Opinión

No sólo son las OLP: cuando el Estado es arbitrario e ineficiente

Miércoles 03 de agosto de 2016 - Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en Venezuela siguen generando muchas preguntas. Keymer Ávila defiende que los problemas securitarios del país no se resuelven con el uso esporádico, desproporcionado y discrecional de la fuerza ni tampoco a punta de reformas legislativas. El articulista considera que no se trata de un problema sólo de este gobierno sino de la tradicional visión del ejercicio arbitrario y desproporcionado del poder punitivo.

Por Keymer Avila

En distintas áreas de la vida nacional, la agenda mediática marca la agenda pública y en consecuencia la agenda política. Al cumplirse un año de las “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP) muchos querían hacer balances sobre las mismas. Así que, durante los últimos días, he compartido gratamente con varios periodistas y activistas algunas reflexiones sobre este particular. Como todos sabemos, los medios muchas veces no “están en el medio”, menos en una sociedad aún polarizada como la nuestra. La objetividad no existe, cada quien tiene su película prediseñada, a algunos les interesan unas cosas más que otras; y por otra parte, la cultura de la inmediatez y los formatos comerciales también hacen de las suyas; todos estos factores traen como consecuencia que algunas partes sustantivas de estos intercambios se pierdan y nunca se publiquen.

Por ello me he apropiado de las 10 preguntas más frecuentes que me hicieron, así como de sus respectivas respuestas, para complementar lo que ha sido publicado hasta ahora, y así continuar con el debate y la reflexión. Son las que les presento a continuación:

1 / ¿Para qué sirven las OLP? ¿Cuál es el objetivo del Gobierno o qué busca con las OLP?

Esta pregunta me recuerda unos conceptos clave de la sociología de Merton: funciones manifiestas y funciones latentes. Las funciones manifiestas son las deseadas, comprendidas y reconocidas por los miembros del sistema, que a su vez contribuyen a la adaptación o al ajuste del mismo y que son directamente accesibles al análisis;  funciones latentes, en cambio, son aquellas que no son reconocidas, comprendidas, ni deseadas y se deducen indirectamente en el análisis.

Con estas ideas como marco pudiera afirmarse que las funciones manifiestas de las OLP son “combatir el crimen”, “ir contra los malos”, “defender a la gente decente de la escoria de la sociedad”, etc., etc… y así como la inquisición luchaba contra el diablo que es la encarnación del mal mismo, las OLP luchan contra el mal en términos absolutos, sin ningún tipo de límite. El problema radica cuando los que combaten a ese mal terminan haciendo mucho más daño que el mal que adversan.

Las funciones latentes son varias, entre ellas podemos mencionar:

1)  Medio para legitimarse: en 2015 en el contexto de un año electoral sumergido en crisis de diversa índole (política, económica, securitaria), se opta por el camino aparentemente más sencillo: tomar la seguridad como bandera de la campaña electoral y a través de ella tratar de mostrar eficiencia ¿Cómo? Siguiendo las lógicas de la macdonalización: confundiendo cantidad con calidad. De allí el empeño de mostrar grandes cifras de detenidos, de “abatidos”, etc… con independencia que se trate realmente de delincuentes o no; eso es lo de menos, ya que se trata de los más vulnerables de la sociedad, de los pobres, los nadies, que suelen ser más objetos que sujetos de las políticas. El detalle es que estamos hablando de vidas humanas. Sin embargo, esta función en 2015 no se cumplió porque los promotores de las OLP perdieron las elecciones. No obstante, ante la dificultad de asumir las otras crisis como la económica o la política, el comodín de la inseguridad sigue siendo el más  accesible para el gobierno.

2)  Rentabilidad política para los que ejecutan la política: con las OLP el aparato militar y policial no solamente gana poder bélico y señorío en la calle, sino que además se posicionan políticamente dentro de los espacios de toma de decisiones, teniendo cada vez más autonomía, discrecionalidad y recursos. Una vez que crean estas necesidades securitarias y obtienen poder, revertir esos procesos se hace cada vez más difícil ¿Cómo recoges luego el agua derramada?

3)  Mensaje autoritario: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado. Los límites que las leyes deben imponerle al poder policial y punitivo se desvanecen. Llegando a manifestaciones extremas de poder como disponer de la vida y la muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia.

 

2 / ¿Hay algo positivo en las OLP?

Me cuesta verlo. Pudiera reconocer la voluntad para afrontar el problema de la inseguridad y la destinación de recursos importantes para ello. El inconveniente está en que el diagnóstico, la propuesta y las acciones están erradas. Lo más grave es el costo en vidas humanas y la deformación que los agentes más jóvenes de los cuerpos de seguridad participantes están recibiendo.

 

3 / ¿Cómo evalúan los vecinos la implementación de la OLP? ¿Realmente hubo una segunda fase con actividades culturales y deportivas? 

Ha habido mucha propaganda con este tema, de la cual forman parte encuestas muy genéricas, habría que revisar su metodología y quién las financia. Para conocer una evaluación de los vecinos habría que realizar encuestas o entrevistas en el propio sector donde éstas se aplicaron. Sin embargo, esta sería solo una dimensión subjetiva que puede operar con total independencia de la realidad.

La experiencia y los estudios en estas materias nos dicen que sobre estos temas la gente –desde la distancia y el desconocimiento- tiende a tener posturas autoritarias, que se alimentan en parte de la realidad, y en parte a través de los discursos hegemónicos presentes en los medios de comunicación. ¿Cuál es el problema con estas posturas? Que terminan legitimando acciones y políticas autoritarias y represivas que van en contra de ellos mismos. Cediendo cada vez más derechos, más libertades y hasta la vida misma.

Otra dimensión, que es a la que creo debemos prestar más atención son los hechos concretos y el impacto real, objetivo, de la política implementada. ¿Se cumplieron los objetivos de las OLP? En primer lugar ¿cuáles eran esos objetivos? Porque hasta en eso han habido incongruencias.

Su objetivo inicial según los discursos oficiales era “liberar” áreas donde operan elementos de grupos delincuenciales, quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro. Este primer discurso fue variando, no siempre fue coherente y hasta en alguna ocasión intentaron darle un matiz preventivo y de reinserción. Esto denota la falta de claridad tantos en las ideas como en la práctica.

¿Cuál es la línea base? ¿Cuáles son sus indicadores? Si éstos están vinculados con la violencia delictiva, entonces están raspados.

 

4 / ¿Eran necesarias las OLP? ¿Qué otras opciones tiene el gobierno para acabar o reducir la criminalidad?

Lo que era y es necesario es tener voluntad política para construir instituciones sólidas y las OLP hacen todo lo contrario: erosionan la institucionalidad.

Lo primero que debería hacer el Estado es tener el control de sus propias instituciones: los policías y militares no pueden andar por su cuenta actuando discrecional y arbitrariamente sin ningún tipo de límites y controles. Uno de los aspectos que habría que analizar en el contexto actual sería la policialización de la política. Que sería el fenómeno -según Marcelo Sain- que ocurre cuándo los políticos dejan de ejercer el gobierno sobre la seguridad ciudadana para entregarle el ejercicio de lo político a los cuerpos de seguridad. El tema policial y la seguridad debe tener una gobernabilidad política, y no lo contrario, que los policías y los militares gobiernen a los políticos.

Debe retomarse, además, todo el tema del control y regulación de armas y explosivos, pero no como propaganda boba, sino como una política de Estado, que debe comenzar por las propias fuerzas de seguridad.

Por otra parte, nunca deben dejarse de lado la investigación y los diagnósticos de problemas y situaciones concretas para el diseño de la política pública, y su posterior implementación y seguimiento. También, hay que hacer una revisión profunda, así como se hizo con las policías, con el Sistema de Administración de Justicia. Hay que tener méritos, conocimientos técnicos y solvencia moral para estar allí.

Se debe asumir que nuestros problemas securitarios no se resuelven legislativamente ni por decreto –lamentablemente esto no lo entienden los legisladores, ni los de antes ni los de ahora-; se resuelven con voluntad política real, con construcción y fortalecimiento institucional, con cuerpos policiales, fiscales, jueces y custodios honestos, eficientes, independientes, supervisados y controlados institucionalmente; con información, rendición de cuentas y transparencia en sus gestiones; con la aplicación de nuestras leyes vigentes sin discriminaciones, partidismos, ni corrupción. Interviniendo penalmente en los casos que realmente lo ameritan y no extender este mecanismo a toda problemática social, política o económica que tenga el país. Hay que reducir el sistema penal para que intervenga en los casos más graves y necesarios, de esta manera incrementaría su efectividad. Se trata de aplicar la máxima: “el que mucho abarca poco aprieta”. No se puede pretender abordar toda la conflictividad social con policías y cárcel, cuando sigues esa lógica terminas colapsando al sistema penal con casos de poca monta. De no hacerlo, el efecto sería contraproducente: a) el sistema penal colapsa y en consecuencia sería ineficiente; b) la violencia institucional incrementará la violencia social.

Estas observaciones críticas no deben traducirse en modo alguno como una “no intervención del Estado” ante la conflictividad y la reducción de la violencia; mucho menos convertirse en una denegación del servicio de policía. Todo lo contrario, lo que se necesita es una mejor y debida prestación de este servicio; tal como se ha diseñado a partir del año 2006 desde la CONAREPOL y plasmado en 2009 en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que es una ley muy bien hecha y que lamentablemente la nueva Asamblea Nacional parece querer echarla para atrás. Actuando de manera similar a sus adversarios, creyendo que los problemas de seguridad se resuelven mágicamente a punta de gacetazos.

 

5 / Existen grandes bandas que dominan los barrios. ¿Cómo se articulan los vecinos con los delincuentes ahora? Antes había una especie de pacto, ellos no molestaban en el barrio; los vecinos no los delataban (muy al estilo pranato). ¿Esto se mantiene?

No me constan esos pactos que mencionas, el hecho que puedan conocerse algunos casos no puede dar pie para generalizar. La gente en los barrios es triplemente victimizada: son víctimas de la violencia delictiva, de la violencia institucional y de la exclusión. Insinuar siquiera que la gente del barrio pacta con la delincuencia no es más que la repetición de tesis clasistas y racistas que contribuyen a la criminalización de estos sectores, es este el sustrato ideológico que legitima políticas como las OLP.

Lo que las capas medias y altas no entienden es que siempre este tipo de políticas comienzan por los más vulnerables, por los nadies, por los que no tienen dolientes, y luego se expanden a otros sectores sociales. Por ello he afirmado reiteradamente que los derechos o son para todos o no son para nadie.

Por supuesto que existen bandas, esto no puede negarse, ¿cómo desarticularlas? Con trabajo de inteligencia de alto nivel, respondiendo las preguntas más básicas ¿Cómo se articulan? ¿Quiénes les proveen de armas? ¿Quiénes les garantizan protección institucional e impunidad? ¿Quiénes les “cantan la zona” desde adentro? Las bandas grandes y el llamado crimen organizado no pueden surgir, ni tener poder, sin un mínimo apoyo institucional de policías o militares, fiscales y jueces. Entonces debe aplicarse un trabajo de inteligencia en un doble sentido, hacia afuera, es decir, hacia la banda y su territorio; y hacia adentro, dentro de los propios operadores del sistema penal. Pueden neutralizar a algunos miembros o cabecillas de la banda, pero mientras no cese la fuente de protección e impunidad institucional, los miembros de la banda serán rápidamente sustituidos.

Una vez identificados los sujetos, tanto los de adentro como los de afuera, y evaluado su capacidad de resistencia, se planifica su detención con un nivel de fuerza acorde para que todos sean procesados con el mínimo uso necesario de la fuerza; resguardando siempre la vida e integridad física de terceros inocentes, de los funcionarios y de los investigados.

Con un serio trabajo de inteligencia reduces los objetivos y eres más eficiente. Incluso desde el punto de vista militar esas razias policiales y detenciones masivas no solamente son un derroche innecesario de recursos, sino que además sus costos sociales y en vidas humanas los hacen injustificables.

 

6 / Varios de los líderes de las bandas delictivas de la Cota 905 - El Cementerio - El Valle fueron encontrados en otros sectores, incluso otros estados. Murieron en supuestos enfrentamientos. ¿La OLP logró que estos hombres migraran? ¿A eso se le puede decir que es un punto a favor de la OLP? 

Que el resultado de una política de seguridad se mida por la cantidad de muertes ocasionadas por funcionarios del propio Estado no debe ser concebido como “puntos a favor”. En el país no existe la pena de muerte, pena que por cierto ya está en proceso de extinción en todo el mundo, y en tal caso ésta no debe ser administrada discrecionalmente en la calle por policías y militares.

Mientras que en el país no se construya una institucionalidad en materia de seguridad no daremos ningún avance. Nuestros problemas securitarios ni se resuelven con el uso esporádico, desproporcionado y discrecional de la fuerza ni tampoco a punta de gacetazos ni reformas legislativas como pretenden los diputados de la AN, tanto los de ahora como los de antes.

Puntos a favor para todos sería: la reducción de los homicidios en el país y de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad; que se dé real, institucional y formalmente con el origen de las granadas y demás armas de guerra que detentan actualmente algunos grupos delictivos, adjudicando las responsabilidades penales correspondientes, tomando medidas estructurales para que no se den más este tipo de casos; que exista realmente un control de armas y explosivos en el país; que el Estado y la policía preste su servicio e intervenga en la conflictividad de manera permanente, oportuna, proporcional y en el marco de la ley; y finalmente que tengamos instituciones del sistema de administración de justicia probas, confiables, con fortaleza y solvencia institucional. Esos sí serían puntos a favor, pero eso no lo veo actualmente.

 

7 / ¿Qué opinas de la segunda fase de la OLP? Vecinos aseguran que se instalaron módulos o especie de alcabalas en la Cota 905 y que ha cesado el allanamiento ilegal a sus viviendas. 

Así como la primera fase de la OLP, la segunda parece ser también bastante difusa y confusa. En apariencia pareciera ser más selectiva en su letalidad, con todas las reservas que esto implica y que ya hemos comentado. Las alcabalas han sido sumamente cuestionadas en especial a partir del caso Kennedy de 2005, incluso el Consejo General de Policía, cuando cumplía con sus funciones, se propuso que éstas fuesen eliminadas, de allí el remozamiento nominal a “puntos de control”; que terminan siendo ineficientes porque lo que trae como consecuencia es el desplazamiento del delito a otro lugar, sin acabar ni controlar realmente con el mismo; además, ofrece oportunidades ilimitadas para la corrupción de los funcionarios ¿Dónde se practican habitualmente las matracas? ¿Dónde se marcan a las víctimas de algunos secuestros?

El Estado debe instalarse en los barrios y urbanizaciones de manera integral y permanente, para la satisfacción de las necesidades más básicas de sus habitantes, incrementar las oportunidades de inclusión, y, por último, para establecer controles y garantizar la seguridad de los derechos de quienes allí habitan. Instalar una tanqueta provisionalmente en condiciones precarias y riesgosas para los propios funcionarios, es una medida de corto alcance y difícil de sostener en el tiempo, como lo ha sido la OLP desde su inicio.

 

8/ ¿Cómo será recordada la OLP?

Depende de quién recuerde. Las víctimas no tienen los mismos recuerdos que sus victimarios, los perdedores no tienen los mismos recuerdos que los vencedores. El reto está en tratar de dejar constancia de lo que estamos viviendo en la actualidad para dejar elementos que pueden servir para construir ese recuerdo. Posiblemente pase como un operativo letal más de los que se vienen aplicando desde hace décadas en contra de los pobres en Venezuela, quizás el más letal que hayamos tenido hasta ahora. Habría que levantar la información para hacer seriamente la comparación histórica con los anteriores, pero lamentablemente el acceso a esa historia subterránea siempre ha sido difícil.

 

9 /  ¿En sus investigaciones ha identificado cuáles son los criterios que se siguen al momento de escoger los lugares donde se hacen las OLP? Hay algún patrón?

Así como sus objetivos son difusos e incongruentes, aparentemetne también lo son las motivaciones y los lugares. ¿Qué tienen que ver los apartamentos de la Misión Vivienda con la Cota 905? ¿Qué tiene que ver la Comunidad de Brisas del Hipódromo con El Cementerio? ¿Qué tiene que ver La Ensenada con un bar rockero del centro de Caracas? El único factor común que he podido apreciar hasta ahora es que se trata de zonas donde viven los pobres, los excluidos, los que tienen poco poder de reclamo social, que cumplen con el estereotipo que impera en los prejuicios sociales y que son reproducidos y amplificados por los medios de comunicación.

 

10 / ¿Tiene estadísticas o casos que pueda referir?

Partamos de una pregunta sencilla ¿Disminuyó la violencia delictiva en el país? Lamentablemente la respuesta es no. Las OLP solo contribuyeron a su aumento. Este tipo de operativos incrementa tanto los delitos violentos cometidos por los propios cuerpos de seguridad como los de la sociedad en general. Veamos algunos datos de la violencia institucional vinculada con las OLP:

Detenciones arbitrarias: durante 2015 fueron registradas unas 15.946 detenciones realizadas en el marco de las OLP, esto representan el 92% de los casos de presuntas violaciones al derecho a la libertad personal, y el 93% de las detenciones masivas. Estas cifras representan un aumento del 494% respecto al número de personas detenidas masivamente durante 2014; y de un 144% sobre el promedio general de detenciones masivas registradas desde el año 1999 por PROVEA.

Muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado: éstas también aumentaron, aproximadamente un 80% respecto a 2014.

Así por ejemplo, cuándo vemos las cifras, el Ministerio Público nos dice que hubo unos 245 fallecidos en manos de las OLP durante 2015, y un diario de circulación nacional a comienzos de febrero de este año, tituló con bombos y platillos  que habían “abatido” a más de 200 personas sólo durante el mes de enero. Esto nos da un total de unas 445 personas fallecidas en manos de las OLP en seis meses. Toda esta información es pública y está en los medios. Si tomamos una de las pocas estadísticas de este fenómeno que se encuentran disponibles como son las de PROVEA, que viene contando los casos de muertes por intervención de la fuerza pública durante los últimos 25 años, vemos que el promedio de ese período es de unos 163 casos al año. Solo en medio año la OLP ya se había elevado en un 173% por encima del promedio anual de este tipo de muertes. Esta cifra es gravísima y es apenas una aproximación, la cifra real es mucho más elevada. Primero porque solo se está hablando de muertes en el marco de las OLP y no del resto de las muertes en manos de los organismos de seguridad que no tienen esta etiqueta. Segundo porque los casos que cuenta PROVEA son sólo los que trascienden a la prensa. Cuando PROVEA cuenta 200 fallecidos en manos de las policías, fácilmente ese número puede ser unas cinco veces mayor.

¿Cuál es el efecto de toda esa violencia institucional? El aumento de la violencia social general e incluso la que opera en contra de los propios funcionarios de las fuerzas de seguridad. Así podemos apreciar como los homicidios aumentaron en 2015 unos 9 puntos respecto al año anterior, y las muertes de policías no disminuyeron.

 

Finalmente quiero dejar una idea clara: no se trata solo de las OLP, estas siglas son circunstanciales y pueden ser otras el día de mañana. Esto no tiene que ver sólo con el actual gobierno, como hemos explicado en anteriores oportunidades, estos dispositivos no son una novedad, no tienen que ver ni con izquierdas ni con derechas, sino con una racionalidad bélica que se encuentra subyacente en el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo y policial por parte del Estado, que una vez que se legitima, es difícil que sea reversible y en ese escenario perdemos todos.

Enlaces en este artículo