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Miles de campesinos marchan en el 15M de Barillas ante el abuso estatal

miércoles 16 de mayo de 2012 No hay silencio ni miedo. A pesar del estado de sitio impuesto por el Gobierno de Pérez Molina (antes conocido como Comandante Tito) y de las muertes y amenazas, en Huhuetenango, unas 8.000 personas indígenas, campesinas y solidarias marcharon el 15 de mayo para solidarizarse con Santa Cruz Barillas.

Las comunidades denuncian la militarización de los territorios para favorecer a empresas mineras e hidroeléctricas.

Por Equipo Otramérica

El Comité de Unidad Campesina y el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente convocaron la marcha Todas y todos somos Barillas en solidaridad con la comunidad asediada por Estado y compañías. Las 8.000 personas exigieron frente a la gobernación de Huehuetenango el levantamiento del estado de excepción que afecta a Barillas y la restitución de las garantías constitucionales. También pidieron la liberación de los 17 detenidos en los choques que se han producido en la localidad desde el asesinato del comunero Andrés Francisco Miguel, y la salida de la empresa española Hidro Santa Cruz. La comunidad atribuye el asesinato a agentes de seguridad privada de Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la española Hidralia Energía S.A. (con sede en La Coruña), la cual ha rechazado las acusaciones e ignora los hechos en su sitio oficial.

El conflicto en Santa Cruz Barillas no es nuevo. Ante la presencia de la compañía española Hidro Santa Cruz y los proyectos de minería que amenazan la zona las comunidades han resistido de forma valerosa. En el año 2007, como relata Magaly Rey Rosa en un artículo de opinión publicado en Guatemala, se reralizó una consulta popular en la que 46.479 habitantes dijeron no a hidroeléctricas y minería. Nueve personas votaron a favor de los proyectos extractivos. Pero el Gobierno de Guatemala ha obviado la decisión soberana de las comunidades.

Escribe Rey Rosa, “hace unos días estalló con violencia el conflicto: miles de personas reaccionaron enardecidamente ante el asesinato de un poblador y las heridas causadas a otros dos, por acciones supuestamente cometidas por trabajadores de la compañía. Sin aprobar el uso de violencia, hay que tener en cuenta la frustración que ocasiona el irrespeto del Gobierno hacia la oposición de la población a la instalación de proyectos hidroeléctricos y de minería metálica en su territorio. Los medios y los comunicadores han descrito estos sucesos, según sus perspectivas a favor o en contra; y recurren a conceptos y palabras que reviven fantasmas de nuestro violento pasado, con lo que se revela el pobre estado emocional de nuestra sociedad. Hoy vemos cómo se gesta, nuevamente, la confrontación”.

El 1 de mayo, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (antes conocido como el represor comandante Tito), decretó el estado de sitio para Santa Cruz Barillas. La justificación era “devolver la gobernabilidad a la zona” ante las manifestaciones y los disturbios que siguieron al asesinato del comunero. En este tiempo han sido detenidas 17 personas. El pasado lunes, abogados del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, que aglutina a decenas de organizaciones indígenas del oeste y el altiplano del país, interpusieron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad del país para que se declare ilegal e inconstitucional el estado de sitio, el cual aún no ha sido resuelto.

Miembros de las comunidades denunciaron en la marcha del 15 de mayo que mientras los hombres huyen a las montañas para escapar de la represión desatada por las fuerzas de seguridad tras la declaración del estado de sitio se han registrado al menos dos casos de violación de mujeres por parte de soldados.

  

Este es el texto íntegro de la carta presentada al gobernador de la zona y al presidente del Gobierno

 

Señor:

Gobernador Departamental de Huehuetenango

Con información a:

Gral. Otto Pérez Molina

Presidente de la República de Guatemala

 

Nosotras y nosotros, los que abajo firmamos y los que acompañamos, somos autoridades comunitarias y municipales, iglesias, organizaciones sociales, vecinos y ciudadanos de los pueblos mayas y ladinos del occidente de Guatemala y a nivel nacional.

Venimos a manifestar nuestro repudio e indignación por los últimos acontecimientos sucedidos en Santa Cruz Barillas; es muestra del racismo estructural del Estado de Guatemala; porque en lugar de defender los intereses de las comunidades, se recurre a la represión para mantener los intereses de empresas nacionales o extranjeras.

Denunciamos enérgicamente la agudización de la militarización, la persecución y el terror como política pública frente a las acciones democráticas de los pueblos, confundiendo la lucha comunitaria pacífica y democrática que se ha reflejado en las 62 consultas comunitarias. Usar las Instituciones del Estado para defender la agenda económica y de competitividad del empresariado nacional y transnacional contradice la Constitución Política de Guatemala.

Ante esta situación manifestamos:

Los últimos hechos acaecidos en Santa Cruz Barillas son consecuencia de una serie de provocaciones que la empresa y las autoridades han realizado al establecer a la fuerza, una hidroeléctrica, donde se ha violado la decisión comunitaria manifestada en el derecho a la consulta, sembrando terror, intimidación, persecución legal contra líderes, amenazas; llegando hasta el punto de quitarle la vida al hermano Andres Francisco Miguel y dejar dos gravemente heridos Pedro Antonio Pablo y Esteban Bernabe.

No es justo reprimir a la población cuando se organiza y se propone luchar por sus derechos colectivos, cuando no se toma en cuenta los antecedentes del problema, las causas que originaron la conflictividad que a nuestro juicio, constituye la presencia de la empresa Santa Cruz, sin el consentimiento de la población.

Esta tensión se incrementa a nivel nacional, la reciente instalación de un destacamento militar en San Juan Sacatepéquez, la imposición de empresas minera en San José del Golfo, la conflictividad social, la re militarización y hostigamiento de empresas hidroeléctricas en el pueblo Ixil. El gobierno está actuando con política contrainsurgente, frente a reivindicaciones legítimas amparados instrumentos nacionales y convenios internacionales; tales como el derecho a la consulta, la defensa de la tierra y el territorio, la identidad y la libre determinación. Esto no es insurgencia, es reivindicación legítima en un Estado de Derecho.

Los hechos ocurridos el primero de mayo en el municiopio de Santa Cruz Barillas son las consecuencia de esta irresponsabilidad del Estado por no atender estas legitimas de los pueblos manifestadas en las consultas comunitarias, en este caso la consulta efectuada en junio de 2007. Consideramos que lo que esta pasado con el pueblo Q`anjob`al de Barillas, nos puede pasar en cualquier momento, porque este acontecimiento es parte de un plan debidamente premeditado; por eso nos reivindicamos “TODOS SOMOS BARILLAS”.

Por eso, ante los graves hechos ocurridos en Santa Cruz Barillas, exigimos que de forma inmediata:

1. Exigimos al gobierno de Guatemala que revoque el Estado sitio que de manera arbitraria y autoritaria impuso a Santa Cruz Barillas.

2. Se esclarezca el crimen cometido contra tres hermanos qanjobales donde vilmente perdió la vida Andrés Francisco Miguel y quedaron gravemente heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.

3. La cancelación de la licencia Cambalam otorgada ilegalmente a la empresa Hidro Santa Cruz, así como también su retiro del municipio de Barillas; por originar conflicto en el lugar desde que se estableció.

4. Poner fin al plan de militarización de nuestros territorios.

5. Respeto a nuestras decisiones emitidas en 62 consultas comunitarias; la anulación de todas las licencias mineras, hidroeléctricas y petroleras que han sido autorizadas sin el consentimiento de nuestras comunidades; que han violado el derecho a la consulta.

Huehuetenango, 15 de mayo de 2012

 

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