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Los indígenas de Perú tienen algo que decir (por ley) sobre sus territorios

Domingo 28 de agosto de 2011 - Las primeras señales de cambio se respiran en Perú. El Congreso aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Indígena, un proyecto consensuado durante el Gobierno de Alán García, pero que éste vetó. Además, las negociaciones para aumentar las pírricas regalías mineras van por buen camino.

Por Pilar Chato

En 2009 la noticia saltaba a las páginas de los periódicos de todo el mundo. 10 indígenas de la zona de Bagua, región amazónica del norte del Perú, y 23 agentes de policía morían cuando los agentes irrumpieron en una manifestación pacífica. Otras 200 personas resultaron heridas. No ha habido ni investigaciones ni procesos judiciales.

Los conflictos sociales que provoca la proliferación de megaproyectos (minería, hidroelécticas, petróleo, agroindustria…) en América Latina se suceden y multiplican, más ahora que el llamado primer mundo exige y exige cada vez más materias primas para mantener su crecimiento, en plena crisis económica. Esto ha llevado a innumerables violaciones de derechos humanos, alerta de forma constante Amnistía Internacional y Human Rights Everywhere (HREV).

En Perú se ha dado un paso importante. Algo tan sencillo y a la vez tan evitado como dar voz y voto a los indígenas en los proyectos de actividades extractivas en sus territorios. Algo que muchos países han reconocido implícitamente al firmar el Convenio 169 e la OIT (Organización Internacional del Trabajo) pero que apenas se cumple. En Perú, el año pasado ya se llegó a una versión consensuada de esta ley, pero el ex presidente Alán García la vetó. Ahora, la nueva ley entrará en vigor cuando el presidente Ollanta Humala, que llevaba el principio de inclusión social como bandera de su campaña, la firme en las dos próximas semanas.

Al tiempo que el nuevo Congreso de Perú aprueba la Ley de Consulta Indígena, se avanza en las negociaciones con las empresas mineras para abordar una reforma fiscal que amplíe el canón anual que pagan por su actividad. Ya se ha pasado de los 500 millones de soles (180 millones de dólares) pactados con Alán García a 3.000 millones de (unos 1.000 millones) soles anuales. Hay un primer acuerdo, pero la negociación continúa.

La ley de consulta con la población indígena fue aprobada por unanimidad el 23 de agosto y obliga a que el gobierno consulte a las comunidades indígenas antes de que las empresas puedan comenzar proyectos como excavaciones mineras o petrolíferas, o la construcción de embalses. También deberá consultarse con la población indígena cualquier propuesta de ley que pueda afectar a sus derechos antes de que sea aprobada por el Congreso.

Con la nueva ley, los acuerdos entre los pueblos indígenas y el gobierno serán obligatorios. En aquellos casos en los que no se alcance un acuerdo, los organismos estatales deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Optimismo contenido

Las valoraciones positivas, o al menos esperanzadas, a esta ley no se han hecho esperar. Aunque también hay quien alerta de que no se debe utilizar como un castigo a desmanes anteriores y reclama compromiso por todas las partes. Destacadas organizaciones de pueblos indígenas han participado en las negociaciones de esta ley, y han estado luchando por su aprobación desde 2009.

Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, cree que esta ley, que respeta los principales acuerdos alcanzados con las organizaciones de pueblos indígenas durante la legislatura anterior, “inicia un esperado nuevo capítulo en la relación de las comunidades indígenas con las autoridades peruanas”. Pide a Humala compromiso para aplicarla.

“Pasar una apisonadora sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras personas afectadas por los proyectos de desarrollo rural no es la forma de alcanzar el desarrollo económico", afirma Susan Lee.

Cesar San Martín, presidente del Poder Judicial, aplaudió la aprobación de la norna por unanimidad, destacó que promueve el diálogo y la democracia e insistió en que todo gran proyecto que involucre a comunidades originarias debe tener una consulta y concordar el parecer de la población.

Por su parte, Giselle Huamani, investigadora del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) de Lima, insistía esta semana en una entrevista en La República, que la consulta debe ser parte de los procesos de desarrollo de las comunidades afectadas e insertarse dentro de un plan de desarrollo concertado “y no como lo es hoy, mucho conflicto, batalla”. “Consultar sin tener en cuenta instrumentos como: un plan de desarrollo concertado, falta de ordenamiento territorial, falta de zonificación económica ecológica o carencia de procesos de desarrollo que puedan servir como referentes, etc, impide evaluar el proyecto en todas sus perspectivas”, apuntaba, al tiempo que advertía que  la consulta “no debe usarse para sancionar a una empresa, como se ha venido haciendo, porque esto no resuelve los problemas tampoco”.

Frente a ello, la investigadora lamenta que la información que se le da a la gente sobre las concesiones que da el Estado es por los periódicos, esto les toma por sorpresa y después se asustan y se encolerizan. “Ese es un proceso que genera una gran conflictividad, temor y desconfianza. ¿Qué respeto es ese si no me han consultado o informado?”.

Perú tiene suscritas las normativas internacionales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas de la Corte Interamericana, que exigen el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para cualquier actividad que pueda tener un impacto significativo en sus tierras y recursos.

Medidas fiscales

Mientras se aprobaba la Ley de Consulta Indígena, el Gobierno sigue negociando con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para la aplicación de un impuesto a las sobreganancias mineras. Esas conversaciones ya han provocado las mineras tripliquen su oferta inicial. Ejecutivo y mineras se ubicaron en posiciones extremas, luego se acercaron y finalmente sellaron un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Las negociaciones se iniciaron dos semanas antes de la juramentación de Ollanta Humala como nuevo presidente de Perú. El objetivo era que el primer ministro Salomón Lerner ofreciera un anuncio concreto más allá de una promesa; pero por el lado privado no había premura. Lo conseguido hasta ahora es que se gravarán las utilidades operativas y no las ventas totales de las mineras. Las empresas mineras pagarán un gravamen aproximado de 3.000  millones de soles anuales.

Durante el Gobierno de Alán García se pactó un ‘óbolo minero’ de 2.282 millones de soles en cinco años (algo menos de 500 millones anuales). El nuevo Gobierno pidió entre 6.000 y 5.000 millones anuales y  los mineros ofrecieron 1.000 millones. El primer acuerdo ha quedado fijado en 3.000 millones.

“Pasar una apisonadora sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras personas afectadas por los proyectos de desarrollo rural no es la forma de alcanzar el desarrollo económico"

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