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Ley de víctimas en Colombia: ¿podrá el papel, por fin, cambiar la realidad?

viernes 10 de junio de 2011 Por primera vez en medio siglo de sangriento conflicto armado, el Estado colombiano reconoce la existencia legal de víctimas de esa disputa. Lo hace en una nueva ley llena de bondades y buenas intenciones; hacerla realidad será difícil porque persisten los problemas estructurales que atizan la confrontación.

El problema de la propiedad de la tierra ha estado siempre en el centro del conflicto armado colombiano. Muchas de las 6 millones de hectáreas abandonadas o despojadas están en las zonas más ricas y fértiles del país.

El problema de la propiedad de la tierra ha estado siempre en el centro del conflicto armado colombiano. Muchas de las 6 millones de hectáreas abandonadas o despojadas están en las zonas más ricas y fértiles del país.

Los verdaderos problemas para la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras son más profundos y están en la estructura misma del Estado y la sociedad colombiana.

Por Juan Gonzalo Betancur B.

Colombia vive por estos días un ambiente de esperanza y optimismo gracias a la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual entra en vigencia este viernes 10 de junio cuando la firme el presidente de la República, Juan Manuel Santos. En el acto estará presente el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en Bogotá, la capital colombiana.

Ese clima ha sido alentado por líderes de opinión, buena parte de la clase política y la gran prensa que han repetido hasta la saciedad que –palabras más, palabras menos– ¡por fin llegó la hora de hacer justicia con, al menos, 4 millones de víctimas que ha dejado medio siglo el conflicto armado interno en el país!

La ley crea mecanismos para indemnizarlos económica y moralmente, y devolverles 6 millones de hectáreas de tierra que perdieron por causa de esa lucha armada y todos los males que ella ha traído consigo: unos 4 millones de hectáreas fueron abandonadas y 2 millones más objeto de despojo directo.

Ese ambiente de esperanza refleja una tradición que se mantiene en Colombia desde los inicios de la República, hace 200 años: creer que al cambiar las leyes, la realidad empezará a cambiar.

En el siglo XIX este país tuvo 9 grandes guerras civiles generales y 14 guerras civiles locales. La mayoría de ellas se hicieron para derrotar al partido político opositor, poder así cambiar la Constitución y de esa manera el modelo de Estado. O fueron peleas que surgieron luego de aprobadas distintas constituciones. Algo así como hacer la guerra para cambiar la ley o la ley producía una nueva guerra.

Incluso la actual Constitución Nacional de 1991, que acaba de cumplir 20 años sin mucha celebración, fue producto de un consenso: había que cambiar la vieja carta política de 1886 porque la realidad era otra y la nación se estaba desangrando. Pues bien, se redactó esa hermosa Constitución, se le llenó de derechos y garantías, de responsabilidades estatales, pero el país siguió con los mismos problemas. Y para algunos, incluso está peor.

La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras también ha enfrentado al presidente Santos con su antecesor Álvaro Uribe por cuenta del reconocimiento por parte del Estado de que sí hay conflicto armado interno, algo que el uribismo negó durante 8 años.

 

Principales aspectos de la nueva ley

  • Son víctimas “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales por el conflicto armado interno, por hechos ocurridos a partir del 1 enero de 1985, siempre que este menoscabo sea consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos”.
  • Cubre al cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando ésta esté muerta o desaparecida.
  • Se es víctima independientemente de que esté capturado y condenado el victimario.
  • Los miembros de la fuerza pública (Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada) también puedes ser consideradas como víctimas y tendrán derecho a reparación económica.
  • Los miembros de los grupos al margen de la ley no serán víctimas, salvo que sean niños, niñas o adolescentes que hayan dejado esas organizaciones siendo menores de edad.
  • No son víctimas los afectados por la delincuencia común.
  • Habrá normas especiales que se concertarán con las minorías étnicas del país como afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros y rom.
  • Quien haya sido víctima de un grupo armado antes del 1 de enero de 1985 podrá reclamar reconocimiento del Estado pero no tendrá reparación monetaria. A partir de esa fecha, las víctimas sí recibirán indemnización económica.
  • Quien haya sido víctima a partir del 1 de enero de 1991 recibirá reparación económica y se le restituirá sus tierras abandonadas o despojadas por los violentos.
  • El Gobierno definirá los costos individuales de las reparaciones. La cifra aún no ha sido revelada.
  • Se reconoce la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas o agentes del Estado involucrados en violación a derechos fundamentales de las víctimas. Esas responsabilidades serán individuales y no grupales o institucionales.

 

Principales críticas a la ley

  • La más insistente es que no se sabe exactamente cuánto valdrá pagar las indemnizaciones, pero se habla de cuantías enormes. Los más críticos, incluso el Ministerio de Hacienda, han advertido algunas cosas al respecto, dicen que podría ahondar el déficit fiscal del Estado y hasta “quebrar” al país.
  • Organizaciones no gubernamentales cuestionan que es posible que los recursos económicos no alcancen para todas las víctimas si el pago de indemnizaciones se condiciona a la sostenibilidad fiscal del Estado.
  • Temas importantes como la misma restitución de tierras o los procedimientos y montos para el pago de indemnizaciones no han sido reglamentados. Y es ahí, en el detalle, donde se sabrá el alcance real que tendrá la ley.
  • Los sectores más conservadores creen que se podrá poner en peligro la propiedad privada, si no se fijan controles a los procedimientos de restitución de tierras.
  • La exclusión de víctimas de la delincuencia común podrá llevar a que no sean reparados delitos contra personas donde no es clara la actuación ni las motivaciones entre delitos políticos, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y delitos comunes.
  • Para un sector político muy influyente y poderoso, como el que sigue al ex presidente de la República, Álvaro Uribe, fue un error que la ley reconociera que en Colombia había “conflicto armado”. Para ellos, lo que hay en Colombia es una “amenaza terrorista” y por eso torpedearon el proyecto de ley durante mucho tiempo, al punto que siempre estuvo bloqueado durante ese gobierno. Una vez aprobado, siguen formulando críticas.
  • Se cuestiona que no hay reparación verdadera cuando el Estado incluye en ella temas de salud o educación que siempre han sido su responsabilidad.

 

Los problemas de fondo del país

Sin embargo, los verdaderos problemas para la implementación de esta ley son más profundos y están en la estructura misma del Estado y la sociedad colombiana:

  • La continuación del conflicto armado: el cual sigue produciendo víctimas. Solamente en el año 2010, unas 280 mil personas fueron desplazadas de sus tierras, sin contar los cientos de asesinados y afectados por otros delitos.
  • La impunidad de la justicia: en buena medida es producto de actuaciones judiciales muy lentas en las etapas de investigación y juzgamiento. Los códigos fijan unos procedimientos complejos que debe desarrollar un aparato de justicia que no tiene ni el tamaño ni las herramientas logísticas suficientes.
  • La corrupción: Colombia vive hoy uno de sus momentos más críticos en cuando a escándalos de corrupción de alto nivel: respecto a manejo de bienes incautados al narcotráfico, por ejemplo, se descubrió que la entidad del gobierno responsable de ellos, la Dirección Nacional de Estupefacientes, dejó muchas propiedades de narcos en manos cercanas a congresistas e incluso de testaferros de los propios narcotraficantes. 
    Existe entonces gran temor en que este proceso termine igual: legalizando tierra no a sus propietarios reales, sino a quienes la robaron o compraron tierra robada, así lo hayan hecho de buena fe.
  • Los poderes políticos locales: la nueva ley no se jugará en Bogotá o en las grandes capitales, sino en cientos de municipios pequeños donde la institucionalidad estatal es débil y está controlada por redes politiqueras, muchas de ellas vinculadas con grupos armados ilegales, principalmente del paramilitarismo y el narcotráfico.
    Hasta 2010, por ejemplo, un total de 402 jefes políticos nacionales, regionales y locales estaban siendo juzgados por la jurisdicción de Justicia y Paz, por su vinculación con grupos paramilitares.
  • La incapacidad del Estado para proteger a las víctimas: alrededor de 55 líderes de comunidades que exigen la restitución de tierras han sido asesinados en todo el país en los últimos años (la última persona esta semana, una mujer representante de una comunidad desplazada). El motivo: impulsar procesos de devolución de propiedades individuales y colectivas. Mientras no sean efectivos los planes actuales de seguridad y protección para personas y comunidades que reclaman sus derechos, la credibilidad del proceso estará igualmente en duda.

 

Un futuro incierto

Como se advierte, la tarea es titánica. En sí misma, la ley es apenas el mecanismo para impulsar transformaciones que el país reclamaba desde hace años y dar justicia a quienes han sido víctimas de la barbarie.

Si el presidente Juan Manuel Santos quiere pasar a la historia por liderar este proceso y sacarlo adelante –como él mismo ha dicho–, tendrá una tarea bien difícil.

Por el momento cuenta con buen ambiente político para hacerlo, pero el futuro es incierto y más en un país como Colombia donde las cosas pueden cambiar totalmente en el momento menos pensado. Eso es lo único en que todos aquí están de acuerdo.

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