Opinión

Los efectos de la destitución de Petro en el Proceso de Paz

Domingo 23 de marzo de 2014 - Con la reciente decisión del Gobierno de Santos de no aceptar la solicitud de entrega de medidas cautelares a Gustavo Petro Urrego, elevada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] (CIDH), no sólo se desconoce el ordenamiento jurídico internacional, sino que se afecta el proceso de paz de La Habana.

Por Germán Ayala Osorio

La decisión de Santos, fundada más en un cálculo político-electoral y en una clara expresión de clase social, golpea y mina la confianza que debe existir y mantenerse entre las partes que dialogan en Cuba, para sacar adelante las negociaciones. Veremos qué tan grave resultan los efectos políticos de semejante decisión.

De cara a la firma de un armisticio, de una eventual desmovilización de la estructura armada de las Farc y de la posible participación política de miembros de la cúpula de la organización guerrillera, las actuaciones y decisiones del Procurador Ordóñez Maldonado[2] y las del propio Presidente, mandan mensajes contradictorios a la mesa, en la medida en que el actual sistema democrático colombiano, sus instituciones y sus doctrinas jurídicas no están pensadas para garantizar derechos políticos de desmovilizados y mucho menos para facilitar el diseño de escenarios de posconflicto.

Por el contrario, al desoír a la CIDH, Santos y la clase política y dirigente que lo apoya, confirman que el excluyente régimen de poder no va a cambiar, así se firme el fin del conflicto armado. Las Altas Cortes, la Procuraduría, el Gobierno de Santos y en general el Establecimiento, exhiben una inocultable incoherencia jurídica y política con la que se manejan y se abordan asuntos del Estado, como la consecución de la paz y la firma de acuerdos que la refrenden.

Es claro que la rancia élite política y dirigente optó, de cara a la recuperación del alcaldía de Bogotá, por no reconocer los derechos políticos del constituyente primario y los de los funcionarios públicos elegidos por voto popular, en especial cuando éstos intentan transformar condiciones de contratación, aplicar políticas de bienestar social, reordenar el territorio a partir de criterios ambientales y de justicia social, o que el Estado participe de la prestación de servicios públicos esenciales, cuando ello toca los intereses de monopolios privados. Eso quedó claro con lo sucedido con el modelo de Estado local[3] que Petro intentó poner en marcha a través de la Bogotá Humana.

Definida así la estrategia de la derecha y la ultraderecha bogotana, los negociadores de las Farc ya están notificados. De hecho, de tiempo atrás saben que el Procurador Ordóñez[4] no apoya el proceso de paz y que está dispuesto a demandar en instancias nacionales e internacionales el Marco Jurídico para la Paz, que según el Jefe del Ministerio Público, asegura total impunidad en un eventual procesamiento a los líderes de las Farc.

La dirigencia fariana no tardó en manifestar su preocupación por la decisión que adoptó el Presidente de la República: "Deploramos la absurda decisión política del presidente, que toma la Alcaldía de Bogotá en un verdadero golpe de mano". Esta destitución "genera un impacto muy negativo en la mesa de conversaciones" y "afecta de manera grave la confianza y la certeza en torno a lo que se está aprobando". "Nos plantea muchas dudas e interrogantes en torno a la eficacia de lo acordado parcialmente en torno al tema de participación política", aseveró Márquez al recordar al consenso alcanzado el año pasado en torno a ese punto, el segundo de la agenda que rige los diálogos de paz. Según el grupo insurgente, en ese punto se acordaron "los términos para expandir la democracia en Colombia, pero no se puede lograr ese propósito con ese tipo de conductas y decisiones que no favorecen la democracia: aquí hay un desconocimiento de la voluntad popular que llevó a Petro a la alcaldía de Bogotá", añadió el jefe guerrillero”[5].

 

Lo que se puede venir

Planteado de esa forma el actual escenario político, en medio de una coyuntura electoral, el proceso de paz recibe un duro golpe. Juega a favor del presidente Santos y de su errada decisión, el evidente y claro envejecimiento de la cúpula de las Farc, circunstancia esta que hace difícil que se dé el inmediato rompimiento del proceso de paz, a pesar de lo expresado por los comandantes guerrilleros. Además, hay varios de ellos que están enfermos y siguen tratamientos médicos en la isla de los Castro.

El proceso continuará, pero no sabemos en qué condiciones. Corresponderá a los negociadores del Gobierno calmar los ánimos de los miembros de la contraparte. Una forma de hacerlo es asegurar y demostrar que el sombrío escenario jurídico e institucional que cobija la lucha por la recuperación del control político del distrito capital, podrá ser modificado en el Congreso a través de reformas constitucionales, en particular, a través de la esperada reforma a la justicia, con la que probablemente se limite el poder del procurador Ordóñez, metiendo en cintura la discrecionalidad con la que investigó y sancionó, de forma exagerada, al alcalde[6] de Bogotá, ex guerrillero del M-19 y político de izquierda (progresista).

Si Santos verdaderamente está comprometido y cree que es posible y urgente ponerle fin al conflicto armado, deberá esforzarse para recuperar la confianza entre las partes. No bastará con asegurarles a los líderes de las Farc que habrá una Asamblea Nacional Constituyente, escenario la cúpula de las Farc ha exigido como único camino viable para la refrendación de los acuerdos a los que se lleguen en La Habana. Y es así, porque el Congreso recién elegido el 9 de marzo de 2014, cuenta con la oposición del Centro Democrático (CD), expresión de una ultraderecha que no apoya los diálogos de paz.

Es posible, igualmente, que una vez firmada la paz y asegurada y blindada la participación política de los líderes guerrilleros, Santos y las Farc acuerden que, a futuro, la lucha democrática por el poder no incluirá a la capital del país y que además, no se podrán tocar privilegios de clase y monopolios privados, tal y como lo intentó hacer Petro en Bogotá, con el cambio en el modelo de recolección de basura y el freno a la construcción, entre otras decisiones adoptadas en su accidentada gestión como alcalde mayor de Bogotá.

En cualquier sentido, la cuestionada decisión[7] del Gobierno de Santos, ante la solicitud del CIDH, confirma que el camino que nos llevará a ponerle fin al conflicto armado interno, no sólo está lleno de enemigos y detractores, sino que al paso ya salen las incoherencias y las dudas jurídicas que subsisten en el ordenamiento jurídico interno, en torno a un poder que por ahora no tiene control o contrapeso terrenal: el del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.



[1] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2014/03/santos-tiene-la-palabra-ante-decision.html

[2] Véase http://laotratribuna1.blogspot.com/2013/04/ordonez-maldonado-el-regenerador.html

[3] Véase http://otramerica.com/opinion/el-caso-petro-modelo-estado-medios-comunicacion-colombia/3071

[4] http://laotratribuna1.blogspot.com/search?q=enemigo+de+la+paz

[5] http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-destitucion-de-petro-afecta-negativamente-el-proceso-de-paz/381052-3

[6] Ex guerrillero del M-19, ex constituyente y político de izquierda (Movimiento Progresista, disidencia del Polo Democrático Alternativo, hoy fundido en la llamada Alianza Verde).

[7] Y es claro que su decisión se da ante la presión de sectores productivos, políticos, militares, mediáticos y gremiales, que vienen posicionando la idea de que Santos no gobierna y que no tiene el control del país. El ambiente de polarización vivido en Bogotá y los poderes mafiosos que se sintieron tocados por las decisiones de Petro, sirvieron también para que Santos desconociera la solicitud de la CIDH.