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Paraguay: Detenido el ex director del Instituto del Indígena por estafa y robo

lunes 07 de octubre de 2013 El ex director del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) retiró más de 2.900 millones de guaraníes cuando ya había sido imputado ante la justicia por la venta ilegal de territorios indígenas. El funcionario llegó con la nueva administración que instauró el gobierno de facto en julio de 2012, luego del golpe de Estado en contra de Fernando Lugo.

Por OTRAMÉRICA / VARIAS FUENTES

Dos semanas lleva privado de libertad Rubén Darío Quesnel, antepenúltimo director del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), quien resultara acusado por la justicia de malversar 2.900 millones de guaraníes (unos 651.330 dólares estadounidenses), y por la venta de 25 mil hectáreas del pueblo Ayoreo, del Chaco.

La fiscala Alba Delvalle también imputó por el delito de la venta de las tierras, en el grado de complicidad, a la compradora Julia Beatriz Vargas y a la abogada del INDI, Carmen Marcela Orlandini. El monto de la venta alcanzó 1.250 millones de guaraníes más (cerca de 280.700 dólares).

La historia de abuso y discriminación en contra de los pueblos originarios de Paraguay reproduce lo que sucede en muchas latitudes de América. Una institucionalidad que se instaló y tomó posesión de las tierras y las distribuyó entre nuevos propietarios, para “hacerlas productivas”, desde que se conformaron los países.

El INDI se creó en plena dictadura de Alfredo Stroessner, en 1981, con la supuesta intención de avanzar en la reparación por el abuso histórico del Estado, que durante el gobierno de Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado a principios de siglo, vendió a precios irrisorios terrenos que legalmente eran del Estado paraguayo, pero que legítimamente pertenecían a las 20 naciones indígenas que cohabitan el país, y que representan cerca del 5% de la población (unas 112 mil personas).

Pero no sería sino hasta 1992, con la nueva Constitución, que la institucionalidad reconocería jurídicamente los derechos de los pueblos indígenas, adaptando las leyes internas a la altura de lo que exige la legislación internacional en materia de derechos.

Quesnel, el ex funcionario encargado del INDI -institución que rige las políticas públicas y se encarga de restituir tierras y territorios a los pueblos indígenas- llegó al puesto de la mano del Gobierno de facto el 13 de julio de 2012, menos de un mes después del Golpe de Estado en contra de Fernando Lugo -22 de junio- hasta el 14 de abril de este año. Nueve meses demoró en parir una estafa y un robo millonarios a los más desposeídos de su país, representados en los pueblos indígenas.

En la administración anterior, el abogado Óscar Ayala Amarilla -quien llevó los casos de las tres comunidades ante la Corte IDH-, se había consolidado un proceso de restitución de tierras y derechos de manera paulatina y sistemática, proceso que se vio interrumpido con el Golpe de Estado de 2012, cuando asume el nuevo director, Rubén Darío Quesnel.

El primero caso que llevó a la destitución de Quesnel, y lo enfrentó ante la justicia, fue la venta de las 25 mil hectáreas de territorio ayoreo, donde viven 19 familias indígenas, a raíz del cual fue imputado y destituido el 14 de abril de este año. Y el segundo, sorprende que lo ejecutó cuando ya estaba imputado por el primero, retira los 2.900 millones de guaraníes del banco, que debían destinarse al desarrollo de comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa, según ordenó una sentencia de la Corte IDH.

Queda la pregunta ¿Cómo un funcionario que ha sido imputado, y luego destituido por un proceso de estafa, tieen acceso a retirar esa suma de dinero?

El individuo intentó un descargo señalando que el dinero se entregó a la naciente Fundación "Reforeast Par", encabezada por Oscar Enrique Viera, quien declaró ante la Fiscalía que el dinero nunca llegó a sus manos, cosa que respalda con los talonarios de recibos que se mantienen en cero, dado nunca llegaron a utilizarse y la ONG no ha entrado en vigencia.

Hasta ahora el dinero se ha esfumado, no se sabe el paradero aunque el responsable se encuentra en prisión preventiva mientras dura el proceso judicial. Las comunidades aún no logran los recursos, y aún esperan por justicia.  

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