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Muertos sin asesinos

viernes 08 de julio de 2011 Fue la crisis más grave ocurrida durante la administración de Ricardo Martinelli en Panamá. Hace ahora un año, la Policía se ensañó con miles de trabajadores de las bananeras de la etnia Ngäbe-Buglé en la represión de unas protestas que acabó con, al menos, 2 muertos y casi 800 heridos. Ni un autor material o intelectual ha pagado por ello.

Arsenio Rodríguez, uno de los trabajadores que quedó invidente tras la represión de Changuinola.

Arsenio Rodríguez, uno de los trabajadores que quedó invidente tras la represión de Changuinola. Beatriz Goycochea

Human Rights Everywhere, la Defensoría del Pueblo e, incluso, una comisión nombrada por el Gobierno, señalaron que hubo uso excesivo de la fuerza y numerosas violaciones a los Derechos Humanos.

Por Beatriz Goycochea

Las autoridades panameñas no encuentran [ni buscan] culpables. Ni un solo responsable que responda por las muertes de Antonio Smith y Virgilio Castillo, dos trabajadores de las bananeras de Chanquinola, en la provincia de Bocas del Toro, que fueron asesinados entre el 8 y 10 de julio de 2010 mientras participaban en unas protestas.

En 2010, el gobierno de Panamá aprobó la llamada “ley chorizo” o Ley 30 que, entre otras cosas, abría el abanico para que los trabajadores pudieran decidir si querían o no sindicalizarse. Hasta entonces, el pago de la cuota sindical era obligatoria para todos los que laboraran en alguna empresa o industria que tuviera sindicato.

Los trabajadores panameños reaccionaron y dijeron que la nueva norma era un intento por destruir las organizaciones sindicales. En Bocas del Toro, la provincia más occidental de Panamá, las protestas se iniciaron de forma pacífica pero fueron tomando calor cuando los manifestantes sintieron que el Gobierno no atendía sus exigencias.

Un año después de los disturbios, el Ministerio Público no ha definido quién disparó los perdigones que le causaron la muerte a Smith y a Castillo, aunque las investigaciones forenses son claras: ambos fallecieron por las heridas por perdigones que sufrieron en varios órganos vitales.

Más casos

Diversas organizaciones de derechos humanos, como la Human Rights Everywhere, la Defensoría del Pueblo de Panamá y la propia comisión formada por el Gobierno para averiguar lo acontencido en la ciudad de Changuinola, establecieron en sus informes que los miembros de la Policía Nacional asignados a la operación de represión habían hecho uso excesivo de la fuerza, no habían seguido los protocolos establecidos para sofocar protestas y había disparado a corta distancia y por encima del cinturón. También señalaron que el número de víctimas fatales podría llegar a 10, porque otras 8 muertes podrían tener relación directa con la represión de las protestas pero nunca se hicieron autopsias o investigación alguna sobre esos casos.

Las protestas violentas, que se extendieron durante tres días, dejaron además un total de 716 heridos, entre ellos 78 de gravedad. De acuerdo con los datos del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana), 67 sufrieron daños en alguno de sus ojos, dos perdieron la vista totalmente, dos sufrieron perforaciones en el riñón, otro con perforación en el pulmón, uno más está en silla de ruedas con más de 130 perdigones en un pie, y otros varios tienen la parte superior del cuerpo repleta de perdigones.

Las protestas cesaron cuando trabajadores y el Gobierno firmaron un 'documento de paz' en el que, entre otras cosas, el Ejecutivo se comprometió a no perseguir judicialmente a los manifestantes y a ayudar a los heridos con pensiones e indemnizaciones. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene abierto un proceso contra más de 100 trabajadores que participaron en las protestas, y que fueron heridos en ellas, bajo los cargos de atentar contra la seguridad colectiva, la integridad personal y la libertad.

Hasta ahora, el Ejecutivo solo ha reconocido el pago de 250 dólares mensuales a los 78 trabajadores más afectados, que por sus heridas no han podido retomar sus labores en el bananal. Las viudas de Smith y Castillo, por su parte, se reubicaron en viviendas nuevas construidas por el Gobierno. A otros afectados también se les han construido casas nuevas, pero se lamentan de la falta de ingresos suficientes y de la incertidumbre de su futuro.

Negociando las migajas

Apenas el 20 de junio pasado, el Ejecutivo retomó las negociaciones con los trabajadores del banano y se recomenzaron a discutir los temas de las pensiones permanentes y las indemnizaciones. Los sindicalistas aspiran a que la ayuda mensual aumente a 350 dólares, y para los dos que perdieron totalmente la visión -Alfredo Jiménez y Arsenio Rodríguez- que la pensión sea de 400 dólares.

El gobierno, por su parte, quiere que la pensión se mantenga en 250 dólares mensuales, aunque sí aprueba los 400 dólares para los ciegos totales.

El diálogo volvió a estancarse, sin embargo, porque el Ejecutivo quiere que “cese toda actividad o acción de protesta pública que perturbe el ambiente de tranquilidad para la provincia” lo que, según los obreros, es una forma de comprarles el silencio. Además, tampoco se ha discutido el tema de las indemnizaciones.

“No quieren que hablemos de la indemnización... Dicen como que aquí no ha pasado nada”, reclama Arsenio Rodríguez, uno de los dos que perdió totalmente la vista.

Trabajadores y Gobierno han anunciado que regresarán a la mesa del diálogo el próximo 12 de julio.

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