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La voz de los Triquis en México D.F.

jueves 13 de octubre de 2011 En México se sigue celebrando el Día de la Raza, pero también hubo ayer manifestaciones alternas. La Marcha Unitaria por los Derechos de los Pueblos reunió a muchas comunidades afectadas por megaproyectos mineros, hidroeléctricos o eólicos. Patricia Verón estuvo allí.

Por Patricia Verón

La lucha del municipio autónomo San Juan Copala es dura. Los megaproyectos que se quieren imponer en la zona han llevado a un grado de represión contra la población que ya ha costado la vida a 35 civiles y el desplazamiento forzado de 150 personas del pueblo indígena Triqui a México D.F. De nada han servido las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno de México hace un año para la protección de 135 personas.

Por estas razones, los desplazados de San Juan Copala (Oaxaca) fueron protagonistas ayer de la marcha realizada en el Distrito Federal en la que participaron otros movimientos sociales: ambientalistas, sindicatos y organizaciones populares.

Tal y como relata el Sindicato Mexicano de Electricistas (participante en la protesta), “la marcha salió del Ángel de la Independencia y desemboco en el Zócalo capitalino pese a la lluvia. Una vez ahí los ciudadanos de los Pueblos y Barrios en Defensa de Azcapotzalco, los opositores a la Presa Zapotillo, del Estado de Jalisco, los integrantes del Frente en Contra de la Supervía, así como la Alianza del Valle de México, denunciaron los atropellos que han sufrido debido a los intereses de las inmobiliarias y empresas privadas que subordinan las necesidades de los más por el lujo de los menos”.

“Por trabajar nos matan, por vivir nos matan. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. Por luchar nos matarán (...) Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios. Muertos nos quieren…”  (Quinta Declaración de la Selva Lacandona)

Los desplazados de San Juan Copala exigen la suspensión de las concesiones mineras en sus territorios, que se reconozca su derecho a la autonomía política y se pare el fenómeno del paramilitarismo. El Gobierno del Estado utiliza como fuerza paramilitar contra la población resistente al grupo autodenominado como Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). “Se debe reconocer el derecho de las comunidades triquis a establecer su propia policía comunitaria y la obligación del Estado en la garantía de seguridad para todos los habitantes, garantía que no puede estar fundada en la ocupación militar o policiaca de los poblados, sino en la captura, desarme y encarcelamiento de las bandas paramilitares, independientemente de su filiación política. Debido a la tradicional complicidad de la policía estatal y regional con las bandas paramilitares, las fuerzas que asuman el control deberán actuar conjuntamente, bajo un mando federal y deberán contar con la vigilancia de una comisión de verificación constituida por personal operativo de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, insisten los desplazados triquis.

 

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