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Honduras (re) vota

Jueves 21 de noviembre de 2013 - Nada ha sido normal en Honduras desde que el 28 de junio de 2009 se produjera el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Este domingo, el país vota bajo el signo de la polarización política, la lumpenización del Estado y la violencia política, social y criminal. El país vuelve a las urnas y el presidente del Tribunal Electoral pide un acto de fe.

Por Paco Gómez Nadal / Varias fuentes

Cuando David Matamoros, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Honduras, anunciaba el inicio del periodo de reflexión de cara a las elecciones de este domingo 24 de noviembre, pidió a los ciudadanos un “acto de fe”. “Su voto será respetado y decidirá el futuro del país; vamos a votar con la fe puesta en que estas elecciones decidan nuestro futuro”. Lo cierto es que hace falta algo de fe ciega para creer en la institucionalidad de un país roto por el golpe de Estado orquestado entre las élites económicas y el Ejército (con la inestimable colaboración de Washington), las posteriores y dudosas elecciones que llevaron a Porfirio Lobo a la presidencia en enero de 2010, y la explosiva situación de violencia, militarización, desempleo y precarización de la vida en Honduras.

5,3 millones de electores han sido convocados a las urnas, en un país donde el 70 por ciento de sus ocho millones de habitantes vive en la pobreza y con la mayor tasa de homicidios del mundo, 85,5 por cada 100 mil personas, según la Organización de Naciones Unidas.

La organización no gubernamental canadiense Rights Action, entre mayo de 2012 y octubre de 2013, un total de 35 candidatos y precandidatos de diversos partidos políticos han sido asesinados en el país. 18 de ellos, según la organización, eran miembros del partido LIBRE, que agrupa a los partidarios del depuesto presidente Zelaya y cuya candidata presidencial es Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya. Castro figura en un empate técnico en las encuestas con el candidato del oficialismo, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional.

Desde el golpe de Estado, se han incrementado de forma significativa el ataque violento contra líderes sociales, miembros del Frente Nacional de Resistencia (que aguantaron el tipo en las calles tras el golpe) y periodistas independientes o críticos. De hecho, una docena de senadores demócratas estadounidenses dirigieron una carta al secretario de Estado de ese país, John Kerry, mostrando su preocupación “por la continua violencia en Honduras y el impacto de esta sobre las elecciones del 24 de noviembre”. Hay “serias preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de Honduras para llevar a cabo elecciones libres y justas en el momento mismo en que se ha movilizado a una nueva policía militarizada que ya irrumpió en los hogares de varios activistas de la oposición”, indicaban los senadores en la carta.

La realidad es que el país está militarizado, con miembros de la Policía Armada patrullando las calles desde el pasado 5 de octubre, y una fuerte presencia paramilitar en las zonas de interés para la agorindustria, tal y como han denunciado en repetidas ocasiones las organizaciones sociales y las étnicas.

Además, la situación económica se ha degradado, como señalaba Mark Weisbrot, del CEPR: “Los datos de encuestas muestran que el 80 por ciento de los hondureños piensa que su situación actual es peor de lo que era hace cuatro años, y los datos respaldan esa opinión. El 10 por ciento más alto obtuvo más del 100 por ciento del total del aumento en el ingreso durante los dos años después del derrocamiento de Zelaya, revirtiendo marcadamente una fuerte tendencia hacia una mayor igualdad durante los años de Zelaya. El número de personas que involuntariamente trabajan medio tiempo ha tenido un incremento de 176 por ciento. La pobreza también ha aumentado, mientras que se había reducido de manera importante con Zelaya, quien logró un aumento del salario mínimo de casi el 100 por ciento en términos reales durante sus 3,5 años en el poder. Incluso la inversión privada, a pesar de las quejas de empresarios que apoyaron el golpe, creció a un ritmo mucho más rápido con Zelaya que con el régimen actual”.

 

¿Qué se juega?

Los medios de comunicación convencionales tratan estas elecciones como unas más dentro de la ‘normalidad’ democrática, pero la realidad es muy diferente. Es cierto que está en juego la mayoría absoluta en el parlamento (que se consigue con 65 diputados) y que si el partido ganador no logra alianzas para contar con dos tercios de los curules del Congreso Nacional no podrá acometer las reformas estructurales que, en la mayoría de los casos, requieren de mayoría cualificada. Por tanto, la intención de Xiomara Castro, y del Partido Libre-Refundación de provocar una Asamblea Constituyente (el disparador del golpe de Estado de 2009) parece que tendrá un difícil camino en el caso de que las elecciones sean limpias y de que Castro pueda llegar a la presidencia. También es cierto que estos comicios certificarán la muerte del bipartidismo imperante en el país con la caída del Partido Liberal y la presentación de ocho candidaturas a la presidencia por parte de nueve formaciones políticas diversas.

Es verdad, como destacan los medios, que habrá 700 observadores internacionales en Honduras (OEA, UE, Centro Carter…). Pero las presiones en unas elecciones como esta ya se han hecho antes, con asesinatos de candidatos, coacciones y la instalación de la cultura del miedo. Las garantías en el país son mínimas, ya que el Partido Nacional, en el Gobierno, ha aprovechado el tiempo y ha consolidado un poder Judicial cercano a sus intereses y un marco legal que entrega el país a los inversionistas con menos escrúpulos. Primero, con la destitución de cuatro magistrados de la Corte de lo Constitucional y después con la elección como Fiscal General de Óscar Chinchilla, un hombre muy cercano al candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, y a una de sus apuestas personales y económicas: la legislación de las llamadas “ciudades modelo”, territorios donde no rige la Constitución y que sigue los designios de los libertarios de derecha de Estados Unidos. Por si todo esto fuera poco, en estos últimos meses se aprobó la nueva Ley de Minería y la de Regímenes Especiales de Desarrollo, en un complejo entramado legal destinado a la explotación sin límites del territorio y de sus habitantes.

Lo hecho hasta ahora, ha contado con la aprobación de Estados Unidos y, en los últimos tiempos, con el tímido incomodo de Unasur y de los gobiernos progresistas de la región. Lo que pase a partir de ahora no dependerá de la fe que pide Matamoros, ni de las visiones del influyente pastor evangélico Roy Santos, quien dijo haber recibido el mensaje de Dios para que Castro no sea presidenta. Los hilos que mueven Honduras tienen poco de divinos.

Texto íntegro de la carta de los senadores de EEUU

Estimado Secretario John Kerry,
 
Le escribimos con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la grave situación de los derechos humanos y el deterioro del estado de derecho en Honduras. Se están acercando las elecciones de noviembre de 2013 y estamos particularmente preocupados por las denuncias de corrupción y ejecuciones extrajudiciales.
 
Desde junio del 2009, organizaciones de derechos humanos tanto internacionales como hondureñas han documentado un patrón de violencia y amenazas a periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de la iglesia, dirigentes sindicales, personajes de la oposición, estudiantes, agricultores pequeños, activistas representando la comunidad LGBT, y otros sectores vulnerables. También hay recientes denuncias de escuadrones de la muerte actuando en conjunto con la policía, y que en algunos casos incluyen agentes policiales tanto de servicio como fuera de servicio, para matar a miembros de bandas aun cuando se han rendido. El congreso hondureño creó una “Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial” en diciembre del 2011 para hacer frente a la corrupción y criminalidad dentro de la fuerza policial, pero ha resultado ser un fracaso decepcionante.  Solamente una cantidad muy pequeña de los cientos de agentes que esta dirección recomendó despedir ha sido destituida. El poder judicial hondureño generalmente falla en procesar las violaciones a los derechos humanos, y muchos otros crimines quedan impunes.
 
Como usted sabe, la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2012 requiere que el Departamento de Estado investigue y reporte si el gobierno hondureño “está implementando políticas para proteger la libertad de expresión y asociación, y también el debido proceso legal”; si está “enjuiciando a personal militar y policial quienes tienen denuncias creíbles sobre violaciones a los derechos humanos”; y si la policía y las fuerzas militares “están cooperando con autoridades civiles judiciales en tales casos”—antes del desembolso del 20% de los fondos destinados al ejército y a la policía de Honduras, con excepciones para la promoción de transparencia, esfuerzos contra la corrupción, y el estado de derecho.  Dadas las denuncias de violencia e impunidad vinculadas a entidades del Estado en Honduras, tenemos serias dudas con respecto a la certificación del Departamento de Estado sobre el cumplimiento de estas condiciones para el año fiscal 2012.
 
Respetuosamente le pedimos al Departamento de Estado que le proporcione al Congreso una evaluación detallada sobre la eficacia de los esfuerzos actuales del gobierno hondureño para proteger la libertad de expresión y asociación, el estado de derecho, y al debido proceso legal, y para investigar ejecuciones extrajudiciales y abusos donde presuntamente participaron policías y militares hondureños, particularmente en la región del Bajo Aguán. También pedimos que se realice una revisión exhaustiva para asegurar que ningún tipo de asistencia de EEUU llega a personal policial o militar verosímilmente involucrado en violaciones a los derechos humanos y que los agentes del orden público de mayor rango son personas con integridad dedicadas a proteger los derechos del pueblo de Honduras y en defender el estado de derecho. Por último, pedimos que usted haga todos los esfuerzos razonables para garantizar que las próximas elecciones de Honduras en noviembre del 2013 sean libres, justas y pacíficas.
 
Como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado usted denunció con firmeza los abusos de derechos humanos en Honduras. Como Secretario de Estado, esperamos que continúe a hacer lo mismo.
 
Gracias por su consideración.

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