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El 'progreso' que inunda las comunidades indígenas

Jueves 02 de junio de 2011 - AES Corporation, multinacional estadounidense, y el Gobierno de Panamá están contentos. Por fin comienza a inundarse la primera represa de un gran proyecto en el río Changuinola. No ha importado que allá viviera gente. Ni las denuncias de la ONU ni de las Ong locales han parado 'el progreso'.

Por José Arcia

La construcción de Chan 75, un gigantesco proyecto hidroeléctrico sobre el río Changuinola (provincia de Bocas del Toro, Panamá) de la transnacional estadounidense AES Corporation, terminó por desaparecer a la comunidad indígena de Charco La Pava. Ha sido una ‘desaparición forzosa’ y algunas familias indígenas han quedado dispersas y sin futuro definido. El pasado domingo 22 de mayo, la empresa cerró las compuertas de la represa y el agua empezó a inundar los terrenos de los indígenas Ngäbe de Charco La Pava, una comunidad de un poco más de medio siglo de existencia en el corazón del Bosque Protector Palo Seco, zona de amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad, amenazado patrimonio de la Humanidad declarado así por la Unesco.

La empresa cerró las compuertas a pesar que aún había familias que se resistían a abandonar sus casas, sus terrenos y sus sembradíos. Desde que la empresa recibió el aval del gobierno panameño, en 2005, para la construcción de la primera de tres hidroeléctricas, la vida de estos indígenas Ngäbe dejó de ser pasiva, como lo había sido desde la década de 1960, cuando fundaron la comunidad. El ruido de la corriente del río fue cambiado por los estruendos de las dinamitas que eran explotadas para triturar las rocas ribereñas del río y el constante movimiento de máquinas se convirtió en su nuevo panorama.

Lo que para los gobiernos y la empresa representa “progreso”, para los indígenas no es más que otra de sus desiguales luchas por la conservación de la naturaleza y el reclamo a sus derechos de decidir sobre su vida y su tierra. Amnistía Internacional ha denunciado en los últimos días la grave situación en la que se encuentran los campesinos indígenas que resisten en la zona.

Nada ha frenado a la empresa y a las autoridades gubernamentales. A mediados de 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugirió al Gobierno panameño, encabezado por Martín Torrijos, suspender la construcción del proyecto hasta que se negociara en forma adecuada con la comunidad. La solicitud se fundamentaba en un informe que el relator especial de los Derechos Humanos de la ONU, James Anaya, hizo al Estado ante el incumplimiento de normas internacionales sobre derechos indígenas.

El informe cuestionaba el hecho que el proyecto se construía sin el consentimiento de los indígenas que viven en las comunidades afectadas, que, además de Charco La Pava son Valle del Rey, Guayabal o Changuinola Arriba. En estas comunidades vivían unas 170 familias, que poco a poco fueron abandonando el territorio ante la presión, los chantajes e, incluso, la represión policial.

En el 2009 se produjo el cambio de Gobierno y empezó el periodo del empresario multimillonario Ricardo Martinelli quien, al igual que su antecesor, declaró el proyecto de interés social lo que supuso una aceleración de las obras, de los créditos para AES y de los problemas para los indígenas. El Gobierno, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, vendió un supuesto acuerdo con las comunidades que, pocos meses después, se descubrió falso: apenas se había firmado una declaración de buenas intenciones que nunca se concretó.

Al mismo tiempo, avanzaba la obra, la empresa recibía mas respaldo gubernamental y los indígenas sólo contaban con el apoyo de un informe que ha sido ignorado por las autoridades.

Eso sí, los rostros visibles de este problema no callan su voz, aunque son conscientes de que lo único por lo que pueden luchar es por una indemnización justa. Luis Ábrego era dueño de una finca de casi 2 hectáreas en Charco La Pava que ahora está bajo el agua.

Ábrego no ha sido indemnizado por la empresa. Denunció que en reiteradas ocasiones se ha presentado a la oficina de la empresa, en Changuinola, para negociar su reubicación y siempre se queda esperando una repuesta satisfactoria.

Ante la inminente inundación de su finca decidió reubicarse dentro de la misma zona, pero a un sitio más alto. El agua está a unos 10 metros de la nueva casa que construí, explica. Ábrego pronto tendrá que volverse a reubicar, el agua seguirá subiendo en la medida que se profundice la estación lluviosa.

Bernardino Morales asegura que el agua ya está inundando las otras comunidades como Guayabal y Valle del Rey. El agua seguirá subiendo y las comunidades indígenas terminarán desplazadas de sus tierras para generar una energía eléctrica, que quizás nunca llegará a sus casas. Charco La Pava es la primera comunidad indígena de Panamá desplazada del siglo XXI.

El relator especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas exigió la suspensión temporal de las obras y justicia para las comunidades. Panamá jamás cumplió: ni con el gobierno de Torrijos ni con el de Martinelli.

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