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Persecución a medios comunitarios en Suramérica

miércoles 30 de noviembre de 2011 La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que cinco medios de comunicación locales, privados y comunitarios de América del Sur, fueron víctimas de ataques violentos que privaron a algunos de ellos de seguir emitiendo. Chile, Argentina o Bolivia, aparecen en la lista.

Por Esteban Acuña / El Ciudadano

 

Agro TV, un canal de televisión comunitario comprometido con el desarrollo local, sufrió un atentado el 21 de octubre pasado en el que robaron parte de sus equipos y los cables que sostenían la torre de transmisión fueron seccionados. La radio, ubicada en el Cerro Monjas, en la provincia de Quillota, actualmente no puede continuar con sus transmisiones.

Un caso similar es el que ocurrió con radio Tentación de Paine, luego que la emisora fuera desmantelada por la Policía de Investigaciones, el 8 de noviembre de 2010, por transmitir sin concesión. Este viernes 2 de diciembre el radialista comunitario Marcelo Nuñez, será formalizado en el 2º tribunal de garantías deSan Bernardo.

Kimche Mapu, radio comunitaria Mapuche ubicada en Lanco, XIV Región, fue denunciada ante la justicia por Gilberto Santana, concejero municipal y propietario de la estación Radio Lanco, por “interceptación de telecomunicaciones”. La estación también está siendo formalizada en los tribunales de San José de la Mariquina, y podría desaparecer si prospera la acusación. La cobertura de Kimche Mapu es mínima, alcanza solo a cinco comunidades de mil 300 personas y el servicio que presta a su comunidad no la ofrecen los medios comerciales.

La presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y presidenta de Corporación La MoradaMaría Pía Matta, aseguró que muchas de las radios comunitarias transmiten de manera no autorizada y cuando son descubiertas sus gestores son enviados ante la justicia y se les aplica derecho penal. “Es decir, se sanciona un acto de libertad de expresión con derecho penal, lo que -agrega- está reñido por los estándares internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por el artículo Nº13 del Pacto de San José de Costa Rica”.

Reporteros Sin Fronteras, Amarc y diversos organismos internacionales colaboran en conjunto para que la ley 20.433 de Radios Comunitarias y Ciudadanas, aprobada en el gobierno de Michelle Bachelet y promulgada en 2010, durante el gobierno de Sebastián Piñera, sea reformada o incluso reemplazada por considerar que se contradice con los fundamentos de la libertad de expresión.

Pía Matta asegura que las radios comunitarias “ejercen un derecho a hacer comunicación distinta y diferenciada y tienen derecho a tener frecuencias. Durante los 20 de gobiernos de la Concertación este problema no se resolvió, por el contrario, se agudizó”.

Y conminó a que tanto la Anarcich (Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile) como la Archi (Asociación de Radiodifusores de Chile), se hagan cargo de lo que han hecho durante los gobiernos concertacionistas, que en definitiva redunda en las leyes que tenemos.

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EN EL OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN

En Argentina el panorama tampoco es alentador. La radio comunitaria FM Paj Sachama, comprometida con la defensa de las poblaciones indígenas, sufrió el ataque de dos individuos armados, el 10 de septiembre recién pasado. Ambas personas amenazaron con sus armas a los trabajadores y dañaron los talleres, el equipo y las instalaciones de la emisora.

También, la radio local privada FM Sapucay fue prácticamente destruida por un incendio el pasado 18 de noviembre. Según su director, Vitalino Acosta, “las pericias confirmaron que no fue un accidente sino que se trató de un ataque intencional porque encontraron vestigios de combustible”. La emisora se ha destacado por denunciar irregularidades cometidas por las autoridades locales.

En Bolivia, el 14 de noviembre pasado, la estación Radio Comunitaria Yapacaní y el Canal 8 Televisión Comunitaria Yapacaní, fueron víctimas de un ataque de un grupo de allegados al alcalde de la provincia,David Carbajal, quien fue acusado de corrupción. Recién pasados cuatro días del hecho, la radio y el canal pudieron reanudar, de manera parcial sus emisiones con el 70% de su equipo desmanetaldo y sustraído por los agresores.

El informe emanado por Reporteros Sin Fronteras sostiene que “los medios de comunicación comunitarios, en especial las radios, están lejos de gozar en todas partes del reconocimiento legal que deberían tener (…) esto, pese a que representan una fuente de información importante sobre temas de interés mayores, como el medio ambiente, los conflictos agrarios, la situación de las minorías o el desarrollo local”.

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