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Los Sawhoyamaxa, la resistencia digna gana la batalla de la tierra

viernes 20 de junio de 2014 Luego de ser sancionada en el Congreso, el presidente Horacio Cartes promulgó la expropiación de 14.404 hectáreas a favor de la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo enxet. ¿Podrá el Estado asumir su responsabilidad con los pueblos indígenas y cumplir a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)?

Por E'a / Equipo Otramérica

El 11 de junio de 2014 figurará en la memoria combativa de la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo enxet. Tras una inexplicable demora, en dicha fecha el presidente Horacio Cartes promulgó la expropiación de las 14.404 hectáreas para la restitución de parte de sus tierras ancestrales a la comunidad indígena enxet sur.

Esta decisión llegó ocho años después de una sentencia de la CorteIDH, que obligaba al Estado paraguayo a que en un plazo de tres años restituyera el territorio reclamado y concrete programas de desarrollo en forma de resarcimiento. Después de 23 años esperando al costado de la ruta, la comunidad Sawhoyamaxa, que en enxet significa “lugar donde se acabaron los cocos”, reingresó a sus tierras en marzo de 2013 ante la falta de respuestas del Estado.

El caso de los Sawhoyamaxa es uno de los llamados “emblemáticos” en ese país, y replica la fórmula de abusos con que las repúblicas de América han tratado a los pueblos originarios de estos territorios desde su conformación. La perseverancia de su lucha constituye un ejemplo de la resistencia de los Pueblos Indígenas que a pesar de ser olvidados por sus Estados, se mantienen firmes exigiendo que se respeten sus derechos y se restituyan sus tierras ancestrales, por eso, hoy “la victoria es para todos“, como decía Eriberto Ayala.

 

Sawhoyamaxa vs Estado paraguayo

El 29 de marzo de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado paraguayo por la violación de derechos fundamentales de la comunidad Sawhoyamaxa, que vivió 23 años al costado de la ruta frente a sus tierras ancestrales ocupadas por el terrateniente alemán Heribert Roedel, prófugo de la justicia de su país por estafa, hasta la reocupación en marzo de 2013. En 2005 el tribunal internacional ya había condenado al Estado por violación de la propiedad ancestral de la comunidad Yakye Axa, del pueblo enxet norte.

El fallo se apoyó en el derecho consuetudinario, anterior a toda estructura jurídica, por cuanto los pueblos indígenas están aquí desde antes del origen del mismo Estado. La sentencia mencionaba que Paraguay violó, entre otros derechos, el derecho a la vida, la propiedad comunitaria y la personalidad jurídica de los indígenas.

“Los que sostienen las estructuras del poder del Estado tienen en sus manos la posibilidad de devolvernos la posibilidad de recuperar nuestras raíces y prácticas culturales como pueblo indígena, en busca de un buen vivir y que mis hermanos vuelvan a tener tierras propias donde producir”, afirma el líder comunitario Eriberto Ayala, de 27 años.

Eriberto también nos explica algunas características culturales de su comunidad. “En la actualidad, lingüísticamente hablamos el guaraní, nuestra propia lengua enxet sur y también comprendemos el castellano. Somos netamente chaqueños, eso nos caracteriza como comunidad Sawhoyamaxa”, precisa.

Ayala también menciona que de las 61.000 hectáreas que posee el terrateniente alemán en la Región Occidental, en la zona conocida como Loma Porã, solamente solicitan poco más de 14.400 hectáreas. Además, señala que el mismo propietario también posee en la Región Oriental alrededor de 31.000 hectáreas de tierras, en la zona de Naranjito, departamento de San Pedro.

“Nosotros tenemos claro que este señor incluso está estafando a sus propios compatriotas en el negociado de las tierras. Incluso se sabe que tiene una orden de captura en su país de origen, Alemania, por estafa a inversionistas alemanes”, denuncia.

 

¿Por qué?

"¿Por qué las autoridades han esperado que fallecieran muchos hermanos nuestros en el proceso de esta lucha?”, se pregunta Eriberto sin poderse responder. Incluso cuando ya se encontraba de por medio la sentencia de la CorteIDH,  fallecieron varias personas de enfermedades de las que podían tratarse o curarse. Esta situación fue desencadenada por las precarias condiciones de vida que soportan así como por la peligrosidad que significaba estar a la vera de la carretera. “Nosotros fuimos en forma pacífica, agotando todas las instancias administrativas para tramitar la restitución de nuestra tierra, pero ya no pudimos seguir esperando después de más de 23 años. Tuvimos que romper la alambrada y entramos a nuestra tierra. Al menos hoy en día la comunidad cuenta con plantaciones para el autoconsumo”.

 

Amenazas

Eriberto cuenta que tras el reingreso a parte de sus territorios en 2013, la empresa contrató a matones civiles que merodeaban en los alrededores del lugar amenazando con capturar a los dirigentes y miembros de la comunidad.

Detalla que una vez que la expropiación sea finiquitada, serán beneficiadas 156 familias. “Tenemos hasta nuestro cementerio, también han quedado sepultados nuestros hermanos a orillas de la ruta en estos 23 años de campamento. Desde el momento que reingresamos a nuestra tierra ancestral estamos practicando de nuevo nuestros rituales y costumbres tradicionales”, rescata Eriberto.

Recuerda que durante el mismo inicio de la colonización del Chaco durante la era stronista, Roedel llegó a Paraguay y se apropió de este territorio, empezando a comprar grandes extensiones de tierras con sus habitantes adentro. El terrateniente condenó a la comunidad a que abandonen el territorio porque ya obstaculizarían los trabajos de desmonte para la producción agropecuaria intensiva.

Apunta que por tal motivo toda la comunidad tuvo que abandonar el territorio y acamparon a orillas de la ruta, único lugar en que pudieron levantar al menos un ranchito. “En esa época nosotros no teníamos ni escuela. Ahora al menos ya hay algunos que han terminado el sexto grado. Tenemos espacio físico fijo donde está asentada la escuela como corresponde”.

 

Gigantes y molinos

Tras la promulgación del proyecto de expropiación, cabe volver a la pregunta inicial que nos convoca: ¿podrá el Estado asumir su responsabilidad con los pueblos indígenas y cumplir a cabalidad las sentencias de la CorteIDH?

Enfaticemos que, además de la restitución territorial, la sentencia de la CoIDH estipula la realización de obras viales y programas de desarrollo. Algunos legisladores habían objetado la expropiación alegando que por la vigencia de la llamada ley de “responsabilidad fiscal”, que restringe la inversión pública, no se podría conseguir presupuesto para el pago al agroempresario, que exige la suma de 40 millones de dólares.

Recordemos también que parte del fondo de desarrollo había sido desfalcado durante el periodo de Rubén Quesnel al frente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en un escándalo de corrupción que salpicó al entonces presidente Federico Franco. Las dos cuentas bancarias que fueron vaciadas, que llegaban a unos 3.100 millones de guaraníes, estaban a cargo del Indi, pero eran independientes del presupuesto anual de la institución. De esta manera, la sentencia de la CorteIDH queda nuevamente en estado de incumplimiento.

Finalmente, para que el Estado cumpla a cabalidad las sentencias del tribunal internacional se deben recuperar los fondos para promover el desarrollo de la comunidad y que los culpables del vaciamiento reciban una condena ejemplar. Por ello, tras 23 años de lucha y de haber logrado la expropiación, a la comunidad Sawhoyamaxa aún le quedan muchos gigantes y molinos de viento que enfrentar.

 

Los otros casos

Tal y como recuerda BBC Mundo , además de los Sawhoyamaxa, que deberán esperar hasta que concluya el proceso de expropiación para poder tomar control total de sus tierras, otras comunidades con un fallo favorable de la Corte IDH aún espera recobrar su hogar ancestral. Se trata de los Xákmok Kásek, quienes también lograron que el Tribunal internacional arbitre a su favor en 2010. Según Ricardo Morínigo, de Tierraviva, el Estado paraguayo acordó un plazo hasta septiembre de este año para cumplir con la orden, y ya negocia con el ganadero de ascendencia estadounidense que ocupa las tierras para poder devolverlas a sus dueños originales.

También el primer caso que fue llevado ante la Corte IDH, la del pueblo Yakye Axa –que al igual que las otras comunidades vive en la región del Chaco- llegó a su final, en 2012. Si bien no lograron recobrar sus tierras, como consecuencia del fallo de 2005 aceptaron recibir un terreno cercano, además de la indemnización del Estado.

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