: “Sin embargo, los ataques continuos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes comunitarios, especialmente contra los que trabajaban en cuestiones relacionadas con los derechos a la tierra, pusieron de relieve la magnitud de las dificultades que quedaban por superar”.

Si en los setenta y ochenta la tarea de las defensoras y defensores de DDHH estaba más concentrada en denunciar los abusos de los regímenes militares o dictatoriales, ahora son una piedra en el zapato de los intereses económicos que están entrelazados con el poder político: “La defensa de los derechos humanos continuó siendo una tarea peligrosa en gran parte de la región. En varios países, como Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, los activistas eran blanco de homicidios, amenazas, hostigamiento o actuaciones judiciales arbitrarias. A menudo se actuaba contra ellos porque su labor amenazaba los intereses económicos y políticos de quienes ocupaban el poder”.

En cuanto a los periodistas y comunicadores que no siguen esos discursos oficiales la cosa no está mejor. Sólo Asia presenta peores estadísticas que las Américas en materia de persecución a los periodistas. “Casi 400 trabajadores de medios de comunicación recibieron amenazas o sufrieron ataques, y al menos 13 periodistas murieron a manos de agresores no identificados. Más de la mitad de estas muertes se produjeron en México, seguido de Honduras, Colombia y Brasil. Un número significativo de cadenas de televisión, sobre todo en Venezuela y la República Dominicana, se vieron obligadas a cerrar temporalmente, situación que también afectó a emisoras de radio. En la República Dominicana, al menos siete cadenas de televisión y emisoras de radio tuvieron que cerrar temporalmente o sufrieron el bloqueo de su señal de transmisión antes de las elecciones de mayo. Algunos canales no habían podido reanudar sus emisiones al finalizar el año”. El informe no olvida la enquistada situación de Cuba en materia de libertad de expresión.

4. Inseguridad y pobreza

 La ecuación es perversa. La grave situación de inseguridad pública en América Latina y El caribe afecta, fundamentalmente, a los más pobres, aunque sean las clases medias y altas las que más presionan para que se intensifiquen las políticas de “mano dura”.

Amnistía Internacional destaca que “la pobreza, la delincuencia violenta y la proliferación de armas pequeñas crearon y perpetuaron condiciones en las que florecían los abusos contra los derechos humanos. Los residentes de zonas urbanas pobres –concretamente en ciertas partes de México, Centroamérica, Brasil y el Caribe– seguían atrapados entre la violencia de las bandas organizadas de delincuentes y los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad. En muchos casos, la corrupción endémica de las instituciones del Estado redujo la capacidad de éstas para responder adecuadamente a la delincuencia organizada”. Y un caso dramático ya casi olvidado: “En mayo, tras un estallido de violencia de bandas, se declaró en parte de Jamaica un estado de excepción durante el cual se detuvo al menos a 4.000 personas y hubo 76 muertes violentas, entre ellas las de tres miembros de las fuerzas de seguridad. Al parecer, más de la mitad de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales”.

La trampa de la inseguridad y la pobreza sigue afectando, en especial, a indígenas y afrodescendientes. Según AI, “los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes estaban representados de forma desproporcionada entre quienes vivían en la pobreza, más que ningún otro grupo. La afirmación reiterada, aunque falsa, de que el respeto a los derechos de los pueblos indígenas era incompatible con el crecimiento y el desarrollo económicos servía de base a reiteradas violaciones de derechos”.

Las altísimas tasas de crecimiento macroeconómico registradas en los últimos años en la la región no han supuesto una redistribución más justa de la riqueza, por lo que se han acentuado las brechas estructurales. El informe lo resume así: “Se produjeron avances en la reducción de la pobreza en Argentina, Brasil, México y Venezuela. Sin embargo, aunque había datos que indicaban que la pobreza disminuía lentamente en Latinoamérica y el Caribe, casi una quinta parte de la población de la región seguía viviendo en la pobreza extrema, incluida la gran mayoría de los pueblos indígenas. Pese a la reducción de la desigualdad en muchos países, sobre todo en Venezuela, muchas de las naciones menos desarrolladas no experimentaron ninguna mejora tangible y, al finalizar 2010, Latinoamérica seguía siendo la región con más desigualdades del mundo”.

5. Abandono estatal

El derecho a una vivienda digna, al acceso a la Justicia, a la educación, a la recreación o al desarrollo de la familia son coartados de forma permanente por la debilidad de unos estados que han crecido pero no se han desarrollado democráticamente. El informe de Amnistía Internacional señala la impunidad como un mal ya endémico, pero sumaba a esto las dramáticas consecuencias de la falta de atención a las víctimas de catástrofes naturales, como la de Haití. “En enero, un terremoto devastador asoló Haití, dejando más de 230.000 muertos y a millones de personas sin hogar. Al finalizar el año, más de 1.050.000 personas desplazadas por el desastre seguían viviendo en tiendas de campaña en campamentos provisionales, sin derecho a un alojamiento adecuado y vulnerables a los ataques. El espectacular aumento de las violaciones sexuales fue un claro indicio del fracaso de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad de las mujeres y niñas que vivían en los campamentos”.

En la región, además, se siguen imponiendo condenas a muerte (Bahamas, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, aunque no se llevaron a cabo ejecuciones) y las leyes antiterroristas se aplican de forma arbitraria y populista afectando los derechos humanos de los detenidos.

 

Tiene acceso directo a los informes sobre cada país pinchando sobre su nombre. Los que no están en el texto principal son: Bolivia, Chile, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y Uruguay. Adicionalmente, puede consultar los de Estados Unidos y Canadá

 

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