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Mundial de Fútbol y Olimpiadas en Río de Janeiro: pierde el pueblo

lunes 09 de junio de 2014 El Gobierno de Brasil no quiere ruido a pocos días del inicio del Mundial de Fútbol. Pero las organizaciones de base de Río de Janeiro acaban de presentar un informe en el que denuncian, con todos los detalles, las violaciones a los derechos humanos que llegan con este Mundial de Fútbol y con las futuras Olimpiadas de 2016. Para no perder detalle.

"Hay una política de reubicación de los pobres de la ciudad para dar servicio a los intereses inmobiliarios y a las oportunidades de negocio, acompañado todo ello de acciones violentas e ilegales"

Por Equipo Otramérica

El Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río de Janeiro  es uno de los 12 que funciona en todo Brasil para fiscalizar la acción del estado y coordinar las resistencias ante el embate de los megaproyectos asociados a la Copa Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016). A pocos días de que arranque el Mundial, el Comité de Río ha presentado su informe sobre megaeventos deportivos y violación de derechos humanos y el balance es muy negativo. “Entre las docenas de obras y megaproyectos, Río de Janeiro es el objeto de un ‘juego’ de cartas marcadas donde los que ganan -mucho- son algunas empresas y políticos y quién pierde es la población”.

En 89 páginas, la organización popular vence la “grave falta de información pública” para hacer un exhaustivo análisis de los pasivos sociales, ambientales y económicos que están dejando estos dos grandes eventos que se celebran en Río de Janeiro.  El estudio detalla desde las al menos 4.772 familias (16.700 personas) de Río de Janeiro desplazadas por proyectos urbanísticos o de infraestructuras relacionados con el Mundial o las Olimpiadas a las 4.916 familias que están ahora amenazadas de desalojo por, entre otros, proyectos tan descomunales como la ampliación de la terminal del aeropuerto internacional o la ampliación de la tercera pista del mismo; desde las 21 muertes violentas provocadas por las fuerzas de seguridad entre 2011 y 2014 en las favelas controladas por las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP) hasta la militarización de facto de la ciudad; desde el incremento en un 65,2% en el precio del metro cuadrado de vivienda de compra en los últimos 3 años hasta el 43,3% de alza en la vivienda de alquiler; desde la violación de los derechos laborales en las obras relacionadas con estos megaeventos a la criminalización del trabajo informal

El informe es prolijo y merece una lectura detallada (por eso os recomendamos descargarlo y analizarlo), pero, básicamente, desenmascara “una política de reubicación de los pobres de la ciudad para dar servicio a los intereses inmobiliarios y a las oportunidades de negocio, acompañado todo ello de acciones violentas e ilegales”. “La ciudad de Río de Janeiro está viviendo un profundo proceso de mercantilización y elitismo”, afirman los autores del informe, que respaldan esta afirmación con datos oficiales del encarecimiento de los servicios, la elitización de la oferta comercial y las operaciones de “higiene” en los cordones donde se amontona la población más excluida.

El negocio está en marcha y si está claro que son los más los perjudicados, hay unos pocos que se están lucrando con unos sobrecostos en las obras de hasta el 65% (en el caso del Mundial) y unos presupuestos nada claros que pueden duplicar el costo de las Olimpiadas respecto a lo propuesto en la candidatura de la ciudad. “Destacan en este capítulo los contratistas conocidos como los ‘cuatro hermanos’: Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS y Camargo Corrêa”.

Las grandes empresas se benefician de unos proyectos que, según el Gobierno Federal de Brasil, se iban a desarrollar de forma principal gracias a la inversión privada pero que, con la información disponible, se puede afirmar que se trata de grandes inversiones públicas (hasta un 85% del total del dinero para el Mundial) que luego son ‘regaladas’ a empresas privadas que las desarrollan o las gestionan.

El negocio debe ser muy bueno porque, como ejemplo, el Comité Popular destaca que los estadios del Mundial de Brasil 2014 han costado 2 veces más que los del de Alemania 2006, a pesar de que la mano de obra es considerablemente más cara en el país europeo.

El informe también recoge graves atentados contra el patrimonio arquitectónico de una ciudad que es patrimonio urbano de la humanidad y contra el ambiente.

Para poder hacer todo esto, las autoridades municipales, estatales y federales, en connivencia con la FIFA, el Comité Olímpico Internacional (COI) y las grandes empresas, han puesto en marcha un marco legal “de excepción” que limita los derechos ciudadanos y criminaliza a todo aquel que proteste. “En consonancia con la ley aprobada a nivel federal, la ley de la Copa y los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro puede ser considerada como una expresión de un cierto patrón de intervención de gobierno, marcada por el autoritarismo y la excepción. En general, se trata de medidas que crean excepciones relativas a la legislación aplicable en el Estado y trasladado a la FIFA, el COI y sus filiales, la facultad de dirigir la gestión de los espacios públicos, incluso aquellos indirectamente afectados, por estos mega eventos”.

Por todas estas razones, el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río de Janeiro cierra el informe con propuestas concretas que garanticen el acceso a la información, la participación ciudadana en lo que queda por delante (recordemos que las Olimpiadas son en 2 años), y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. También hace la tarea en su informe de mostrar todos los hitos de la resistencia popular, que ha sido permanente y que estos días aparece en los medios de comunicación convencionales tratada como un suceso, en lugar de cómo lo que son: procesos dignos de resistencia ante la acción concertada del Estado y las empresas en esta modalidad de megaproyectos económicos.

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