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Los guaraníes quieren decidir

viernes 14 de septiembre de 2012 Al gobierno de Evo Morales se le disparan los conflictos alrededor de la autonomía territorial de los pueblos ante el avance de los megaproyectos extractivos. Ahora es la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) la que ha forzado negociaciones después de varios cortes de carretera exigiendo tener voz sobre la instalación de proyectos petroleros en el chaco chuquisaqueño.

Imagen de archivo de una movilización de la APG en 2011.

Imagen de archivo de una movilización de la APG en 2011.

Por Equipo Otramérica / Varias fuentes

Lo que ha empezado como una protesta por la instalación de una planta separadora de líquidos, se ha convertido en un reclamo general sobre autonomía y sobre el la acción del gobierno en territorio Guaraní. El principal reclamo tiene que ver con a consulta y participación del pueblo sobre la presencia de las petroleras y el acceso a los porcentajes de regalías por hidrocarburos. Pero la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) va más allá porque, según dijo el miércoles el presidente del Comité de Bloqueo de la Asamblea, Higinio Coca,  “los guaraníes se sienten traicionados por el gobierno, porque sólo beneficia a organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo”. Por eso, el pliego de peticiones se ha ampliado a la mejora en los servicios de salud y educación y al papel del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el saneamiento de las tierras. “Las soluciones tiene  que ser integrales”.

Uno de los puntos de disputa más importantes es que las tierras donde se quiere instalar la planta separadora de líquidos Gran Chaco son, según la APG, parte del Tierras Comunitarias de Origen (TCO) mientras que los técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) insisten en que son privados y que han sido comprados legalmente.

Por todo ello, el miércoles pasado unos 500 indígenas cortaron la vía Santa Cruz-Yacuiba en la localidad de Macharetí, dentro del territorio del chaco chuquisaqueño. Ayer jueves se levantó temporalmente el bloqueo tras confirmarse que altos funcionarios de La Paz se reunirán con líderes de la APG, reunidos en Macharetí. Así lo confirmó el presidente de capitanía guaraní del chaco chuquisaqueño, Néstor García.

 

Los otros frentes

La disputa entre los guaraníes y el gobierno de La Paz se suma a los otros frentes de conflicto que agitan Bolivia, todos ellos relacionados con megaproyectos extractivos o de infraestructuras. Se mantiene una situación muy tensa en el TIPNIS, donde el Gobierno realiza una consulta sobre un conflictivo proyecto de carretera impulsado por Brasil que atraviesa el territorio indígena y parque natural. La mayoría de las comunidades no respaldan la consulta que, de hecho, no ha podido realizarse en el tiempo previsto. Los habitantes originarios del TIPNIS mantienen el bloqueo de los ríos para impedir una consulta que consideran ilegal que va en contra de la Ley Corta aprobada hace un año y que paralizaba la construcción de la carretera. 

Más tensa se puso la situación en El Alto, donde los dirigentes de los Ponchos Rojos, de la provincia Omasuyos de La Paz, firmaron ayer un acuerdo con el Gobierno que frenó su movilización, tras la retención durante casi tres horas de tres autoridades gubernamentales sobre una pasarela ubicada en la avenida Juan Pablo II de la ciudad de El Alto. Esta medida fue inmediatamente bautizada por transeúntes del lugar como un "pasarelazo", según informa la agencia de noticias Indígenas.

Los campesinos paceños exigen la renuncia de dos ministras y una solución inmediata a la intervención de la empresa distribuidora de electricidad Emprelpaz, además de otras demandas. Los conocidos como Ponchos Rojos retuvieron a la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, al gobernador de La Paz, César Cocarico, y al senador Eugenio Rojas, sobre una pasarela de la avenida Juan Pablo II de la ciudad de El Alto. Parte del acuerdo es que se reunirán en las próximas horas con Evo Morales.

Y en un conflicto de carácter diferente, los mineros cooperativistas que cercan La Paz desde hace  días amenazan con cortar los suministros de energía y agua potable de la capital si el gobierno de Evo Morales no da curso a sus demandas respecto a la mina estatal Colquiri. A tiempo que se da esta protesta de los mineros privados, comienza a haber denuncias de ex mineros cooperativistas que han relatado como el tipo de minería “privada” que impulsa la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (FEDECOMIN), líder de las protestas, “se basa en la explotación, servidumbre y el juqueo (robo de mineral) como prácticas cotidianas que benefician a un grupo privilegiado de ‘cabecillas’ que viven de la mano de obra de sus ‘socios”.

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