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Ley de víctimas en Colombia: ¿podrá el papel, por fin, cambiar la realidad?

Viernes 10 de junio de 2011 - Por primera vez en medio siglo de sangriento conflicto armado, el Estado colombiano reconoce la existencia legal de víctimas de esa disputa. Lo hace en una nueva ley llena de bondades y buenas intenciones; hacerla realidad será difícil porque persisten los problemas estructurales que atizan la confrontación.

Por Juan Gonzalo Betancur B.

Colombia vive por estos días un ambiente de esperanza y optimismo gracias a la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual entra en vigencia este viernes 10 de junio cuando la firme el presidente de la República, Juan Manuel Santos. En el acto estará presente el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en Bogotá, la capital colombiana.

Ese clima ha sido alentado por líderes de opinión, buena parte de la clase política y la gran prensa que han repetido hasta la saciedad que –palabras más, palabras menos– ¡por fin llegó la hora de hacer justicia con, al menos, 4 millones de víctimas que ha dejado medio siglo el conflicto armado interno en el país!

La ley crea mecanismos para indemnizarlos económica y moralmente, y devolverles 6 millones de hectáreas de tierra que perdieron por causa de esa lucha armada y todos los males que ella ha traído consigo: unos 4 millones de hectáreas fueron abandonadas y 2 millones más objeto de despojo directo.

Ese ambiente de esperanza refleja una tradición que se mantiene en Colombia desde los inicios de la República, hace 200 años: creer que al cambiar las leyes, la realidad empezará a cambiar.

En el siglo XIX este país tuvo 9 grandes guerras civiles generales y 14 guerras civiles locales. La mayoría de ellas se hicieron para derrotar al partido político opositor, poder así cambiar la Constitución y de esa manera el modelo de Estado. O fueron peleas que surgieron luego de aprobadas distintas constituciones. Algo así como hacer la guerra para cambiar la ley o la ley producía una nueva guerra.

Incluso la actual Constitución Nacional de 1991, que acaba de cumplir 20 años sin mucha celebración, fue producto de un consenso: había que cambiar la vieja carta política de 1886 porque la realidad era otra y la nación se estaba desangrando. Pues bien, se redactó esa hermosa Constitución, se le llenó de derechos y garantías, de responsabilidades estatales, pero el país siguió con los mismos problemas. Y para algunos, incluso está peor.

La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras también ha enfrentado al presidente Santos con su antecesor Álvaro Uribe por cuenta del reconocimiento por parte del Estado de que sí hay conflicto armado interno, algo que el uribismo negó durante 8 años.

 

Principales aspectos de la nueva ley

 

Principales críticas a la ley

 

Los problemas de fondo del país

Sin embargo, los verdaderos problemas para la implementación de esta ley son más profundos y están en la estructura misma del Estado y la sociedad colombiana:

 

Un futuro incierto

Como se advierte, la tarea es titánica. En sí misma, la ley es apenas el mecanismo para impulsar transformaciones que el país reclamaba desde hace años y dar justicia a quienes han sido víctimas de la barbarie.

Si el presidente Juan Manuel Santos quiere pasar a la historia por liderar este proceso y sacarlo adelante –como él mismo ha dicho–, tendrá una tarea bien difícil.

Por el momento cuenta con buen ambiente político para hacerlo, pero el futuro es incierto y más en un país como Colombia donde las cosas pueden cambiar totalmente en el momento menos pensado. Eso es lo único en que todos aquí están de acuerdo.

Recomendaciones de la ONU para la implementación de la ley

Con el ánimo de contribuir a que esta implementación sea más eficaz, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda, entre otras, tener en cuenta algunas consideraciones en la reglamentación y subsiguiente aplicación:

Carencias de la Ley según el Polo Democrático y 34 asociaciones de víctimas

El Proyecto de ley carece de criterios objetivos e idóneos en materia de indemnización administrativa.

El Proyecto de ley contempla figuras como el llamado `contrato de transacción´ que obstaculizan el acceso a la justicia y violan el derecho a una justa indemnización.

El Proyecto de ley no contempla un reconocimiento explícito de que el fundamento de las medidas de reparación es la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de su deber internacional de garantía y protección de los derechos humanos.

El proyecto de ley vulnera el principio de reparación integral de carácter patrimonial y no contempla la figura de reintegración del proyecto de vida de las víctimas, conforme a los estándares internacionales.

El Proyecto de ley contraviene la jurisprudencia constitucional respecto a la estricta distinción entre ayuda humanitaria, prestación de servicios sociales y medidas de reparación.

El Proyecto de ley desconoce el principio de universalidad e igualdad en el conjunto de víctimas.

Se ha desdibujado el carácter transicional de la restitución de tierras.

El Proyecto de ley plantea retrocesos respecto de los derechos de la población desplazada en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia.

La institucionalidad contemplada para la “atención y reparación de las víctimas” es confusa y de difícil acceso.

Carácter inconstitucional de la supeditación de los derechos fundamentales de las víctimas al principio de sostenibilidad fiscal.

Los verdaderos problemas para la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras son más profundos y están en la estructura misma del Estado y la sociedad colombiana.