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Ministro de Panamá incendia el rancho

sábado 04 de febrero de 2012 La situación en Panamá es grave y el ministro de Seguridad Pública acaba de prenderla un poco más. Denomina a los miles de indígenas que protestan desde el martes contra la ley minera como "secuestradores", habla de "sabotajes" y asegura que su gobierno no va a negociar. Una lección de democracia. Comunicamos los nombres de los 10 docentes detenidos.

De la cuenta de la Policía Nacional de Panamá en twitter. Este país no tiene Ejército.

De la cuenta de la Policía Nacional de Panamá en twitter. Este país no tiene Ejército.

El artículo 29 de la Constitución panameña indica: "Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas... sino por mandato de autoridad judicial". Por tanto, el Gobierno viola el debido proceso

Por Equipo Otramérica

2:00 p.m. Nombres de los 10 docentes detenidos en Santiago de Veraguas: Wilberto Santos, Alexis Peralta, Leonardo Batista, Juan Ábrego, Francisco Rodríguez, Horacio Jiménez, Alberto Barrera, Edwin Riquia, Eduardo Villaquiran y Roger Rujano, según el gremio AEVE.

1:55 p.m. (Hora de Panamá)  José Raúl Mulino, ministro de Seguridad Pública no quiere negociar con los Ngäbe: "El Gobierno no negocia con secuestradores". Por tanto, para él, monseñor Lacunza, mediador en el conflicto que mantiene semiparalizado al país desde el martes, lo que debe hacer es "hacer entrar en razón a los indígenas".

En unas declaraciones explosivas y tras mostrar en la cuenta de twitter de la Policía Nacional el contingente que tiene dispuesto para abrir la carretera en cuanto lo autoricen, Mulino considera que el corte en la telefonía celular en el área de las protestas es "un asunto del sabotaje de las torres de comunicaciones". Se olvida que las propias compañías de telefonían informan desde anoche a sus usuarios en mensajes grabados de que el corte se hace "por órdenes de la autoridad competente".

1:45 p.m. Según informa Frenadeso Noticias son 35 obreros del SUNTRACS detenidos más 5 en Chiriquí. 40 en total. La Cooperativa Bananera del Atlántico de Bocas del Toro (COBANA) da últimatum de 24 horas al Gobierno para una solución a la crisis, de lo contrario se sumarán a los cierres de calles.  Se solidarizan con sus hermanos en lucha y la producción de 12 mil cajas de los 2 últimos días que no han podido ser tranportadas se repartirá gratuitamente en Changuinola.

1:40 p.m. (hora de Panamá) En la ciudad de Santiago de Veraguas la Policía ha cargado contra un grupo de docentes, miembros de Aeve, que cortaba la carretera Interamericana bajo el puente de la calle 7 en solidaridad con los indígenas. Las primeras informaciones hablan de, al menos, 10 detenidos y varios más heridos por el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes.

12:30 m. (hora de Panamá) Se espera una reunión entre la Comisión de Defensa de los Recursos Naturales y de los Derechos del pueblo Ngäbe y el Gobierno en la zona de San Lorenzo. Los indígenas exigen el restablecimiento inmediato de las comunicaciones telefónicas, interrumpidas desde añoche por orden del Gobierno nacional. El constitucionalista Miguel Antonio Bernal insiste en que el 'apagón' telefónico atenta contra las garantías fundamentales.

La comisión de los manifestantes espera en San Lorenzo desde las 12 m, la hora acordada con el Gobierno pero los representantes del Ejecutivo no han llegado.

El gremio de educadores de Veraguas, Aeve, denuncia que la policía impide el paso de una comisión de esta organización que lleva alimentos y agua para los manifestantes, muy debilitados tras 6 días de cierre y casi sin dormir por la presión de la policía.

A primera hora de la mañana, la Policía detuvo a, al menos, 30 miembros del sindicato de la construcción, Suntracs, en una protesta solidaria con los Ngäbe que desarrollaban en la vía Transíismica, en la ciudad capital. El Frente Nacional de Defensa de los Derechos Sociales y Económicos anuncia que los detenidos son trasladados desde la estación policial de Pueblo Nuevo a la Fiscalía de Ancón y teme que se les formulen cargos por terrorismo, en virtud de la ley aprobada por el actual Gobierno y que criminaliza el corte de calles. 

 

6 a.m. A última hora de anoche, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ofreció a la Coordinadora Ngäbe una reunión hoy sábado en la capital, para ello le pondría a disposión un helicóptero. El tema es central porque ayer la comisión gubernamental que se desplazó, en teoría, a negociar, se quedó en la capital de Chiriquí (David) y no hubo acuerdo con la Coordinadora Ngäbe sobre el sitio de reunión. Mientras los ministros insistían en que debía ser en David, los manifestantes mantuvieron su posición de que las negociaciones fueran en San Félix, epicentro de las protestas y lugar en el que se negociaron los acuerdos hace un año, cuando Martinelli se comprometió a prohibir las explotaciones mineras y las hidroeléctricas en la Comarca Ngäbe-Buglé. Además, la delegación del Ejecutivo exigía el levantamiento del cierre de la carretera antes de dialogar, algo a lo que los indígenas no accedieron porque dicen sentirse engañados: "Nos mintieron el año pasado; eso no va a pasar otra vez", explicaba un dirigente de la Coordinadora Ngäbe antes de perder la señal telefónica.

En todo caso, la dirigencia Ngäbe ya dijo anoche que no irá a la ciudad de Panamá y mantuvo que los tres sitios donde está dispuesta a negociar son: el centro misionero Virgen del Camino, en San Félix; el Centro Misionero Jesús Obrero, en Tolé, y la Quebrada de Guabo.

Las organizaciones sociales de Panamá han lanzado una alerta ante la confirmación por parte de las compañías telefónicas del 'apagón' de señal de celular en toda la zona de protestas (desde Viguí, en Verguas, hasta Horconcitos, Chirquí). De hecho, los usuarios de una de las compañías escuchaban el siguiente mensaje cuando trataban de utilizar el teléfono: “Estimados clientes, por orden de las autoridades competentes el servicio de telefonía móvil de nuestra empresa y de todos los operadores ha sido suspendido entre la comunidad de Viguí hasta Horconcitos". El artículo 29 de la Constitución panameña indica: "Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas... sino por mandato de autoridad judicial". Por tanto, el Gobierno viola el debido proceso y, además, pone en riesgo a miles de habitantes de la vasta área 'apagada' que ni siquiera podrán conseguir socorro en caso de urgencia médica. Es un estado de excepción ilegal.

"Es un doble intento de evitar la coordinación de los indígenas a través de celular [ya que los cortes de la vía Interamericana son en diversos puntos] y de que salga información en caso de que la policía antimotines decida intervenir para despejar la carretera", explicaba a Otramérica un líder Ngäbe que está fuera del área y que pidió reserva de su identidad.

Las protestas antimineras de los pueblos Ngäbe y Buglé de 2010 se saldaron con decenas de heridos y con un civil muerto en unos eventos en lo que quedó demostrado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Unos meses antes, en protestas ngäbe en la ciudad de Bocas del Toro, la acción policial se saldó con 8 civiles muertos y unos 600 heridos de diversas gravedad (varios con pérdida de ojos).

 

El trasfondo 

Tras las protestas por el Código Minero y la represión de febrero de 2010, una comisión parlamentaria negoció con los Ngäbe-Buglé los términos de una nueva ley que incluía una excepción a la aprobación de inversiones mineras e hidroeléctricas en la Comarca (territorio legalmente reconocido al pueblo originario más numeroso de Panamá).

Sin embargo, en enero de 2012, cuando la ley entró a debate en la Asamblea Nacional, los diputads oficialistas retiraron en último momento el artículo 5 que trata del asunto. Aunque el Gobierno ha insistido en que ha cumplido con los acuerdos, la eliminación de dicho artículo es una violación clara de los mismos.

 

Criminalización de la protesta

El Ejecutivo, además de cortar la señal de telefonía móvil y de dudar de la autonomía de los indígenas [en las últimas horas a acusado a la "oposición que quiere sembrar el caos" y a "elementos foráneos" de estar detrás de las protestas], ha tratado de criminalizar la protesta, algo habitual en la administración de Martinelli.

Anoche, la Cancillería de Panamá acusó a los manifestantes de mantener secuestrado un autobús de línea internacional con turistas costarricenses y la presidencia los ataca por "no permitir la evacuación de enfermos", retenids en el monumental tranque vehicular que se mantiene desde el martes 31 de enero a las 3 de la tarde (hora de Panamá).

Desde el viernes a las 4 de la tarde, el Gobierno puso en marcha un "puente aéreo gratuito" para evacuar a los atrapados en el atasco y el propio presidente del Gobierno fue al aeropuerto de Panamá a recibir a los "evacuados". Toda una operación estética que, además, pretende aislar más a los manifestantes indígenas.

Sin embargo, ya los transportistas de la provincia de Chiriquí anunciaron un paro en solidaridad con los Ngäbe-Buglé a partir de hoy sábado y los sindicatos comenzaron a realizar paros parciales para respaldar los reclamos de los manifestantes.

Mientras, una zona de sombra se instala en Panamá. Si en 2009, el Gobierno bloqueó la provincia de Bocas del Toro antes de desatar una represión que no se recordaba en el país desde la dictadura militar, ahora la carretera Interamericana es un territorio del que no sabemos nada.

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