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El inquietante pacto hondureño

Lunes 23 de mayo de 2011 - Una reunión de amigos. Eso parecía el encuentro del domingo 22 de mayo en Cartagena de Indias (Colombia) donde en mangas de camisa o guayabera se certificó el acuerdo entre Porfirio Lobo y Manuel Zelaya que permitirá, con toda certeza, el regreso de Honduras a la OEA. Mientras, el país se desangra en una crisis de DDHH que no cesa.

Por Equipo Otramérica

En diciembre de 2010, Human Rights Watch (HRW) elaboraba un informe que helaba la sangre: en el primer año de gobierno de Porfirio Lobo en Honduras habían sido asesinados, al menos, 18 periodistas, defensores de Derechos Humanos y activistas políticos y esta organización había registrado otros 29 casos de ataques o amenazas directas. HRW recordaba que el trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos en ese país era inútil ante la falta de colaboración de las fuerzas de seguridad, la mancuerna entre la Corte Suprema y el Ejército y la poca dotación de recursos y de autoridad por parte del Gobierno. La impunidad reinaba en Honduras un año después de la supuesta normalización política con la llegada al poder de Lobo, elegido en unas criticadas elecciones que pusieron final al gobierno de facto de Roberto Micheletti (junio 2009-enero 2010).

El tiempo entierra la memoria, pero en Honduras las fuerzas más reaccionarias no han permitido el cierre que dejó la herida profunda de un golpe de Estado al Gobierno constitucional de Manuel Zelaya que fue interpretado por la derecha latinoamericana y por una buena parte de la autodenominada ‘comunidad internacional’ como una operación “para restablecer el orden constitucional ante el riesgo que suponía Zelaya”. De hecho, el último en certificar esta visión fue el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien a principio de mayo de 2011 agradecía a Micheletti su labor en Honduras en un acto en el que también estaba presente Lobo.

Pero, después de la mediación impulsada por los gobiernos de Colombia y Venezuela, los poderes de Honduras parecen llegar a acuerdos en beneficio mutuo. Lobo y Zelaya firmaron el domingo 22 de mayo un acuerdo en Cartagena de Indias que permitirá la vuelta del depuesto Zelaya a Honduras desde su exilio en República Dominicana al retirarse todos los cargos por corrupción que investigaba la justicia de ese país. Juan Barahona, subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP, plataforma que aglutinó la respuesta desde la izquierda política al golpe de Estado) anunció desde Managua, donde se reunió el 19 de mayo con Zelaya, que el regreso del expresidente y de otros exiliados desde el golpe de Estado se ha planificado para el 28 de mayo y se prevén actos políticos en Tegucigalpa para darle la bienvenida.

Sin estar claro cuál es el plan político de Zelaya para los próximos meses (aunque el acuerdo permite la inscripción como fuerza política del FNRP, Porfirio Lobo ha firmado este acuerdo para lograr el reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) y así normalizar la posición internacional del país, apartado con tibieza de los foros interamericanos después del golpe de Estado que fue condenado entre susurros por países como Estados Unidos. También ha conseguido restablecer las relaciones diplomáticas con la mayoría de países de la región, incluyendo Nicaragua, que hizo el borrón y cuenta nueva este mismo fin de semana.

¿Qué ha pasado en Honduras?

Se habla de normalización, de democracia, de reconciliación… pero la realidad en Honduras no parece conjugar con estas expresiones. Tal y como señalaba HRW: "Nuestra investigación demuestra claramente que, hasta que las autoridades hondureñas no adopten medidas concretas para reducir la impunidad y poner freno a los ataques, difícilmente podrá restablecerse la confianza en el sistema democrático del país".

Los hechos haban por sí solos. En los últimos 16 meses han sido asesinados 28 integrantes de organizaciones campesinas del Bajo Aguán, donde el conflicto entre campesinos y terratenientes no ha hecho sino complicarse. En ese mismo periodo se calculan que han sido asesinados entre 11 y 13 periodistas, los últimos casos los de Luis Méndez, propietario de Canal 24 asesinado el 20 de mayo en la localidad de Danlín, y de Héctor Medina, periodista acribillado en Morazán el 10 de mayo de este mismo año.

También ha denunciado persecución y hostigamiento Leo Valladares Lanza, ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y HRW denunció uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía hondureña durante las protestas del magisterio el pasado mes de marzo y abril.

Amnistía Internacional, en su informe sobre los Derechos Humanos en 2010, denunció que en Honduras persiste la total impunidad para los crímenes cometidos por militares o policías, que hay un clima de hostigamiento a los defensores de Derechos Humanos y que no se han reparado los daños consecuencia del golpe de Estado de 2009.

Así que será de suma importancia darle seguimiento a los otros puntos del Acuerdo de Cartagena de Indias que, en teoría, obligarían al Estado hondureño a investigar las violaciones de Derechos Humanos desde el golpe de Estado, así como a fortalecer la Secretaría de Justicia y DDHH creada en 2010 por Lobo. Para darle seguimiento a estos acuerdos, que concluyen con una declaración de intenciones a favor de una Constituyente, se ha creado una comisión que estará presidida de forma conjunta por los cancilleres de Colombia y Venezuela, los países que han apadrinado el acuerdo.

La satisfacción expresada por Lobo, Zelaya y sus anfitriones, así como por los principales dirigentes del FNRP no es compartida por una veintena de organizaciones hondureñas e internacionales que han pedido a la OEA que no acepte de nuevo a Honduras hasta que no se deslinden responsabilidades en la sistemática violación de DDHH en el país desde el golpe de 2009. “La ruptura del orden constitucional fue apoyada desde las más altas jerarquías, de instituciones claves en todo Estado de Derecho.  La Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República y hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos avalaron o tuvieron una participación activa y determinante. Pese a ello, estas personas se mantienen en sus cargos, generando serias dudas respecto a la independencia e imparcialidad con que realizan sus funciones así como las garantías existentes para la vida en democracia”, reza el documento respaldado por organizaciones tan respetadas como CEJIl o la Federación Internacional de DDHH. Según estas 20 organizaciones, Honduras “no reúne las garantías” para su regreso a la OEA.

Texto íntegro del Acuerdo de Cartagena de Indias

Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras

Las Partes firmantes de este acuerdo,

Recordando que el día 9 de abril de 2011 en el marco del encuentro entre los presidentes de Colombia y Venezuela en la ciudad de Cartagena, Colombia, se llevó a cabo una reunión entre los presidentes Juan Manuel Santos, Hugo Chávez y Porfirio Lobo, a la cual se sumó por vía telefónica el ex presidente José Manuel Zelaya, en el transcurso de la cual se acordó la aceptación de la mediación de Colombia y Venezuela con base en los cuatro puntos planteados por el ex Presidente Zelaya para la solución de la crisis política hondureña, lo que sentaría las bases para el regreso de la República de Honduras en los organismos regionales y multilaterales;

Reconociendo la crisis política antes, durante y después del 28 de junio del 2009, la cual derivó en una polarización de la sociedad hondureña; teniendo en cuenta las resoluciones de la Organización de Estados Americanos en la cual condenó los sucesos del 28 de junio del 2009 como un Golpe de Estado y suspendió a Honduras de la organización y conscientes de la necesidad de contribuir a la reconciliación nacional y a la consolidación del sistema democrático hondureño;

Subrayando el compromiso asumido por el Gobierno de Honduras de garantizar al Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales, así como a los demás ex miembros de su gobierno, el ejercicio de todas sus libertades de acción política y de todas las garantías contempladas en la Constitución de la República y las leyes de Honduras, tomando para ello las medidas especiales de seguridad personal que sean necesarias;

Reafirmando el compromiso asumido por el Gobierno de Honduras de garantizar el proceso de fortalecimiento de la vida democrática del país con participación política en igualdad de condiciones, en particular, en el contexto del presente Acuerdo, para el Frente Nacional de Resistencia Popular;

Reconociendo la voluntad de las partes de tomar las medidas necesarias que permitan el retorno a la normalidad y al libre ejercicio político en igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas del país; Admitiendo que durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se compromete a atender sus denuncias, y así coadyuvar a la reconciliación de la sociedad hondureña en un marco de garantías verificables, respetando el trabajo de todas las organizaciones de derechos humanos y a la espera del apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

Coincidiendo en la conveniencia de contar con un acompañamiento solidario de la Comisión de Seguimiento conformada por los dos mediadores del proceso de reconciliación nacional en la República de Honduras, que podrá ampliarse a otros países de común acuerdo entre las partes;

ACUERDAN:

1. Enmarcar todas las acciones y decisiones del gobierno de Honduras en el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley;

2. Garantizar al ex presidente José Manuel Zelaya Rosales su regreso a Honduras, con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras, incluyendo el ejercicio de su acción política en condiciones de seguridad y libertad;

3. Profundizar en las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los ex funcionarios del gobierno del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales y demás personas afectadas por la crisis que hoy se encuentran en el exterior, con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras;

4. Saludar la decisión de las autoridades competentes de anular los procesos judiciales en contra del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales, subrayando la presentación de los documentos por la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República ante el Tribunal de Apelaciones ad hoc, según los cuales ambas instituciones renuncian a presentar recurso de amparo, así como su admisión por parte del Tribunal, con lo cual la decisión judicial es definitiva.

5. Velar de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos.

6. Velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para que el Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral y participe democráticamente en los procesos políticos electorales de Honduras y para que pueda integrar los organismos oficiales de carácter político electoral en igualdad de condiciones. En este contexto y con total respeto de los procedimientos y atribuciones legales, encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos a seguir para la inscripción del Frente Nacional de Resistencia Popular en un ambiente de cooperación y transparencia.

7. Reiterar que la reforma al Artículo 5 de la Constitución hondureña regula la convocatoria de plebiscitos con procedimientos claramente establecidos, lo cual permite la posibilidad para que el pueblo pueda ser consultado. Dicha reforma faculta a todos los sectores a iniciar los procedimientos legales para la realización de un plebiscito y así someter a la voluntad del pueblo de manera directa las decisiones políticas, sociales y económicas a través de las nuevas figuras constitucionales del plebiscito y referéndum. Por lo tanto, la solicitud que el Ex Presidente Zelaya ha manifestado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se enmarcará en estos mecanismos de consulta. En tal sentido, el Gobierno de Honduras se compromete a tomar las medidas que estén en el marco de sus atribuciones legales, a velar por los derechos electorales de los ciudadanos, así como a encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de plebiscitos en la República de Honduras, cuando dicho proceso sea iniciado por algún sector, con total respeto de las atribuciones legales de los poderes del Estado, las cuales se complementan en los trámites relacionados con dichos procesos.

8. Reconocer la creación de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras, hacer seguimiento a las recomendaciones hechas a Honduras como resultado de haberse sometido al Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y coordinar y concertar la cooperación y apoyo de Naciones Unidas y otros organismos internacionales para fortalecer las políticas públicas y las capacidades nacionales para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Honduras. En la misma línea, la presidencia hondureña invitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU a que instale una oficina en Honduras.

9. Constituir la Comisión de Seguimiento integrada originalmente por los cancilleres de Colombia y Venezuela, la cual entrará en funciones tras la firma del presente acuerdo por el Presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa y el Ex Presidente, José Manuel Zelaya Rosales, y como testigos los Presidentes de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo Rafael Chávez Frías.

    Firmado a los 22 días del mes de mayo de 2011.

    Porfirio Lobo Sosa

    Presidente de la República de Honduras

    José Manuel Zelaya Rosales

    Ex Presidente de la República de Honduras

    Y como testigos, los facilitadores:

    Juan Manuel Santos

    Presidente de la República de Colombia

    Hugo Rafael Chávez Frías

    Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

 

Organizaciones que piden a la OEA que no acepte a Honduras

Organizaciones de Derechos Humanos advierten de que la "normalización" no es posible en un país donde no se respetan las garantías básicas a los Derechos Humanos y que el Acuerdo de Cartagena solo servirá para regresar al choque entre Lobo y Zelaya en la confusa arena política de Honduras.

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