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radar COLOMBIA / Falsos Positivos

No hay justicia para las víctimas del Batallón Calibió

viernes 13 de enero de 2012 En Colombia se investigan 2.701 asesinato de civiles por parte de soldados que luego eran presentados como "falsos positivos". El tema candente de la reforma del sistema judicial que se debate en el país es la recuperación y el papel del "fuero militar". A los familiares de las víctimas, hasta hoy, no les ha servido ni la justicia ordinaria ni el fuero militar.

Este reportaje de La Silla Vacía muestra la realidad de Colombia. La impunidad ayuda a los víctimarios de los "falsos positivos".

Por La Silla Vacía

El fuero militar será uno de los temas fuertes que el Gobierno de Colombia tendrá que defender en 2012. La decisión del Ministerio de Justicia de incluir ese 'mico' en la Reforma a la Justicia causó un polvorín el año pasado que sigue activo. Este año continuará la discusión que por ahora está en manos de una comisión encargada de sugerir modificaciones a la justicia penal militar.

En esta discusión, el tema candente son los 'falsos positivos' [civiles asesinados por soldados y presentados como guerrilleros muertos en combate] y frente a este crimen pocos casos son tan ilustrativos -tanto para defensores del fuero como para sus detractores- como el del Batallón Calibío, una de las unidades más cuestionadas por presentar campesinos inocentes como guerrilleros muertos en combate es la Séptima División del Ejército y específicamente el Batallón Calibío, adscrito a la Brigada 14 con sede en Cimitarra, Santander.

El informe de la comisión sobre falsos positivos liderada por el General Carlos Arturo Suárez y que ocasionó la destitución de 27 militares en 2008, identifica al Batallón Calibío como la unidad donde más militares fueron destituidos en conexión con los falsos positivos. Allí salieron dos de sus ex comandantes (que eran coroneles), un capitán y tres suboficiales más.

Frente a militares de este Batallón, hay abiertas 14 investigaciones por denuncias de familiares de campesinos que murieron como 'falsos positivos'. Seis de estos casos están en la justicia penal militar. Y diez están en la justicia ordinaria.

Lo irónico es que con una sola excepción, los casos no muestran ningún avance en ninguna de las dos justicias, aunque la información con que cuenta la Fiscalía proviene de las confesiones de los mismos militares.

 

De victimario a víctima

Uno de los casos que ya tiene confesiones en el expediente pero que no avanza en la justicia penal ordinaria es el de la muerte de Aicardo Antonio Ortiz. Este hombre de 67 años murió el 8 de julio de 2008 cuando estaba cerca de su casa, en la vereda Jabonal, en Yondó, un municipio antioqueño ribereño del río Magdalena.

La versión oficial del Ejército dijo que un grupo de soldados llegó a la casa de Ortiz pero fue recibido con disparos y por eso le respondieron de la misma forma. El cuerpo fue presentado como el guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) conocido con el alias de “El Murciélago”, junto con una granada, un radio de comunicación, un pantalón camuflado y dos metros de mecha lenta.

Esa versión no coincidió en nada con la de los vecinos de Ortiz. Ellos defendieron que el muerto era un campesino y no un guerrillero y que la verdad era que hacia las 5:30 de la mañana los soldados habían golpeado la puerta de su casa, él abrió y cuando los vio se asustó y cerró la puerta. Entonces, los militares entraron a la fuerza, le dispararon y lo sacaron arrastrado de su cuerpo.

La confrontación entre unas versiones y otras se mantuvo ante la justicia penal militar y no avanzó gran cosa hasta que el teniente Édgar Flórez, que comandaba el grupo que reportó la muerte de Ortiz, decidió confesarle a la Fiscalía a cambio de beneficios de la justicia la verdadera historia.

Dijo que efectivamente hacia las 5:30 de la mañana, él envió a un cabo y tres soldados a la casa del campesino porque un informante les había dicho que era guerrillero y tenía orden de captura. Luego se escucharon unos disparos. El cabo le reportó por radio que tenían una baja y que él les había pedido que “no dieran papaya” y que aseguraran la zona, pero cuando llegó a la casa encontró afuera a un hombre tirado boca abajo y con un revólver en la mano. Al día siguiente, según contó el oficial Flórez, antes de que el CTI realizara el levantamiento del cuerpo, el coronel Wilson Ramírez, que era su superior, le envió un “paquetico” con uniformes camuflados, panfletos, brazaletes de las Farc y un radio de comunicaciones. “Se organizó todo como estaba ordenado por mi coronel Ramírez”, decía la declaración de Flórez.

Luego otro soldado aceptó que había disparado contra el campesino y junto con el oficial llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. El teniente Flórez fue detenido y trasladado a Tolemaida y unos pocos días después se retractó de su confesión. Dijo que le habían pagado para que admitiera esa culpa y que la Fiscalía lo había obligado a inventar esa versión. Hasta ahí avanzó el caso en la Fiscalía.

Pero la muerte de Aicardo Ortiz sirvió para aclarar otra muerte que había ocurrido el 7 de agosto de 2005. Ese día murió Sigifredo Castaño a manos del Ejército, y entre los militares que estuvieron involucrados en esa muerte estaba el soldado Ortiz, el hijo de Aicardo. Aunque siempre había guardado silencio sobre la muerte de Castaño, cuando su papá murió de una manera casi calcada decidió hablar.  

 

Camuflaje legal

Esa muerte ocurrió en la vereda Caño Tigre, del municipio de Remedios, en Antioquia, y según las investigaciones fue el primer caso reportado en la zona como muerte de un civil inocente a manos de militares. El reporte oficial decía que la muerte de Castaño había ocurrido durante un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por eso al muerto lo presentaron con un fusil AK47 en sus manos y vestido de camuflado. Como en el otro caso, los vecinos fueron quienes denunciaron la mentira y ante la Fiscalía explicaron que se trataba de un líder campesino de 50 años que había sido detenido en su finca vestido de civil y después apareció muerto y vestido de camuflado.

En este caso, a pesar de las denuncias de los vecinos del campesino, el fiscal 87 de Segovia trasladó la investigación a la justicia penal militar apenas unas horas después de recibir el caso. El Juez 40 de Instrucción Militar tenía sede en las mismas instalaciones del Batallón Calibío y el fallo salió a favor de los militares al poco tiempo, con base en el testimonio de cinco desmovilizados que respaldaron la versión de que Sigifredo Castaño era un guerrillero, aunque ninguno dijo que hubiera visto cómo fue la muerte. El fallo decía que había sido una baja legítima porque el muerto era guerrillero, pero el juez no intentó establecer cómo se dio la muerte. La Procuraduría también archivó el caso en abril de 2007.

Pero después de la muerte de Arcadio Ortiz, su hijo les contó a sus superiores y a las autoridades cómo había ocurrido de verdad la muerte de Castaño. Dijo que un informante sacó de su casa al campesino y se lo entregó a los militares de contraguerrilla Demoledor Uno y se lo llevaron hacia el monte. Ahí, según contó el soldado y aparece en el expendiente disciplinario pero en ninguno de los penales, el sargento les ordenó a los soldados disparar a los lados y luego le pidió el fusil a un soldado, los proveedores a otro y al médico le pidió los guantes de combate, se los puso, cargó el fusil, accionó el arma y tomó el dedo del muerto y accionó el fusil. Con eso quedó legalizada la muerte.

Ese testimonio sirvió para que se reabriera el proceso disciplinario, pero hasta ahora el proceso penal militar sigue cerrado. Es decir, corrió la misma suerte del otro caso en la justicia ordinaria.

Y hay más casos. Como el de Miguel Ángel González, de 23 años, quien murió el 27 de enero de 2008. A él lo presentó el Batallón Calibío como alias “Julián” y el reporte oficial dice que murió en combate. Al general Carlos Arturo Suárez, quien presidió la comisión del Ejército, le dieron otra versión los militares. Le dijeron que lo habían matado cuando intentó meterse a la base militar aunque no hubo información de inteligencia para realizar esta operación y que fue producto de una orden directa de un comandante. Y hay una tercera versión: los amigos de González dicen que él estaba cortando madera y apareció muerto sin más explicación. El caso fue asumido por once meses por la justicia penal militar pero en 2009 pasó a la justicia ordinaria y llegó a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Sin embargo, casi dos años después, no ha habido ningún avance según familiares de González.

El informe de la comisión del Ejército que dirigió el general Carlos Arturo Suárez no está siendo usado en ninguno de los casos denunciados en el Batallón Calibío aunque tiene conclusiones claras sobre la falta de informes de inteligencia y de procesos erróneos.

Hoy solo una investigación, de las 14 denuncias en que los civiles dicen que murieron personas inocentes, muestra algún avance: un llamamiento a juicio por parte de la Fiscalía.

Para estos campesinos que esperan una respuesta de la justicia, el debate entre los defensores y los detractores del fuero penal militar es prácticamente irrelevante. Las dos les han fallado.

 

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