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Chile: Cierran cárcel de lujo para violadores de derechos humanos y se suicida un condenado

Domingo 29 de septiembre de 2013 - El presidente chileno, Sebastián Piñera anunció el jueves pasado el cierre de un penal en que cumplían condena diez ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Una señal que para algunos es insuficiente, pero que abre el camino para avanzar en la búsqueda de justicia en un país donde las deudas en materia de derechos humanos son aún muchas.

Por César Baeza Hidalgo*

El jueves por la tarde, el presidente chileno, Sebastián Piñera Echeñique, dio una sorpresa con el anuncio de una decisión necesaria: se cerraría el penal Cordillera, una cárcel de lujo donde cumplían condena diez militares en retiro -esa es su condición-, condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Los presos fueron trasladados  en la noche de este sábado 28 de septiembre a otra cárcel de lujo, Punta Peuco.

El Presidente Piñera expresó que "tomando en consideración tres principios: primero, la igualdad ante la ley; segundo, la seguridad de los internos, y tercero, el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería”, decidió cerrar el Centro Penitenciario Cordillera y trasladar a los internos al Centro Penitenciario Punta Peuco.

El cuestionamiento por parte de su sector no se hizo esperar, señalando que hubo acuerdos con los militares que no se han respetado, y por parte de organizaciones de derechos humanos, que no basta con cerrar una cárcel de lujo, si se mantienen los privilegios en otra, con un poco más de reclusos, pero que no se condice con los altos niveles de hacinamiento que se mantienen en la gran mayoría de los penales del país.

Personeros de la Concertación justifican que no se haya terminado con los privilegios en estos centros de detención en el poder que mantenían los militares, y en “las condiciones históricas” distintas que se enfrentaron en los momentos en que estuvieron en el Ejecutivo.

Mucho ha sonado la famosa frase del ex dictador cuando expresó en octubre de 1989 a Revista Qué Pasa: "Yo no amenazo, no acostumbro amenazar. Sólo advierto una vez. El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el estado de derecho”. Señal inequívoca de que el miedo determinaría la frágil democracia por muchos años.

 

El suicidio de Odlanier Mena

Lo que pudo ser un gran golpe a la cátedra en materia de derechos humanos, haciendo el gobierno de derecha lo que no hicieron sus predecesores de la Concertación, dio un vuelco de tuerca y cambió el foco cuando en la mañana del sábado se suicidó el ex brigadier general Odlanier Mena Salinas, primer director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), creada en 1978 para reemplazar la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) -el primer organismo de inteligencia, tortura y desapariciones de las víctimas de la dictadura-.

Mena purgaba una condena de seis años, que se cumplía en diciembre de 2014, por el encubrimiento de los asesinatos de tres militantes socialistas, realizados por la Caravana de la Muerte en Arica, cuando él era el comandante del Regimiento Rancagua en el extremo Norte del país.

Él era el único de los diez reos del penal Cordillera que contaba con el beneficio de salida de fin de semana, ocasión que aprovechó para dispararse en el cráneo con una de las cuatro armas que se encontraron en su departamento luego de conocida la noticia. Un criminal con acceso a cuatro armas de fuego, es otro de los cuestionamientos que surgieron ante las medidas de seguridad con que son fiscalizados los ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad.

Si bien es cierto que la decisión del Gobierno de cerrar el penal Cordillera se señala como el hito que marcó la decisión de quitarse la vida, es prematuro pensar que sea el único motivo para un acto de esa magnitud.

Mena Salinas, quien mantuvo una pugna con el ex director de la DINA, Manuel Contreras, desde los primeros años de la dictadura, y el traslado a Punta Peuco lo enfrentaría a otros 44 reos, muchos de los cuales siguen siendo leales a este último, y las condiciones de vida cambiarían, señalan algunas voces.

Pero el fallecido ex militar también estaba siendo procesado por el homicidio calificado del periodista Augusto Carmona, ocurrido en diciembre de 1977. y en junio pasado el juez Mario Carroza lo sometió a proceso por el homicidio calificado del profesor Luis Álvarez Santibáñez en agosto de 1979.

Y en el libro “Los crímenes que estremecieron a Chile. Memorias de La Nación para no olvidar”, de los periodistas Jorge "Gato" Escalante, Javier Rebolledo; Nancy Guzmán, y Pedro Vega, se señala que el ex director de la CNI conoció la “Operación Retiro de Televisores”, que buscó exhumar restos de ejecutados para hacerlos desaparecer, e incluso coordinó algunas de las acciones personalmente. El futuro del ex militar aún estaba por definirse.  

 

Los nueve a Punta Peuco

En el recinto que se desocupó la noche del sábado, ubicado al pie de la Cordillera de Los Andes, en la comuna de Peñalolén, había cinco cabañas, dos reos por cada una, amplios espacios verdes, régimen de visitas especial, espacios de esparcimiento. En el penal de Punta Peuco, ubicado en la comuna de Til Til, a 40 kilómetros de la capital, con capacidad para 44 internos, habrá que acomodar otros cinco cupos.

Ese último dato parece irrisorio, si se considera que en la gran mayoría de los penales del país se ha denunciado una sobrepoblación de sobre el 200 por ciento, en un espacio donde hay espacios verdes y para el esparcimiento, aparece casi como una burla, dadas las comodidades con las que todavía cuentan los reclusos condenados por atentados sistemáticos a los derechos humanos.

Las voces en favor y en contra del cierre del penal Cordillera vuelve a polarizar el debate de cara a las elecciones del 17 de noviembre próximo. Hay quienes interpretan que el Presidente Piñera piensa en una posible reelección en 2018, ampliando su espectro de posibles votantes, que dudan en apoyar a un sector que no termina de desmarcarse de las violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, hay otras voces señalan que se deben cancelar los privilegios y lujos con que gozan los asesinos y torturadores de la dictadura. La igualdad ante la ley a la que referenciaba Piñera a seis meses de dejar el Ejecutivo, obligaría a que los criminales cumplan condena en igualdad de condiciones que el común de los chilenos y chilenas.

 

¿Quiénes son los nueve trasladados?

Manuel Contreras, ex primer hombre de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), condenado a casi 300 años de prisión. Entre sus crímenes se cuenta el asesinato del ex ministro Orlando Letelier, en la Operación Colombo (en Estados Unidos), y por el homicidio del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, entre otros. Ya estuvo preso en Punta Peuco.

Marcelo Moren Brito encabezó la Brigada Caupolicán de la DINA. Fue el jefe del centro de reclusión política y de torturas Villa Grimaldi, donde también se asesinaba a quienes pasaban por ahí. Hizo parte de la llamada Caravana de la Muerte, bajo el mando del general Sergio Arellano Stark. Y se señala que detuvo a la ex presidenta Bachelet y a su madre Angela Jeria.

Miguel Krassnoff, ex miembro de la DINA, y como tal estuvo al mando de la Brigada Lautaro, una de las señaladas como responsable de muertes, torturas, y desapariciones. Cumple pena de 120 años de prisión por decenas de crímenes, entre ellos el secuestro del sacerdote español Antonio Llidó, y por el caso 'Calle Conferencia' donde murieron once dirigentes del partido comunista. Expedientes judiciales indican que participó en las torturas y el crimen de la joven periodista Diana Aarón.

Pedro Espinoza fue la segunda autoridad de la DINA, condenado por su participación en la muerte de Orlando Letelier y en la Caravana de la Muerte, entre otros. Fue el primer reo en Punta Peuco. Luego fue trasladado a Cordillera y ahora retorna al primer penal construido para militares criminales de la dictadura.

Hugo Salas, ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) -organismo sucesor de la DINA-, fue el primer oficial militar en retiro en ser condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en la Operación Albania o Corpus Christi, en la que fueron asesinados 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en 1987. Los mataron en distintos puntos por separado y luego ubicó a los jóvenes muertos en una casa en Conchalí, diciendo que se habían enfrentado a tiros con personal de la CNI.

José Zara, ex miembro de la DINA. Condenado el año 2010 por su participación en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en 1974 en Buenos Aires. Se le recuerda por la frase: "Coloco a su disposición los corvos acerados de la Infantería", que dirigió a Pinochet en fecha cercana al plebiscito del 5 de octubre de 1988, cuando se votaba si el dictador continuaba otros ocho años en el poder o se llamaría a elecciones libres.

Jorge del Río, coronel en retiro del Ejército, cumple condena por el homicidios calificados y apremios ilegítimos que se realizaron en Puerto Saavedra durante la dictadura.

David Miranda, ex subdirector de la DINA, condenado por participar en torturas en el centro de detención Tejas Verdes, de San Antonio, lugar donde habría nacido el organismo, y primera escuela para torturadores de la dictadura.

César Manríquez, general en retiro del Ejército, ex jefe de la brigada metropolitana de la DINA, fue condenado por el asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973, y por su participación en la Operación Colombo.

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Twitter de César Baeza H: @Cesar_inBH