Opinión

Ordóñez Maldonado, el procurador que se opone a la paz

Lunes 07 de octubre de 2013 - Alejandro Ordóñez Maldonado no solo es el polémico Procurador General de Colombia, sino una piedra en el zapato del proceso de paz impulsado por el presidente Juan Manuel Santos. Pero quizá es algo más, la muestra de que la paz es un asunto de gobiernos, pero la guerra es un tema de Estado.

Por Germán Ayala Osorio

Las preguntas, dudas y cuestionamientos que el Procurador Ordóñez Maldonado viene haciendo en torno a la ilegalidad de algunos encuentros de funcionarios públicos con miembros de las Farc, en La Habana, dejan entrever que la apuesta por la paz y que los apoyos al proceso de paz que se desarrolla en Cuba, se reducen a las intenciones del Presidente Santos, de sectores de su Gobierno e incluso, de algunas instituciones estatales, lo que de inmediato desecha o debilita la idea de que la consecución de la paz con el grupo armado ilegal, es, claramente, un propósito de Estado. Por ello, con certeza se puede afirmar que históricamente la paz ha sido un asunto de Gobiernos, pero la guerra es y seguirá siendo una decisión y una motivación de Estado. 

En ese contexto, los pronunciamientos de Ordóñez Maldonado[1] y las pesquisas que ordenó, lo inscriben, por el cargo que ocupa y la ideología en donde se inscribe, en un claro enemigo de la paz, en un fuerte contradictor y por ese camino, en un duro obstáculo para el proceso mismo y la consecuente refrendación de los acuerdos a los que se lleguen en la mesa de diálogo instalada en La Habana.

Ordóñez Maldonado actúa como un incisivo Procurador que de manera equivocada deslegitima los encuentros entre políticos (Congresistas, especialmente) y los negociadores de las Farc. Y por ese camino, amenaza con abrir investigaciones disciplinarias contra aquellos que ‘osadamente’ se hayan entrevistado, sin el permiso expreso del Presidente, para hablar con miembros de la cúpula de las Farc.

Por esa vía, el Procurador Ordóñez busca poner en la misma balanza los procesos penales que la Corte Suprema de Justicia abrió y cerró contra aquellos políticos que se reunieron con líderes paramilitares. Ordóñez quiere configurar una especie de nuevo proceso jurídico-político de Farc-política, negando el contexto jurídico-político en el que se desarrolla el proceso de paz, la naturaleza política[2] de las Farc y su condición de actor armado que desconoce la autoridad del Estado.

Una cosa es reunirse con miembros de las Farc para hablar de paz[3] y otra muy distinta es haberse reunido con paramilitares para refundar la Patria, con el claro objetivo de desmontar el Estado social de derecho. Tratar de equiparar los hechos, las circunstancias y las motivaciones políticas que dieron vida a lo que se conoce como parapolítica, con lo que hoy sucede con los encuentros que se han dado entre políticos y miembros de cúpula de las Farc, no sólo resulta ser un despropósito político, sino una inconveniente y equivocada interpretación jurídica.

Ante la insistencia del jefe del Ministerio Público, el fiscal Montealegre señaló que “no es un delito acudir a La Habana sin permiso del presidente, tampoco que un funcionario acuda a tener conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla de las Farc[4].

En esa misma línea se pronunció el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien señaló que “tendría la tendencia a estar de acuerdo con el Fiscal, en cuanto a que reunirse con la guerrilla (en La Habana) no está tipificado en el Código Penal, a no ser que se trate de una reunión para pedir beneficios económicos o políticosEs un problema más de conveniencia o inconveniencia política. El proceso de paz debe dejársele al Gobierno, porque además así lo establece la Constitución".[5]

Si bien resulta inconveniente que actores de la sociedad civil tengan dudas, reparos o que de manera clara y abierta expresen no estar de acuerdo con el proceso de paz, peor resulta el panorama cuando agentes del mismo Estado, como en este caso el Procurador General de la Nación, actúan no para generar consensos dentro del propio Estado, que permitan que el proceso de paz sea asumido por todas las fuerzas que componen, dan vida y sostienen el actual orden social establecido.

Lo anterior sucede porque individuos como Ordóñez Maldonado, conservador a ultranza, enemigo del espíritu liberal de la Constitución de Colombia y además, defensor de un Estado confesional, suelen llegar al Estado con una idea vaga de lo público y con la clara intención de imponer una particular ideología. De esta manera, el Estado, como orden social y político tambalea, de allí la dificultad para asumir la búsqueda de la paz como un asunto de Estado, superando así las intenciones y las motivaciones del Gobierno de Santos para avanzar hacia el cumplimiento del claro mandato que se consignó en el Artículo 22 de la Carta Política: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.



[1] Hizo reparos al Marco Jurídico para la Paz y advirtió sobre los riesgos que correría el Estado colombiano si dicho marco legal no logra castigar de manera ejemplar los delitos de lesa humanidad cometidos por las Farc. El Procurador ha dicho que habrá impunidad. 

[2] Olvida el Procurador que el Gobierno de Santos reconoció el estatus político de las Farc y por esa vía, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura que existen contra los miembros de la cúpula fariana.

 

[3] La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, dice el Artículo 22, de la Carta Política.

 

[4] Tomado de http://www.radiosantafe.com/2013/10/03/fiscal-general-dijo-que-reunirse-con-cabecillas-de-las-farc-en-cuba-no-es-delito/

 

[5] Tomado de http://m.rcnradio.com/noticias/minjusticia-dice-que-reunirse-con-las-farc-en-la-habana-no-es-delito-93256

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