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Entre el estado paramilitar y el estado de excepción

Sábado 04 de febrero de 2012 - El discurso del miedo y la inseguridad está allanando el camino a los paramilitares en América Latina. En Río de Janeiro, barrios enteros están controlados por las llamadas ‘milicias’: estructuras de extorsión y violencia controladas por agentes del Estado y políticos. Otra de las realidades que la propaganda económica de Brasil oculta.

Por Equipo Otramérica

Policías, ex policías, militares, bomberos armados, funcionarios del sistema penitenciario… un ejército paramilitar controla barrios enteros en Río de Janeiro. Venden el gas, manejan el transporte ‘público’, proporcionan la televisión de cable y, si te portas mal o no pagas la ‘tasa’ te matan o te torturan…

Lo que empezó por una promesa de seguridad ante la ineficacia estatal y los mensajes alarmistas ha terminado por convertirse en un paraestado violento con complejas imbricaciones con la clase política local y un poder basado en la brutalidad. Quien se atreve a denunciarlos o a investigarlos paga con su vida.

Este pasado 20 de enero de 2012 cayó la última víctima: Alex José do Carmo, testigo de la Fiscalía en el caso contra la milicia de Duque de Caixar en le localidad de Baixada Flumineses, área metropolitana de Río. 10 tiros contra el cuarto testigo asesinado desde que en 2010 se abriera el caso contra ese grupo paramilitar en el que están identificados como miembros 13 policías activos, 4 retirados, dos miembros del Ejército y uno de la Marina.

Hasta ahora, el mensaje más claro de los paramilitares llegó en forma de 21 disparos sobre el cuerpo de la jueza Patricia Alcioli, responsable de la principal investigación anti milicias y que fue asesinada en julio de 2011.

Amnistía Internacional prendió la alarma en 2007 y sigue insistiendo. En aquel entonces logró que el Parlamento del Estado de Río de Janeiro abriera una comisión de investigación sobre las milicias (CPI das Milicias). El informe de la CPI es claro, incluye un amplio listado de agentes del Estado activos o en el retiro que forman parte de las milicias, explica el modus operandi de estos grupos paramilitares y señala, incluso, con nombres y apellidos, concejales y políticos en activo que mantienen relación con estas organizaciones criminales.

La realidad es pavorosa. La antropóloga Alba Zalmar, de la Universidad Estatal de Río, explicaba al diario The New York Times como una investigación ha determinado que si en 2005 las milicias controlaban el 12% de las favelas de Río de Janeiro, en 2010 ya tenían fuerte influencia en un 45% de las algo más de 1.000 favelas de la ciudad. Al tiempo, un informe del diario O Globo a principios de 2012 aseguraba que el modelo de las milicias se ha extendido a 11 de los 26 estados de Brasil. “Al principio ganándose a residentes de barriadas matando a narcotraficantes antes de imponer sus propios métodos”. Amnistía Internacional Brasil tiene casos registrados de acción de las milicias en lugares tan distanciados como Sao Paulo, Ceará o Alagoas.

Cuando alguien se resiste a pagar las tasas comienza la represión. Torturas, asaltos a casas y comercios y, en el último extremo, la ejecución extrajudicial.  

Legitimación 'oficial' de los paramilitares

La CPI del Parlamento estatal explicaba en su informe de 2008 cómo la entrada de las milicias es fácil: son agentes del Estado, ofrecen “protección profesional” y buenos contactos con políticos y cuerpos del Estado para conseguir “favores”. Según la investigación, lo que diferencia a los paramilitares de los clanes criminales relacionados con el narcotráfico es, precisamente, su “legitimación”. “El discurso de legitimación relativo a la protección de los habitantes es un punto central de la milicia. Se presenta como protección contra la amenaza del crimen, contra el desorden y, en última instancia, contra el mal, simbolizado en la figura del narcotraficante”. Cuando alguien se resiste a pagar las tasas comienza la represión. Torturas, asaltos a casas y comercios y, en el último extremo, la ejecución extrajudicial.  

La comisión parlamentaria insiste en sus conclusiones en que la fuerza de las milicias se ha alimentado en las últimas décadas por la debilidad de la acción de las instituciones públicas en estos barrios en todos los campos: seguridad y servicios públicos. De hecho, los paramilitares comenzaron implantándose en barrios sin presencia de narcotraficantes pero con problemas de seguridad y de infraestructuras. Por eso, por ejemplo, las milicias se han hecho con el mercado del transporte público sin licencia. Comenzaron con carros particulares y ahora tiene todo un sistema complejo con miles de vehículos. El control territorial de las milicias se completa con la relación que mantienen con los políticos. La investigación “apunta a patrones de concentración de votos de candidatos parlamentarios compatibles con los de un “corral electoral” [práctica habitual en Brasil en que se consiguen votos a cambio de comida y transporte] constituido por medio de coacción y/o clientelismo, en áreas identificadas por la CPI como dominadas por milicias.

En todo caso el informe y las recomendaciones hechas por la CPI Milicias en 2008 no han servido de mucho. Como denuncia Amnistía Internacional Brasil, dos años después la mayoría de recomendaciones no habían sido tenidas en cuenta.

Las autoridades hablan todo el tiempo del narcotráfico pero poco enfrentan el problema de las milicias, conformadas por sus propios funcionarios.

UPP y megaeventos

El control de los barrios en Río es una de las trincheras más peligrosas para los derechos humanos. Los habitantes de las favelas (unos 50 millones en todo el país y casi 2 millones en Río) se encuentran atrapados entre el estado paramilitar impuesto por las milicias y el estado de excepción militar instaurado por las denominadas UPP: Unidades Policiales de Pacificación. El nombre es bonito, pero la realidad es armada. Armas contra armas e impunidad judicial para los paramilitares que ejecutan y torturan. Las autoridades hablan todo el tiempo del narcotráfico pero poco enfrentan el problema de las milicias, conformadas por sus propios funcionarios.

La denominada “guerra” contra el narcotráfico en las favelas (que recuerda a la emprendida en México con nefastos resultados y que motiva a otros países a imitar, como El Salvador que ya ha anunciado su intención de ‘copiar’ el modelo UPP) está motivada por la celebración de megaeventos deportivos, como la Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016.

La Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia en Río de Janeiro cuestiona la estrategia militar de las UPP y, en general, el planteamiento de “guerra contra el crimen”. “Rechazamos el planteamiento de que la situación en la ciudad es una ‘guerra'. Pensar en estos términos implica no sólo una visión estrecha y reduccionista de un problema muy complejo, que sólo sirve para satisfacer algunas demandas políticas en  campaña electoral, sino que causa un gran incremento en la violencia del Estado contra los habitantes de los barrios marginales de Río. No estamos de acuerdo con la idea de la existencia de una guerra, y mucho menos con sus ‘desdoblamientos’ (terrorismo, guerrilla, delincuencia organizada)”. La acción de 'guerra' más "espectacular" fue la toma de Vila Cruzeiro, en noviembre de 2010, tomada por 2.600 efectivos militares tras la resistencia interna y que terminó con unas 50 víctimas mortales en episodios no aclarados.

“Las favelas de Río, que son auténticas ‘zonas excepción’, donde las leyes y garantías constitucionales son permanentemente despreciadas -en primer lugar, por los Poderes Públicos-”

Las imágenes de cientos de militares entrando a las favelas, de tanquetas y helicópteros se han “vendido” como un ejemplo de la autoridad del Estado. La realidad de las milicias paramilitares cuestiona este imaginario: impunidad total, asesinato de testigos, cientos de agentes del Estado involucrados en esa estructura criminal y un control territorial real comprobable.

En medio de estas “guerras”, los ciudadanos y ciudadanas, cuyos derechos humanos son violados por paramilitares y por el Estado… o por esa confusión que son las milicias: aparatos paraestatales formados por miembros de las fuerzas de seguridad del estado.

Desde las favelas, La Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia en Río de Janeiro denuncia la violación de los derechos humanos de la comunidad, la muerte de civiles –prestadas por las autoridades como “daños colaterales” de la “pacificación-, el desplazamiento forzado, el cierre de colegios y, por supuesto, el miedo. “Las favelas de Río, que son auténticas ‘zonas excepción’, donde las leyes y garantías constitucionales son permanentemente despreciadas -en primer lugar, por los Poderes Públicos-, viven ahora un estado de excepción aún más grave, que es el presagio de lo que se pretende establecer en toda la ciudad durante la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos”.

La 'seguridad privada' según la CPI Milicias

"Hace por lo menos dos décadas la seguridad privada se convirtió en un ítem indispensable en el presupuesto de empresas, empresarios y familias de clase media alta. Alimentada por el miedo que aterroriza las ciudades, la seguridad privada se convirtió en un negocio altamente lucrativo y disputado, de tal forma que profesionales de Seguridad estiman que existen hoy en el país entre 1 millón 200 mil y 1 millón 800 mil personas actuando en ese ramo. La inmensa mayoría de las empresas, legales o clandestinas, y de los profesionales en ese mercado está constituida por policías, ex-policías, integrantes y ex-integrantes de las Fuerzas Armadas.

En la ciudad de Río, especialmente, hay barrios enteros de clase media donde es prácticamente imposible caminar por cualquier calle sin encontrar un vigilante con chaleco escrito “APOYO”. Aterrados, los vecinos pasan a pagar esa seguridad privada en la creencia de que están protegiendo su vida y su patrimonio.

Pero si en los barrios de clase media la contratación de una seguridad privada se presenta en general como una opción de libre elección de los vecinos, en las comunidades populares las familias y los comerciantes sólo tienen una alternativa: pagar lo que les cobran por no ser víctima de castigos que van de la intimidación a la agresión y hasta la expulsión de su casa.

Carentes de policía oficial y tomadas por el narcotráfico, muchas comunidades, en un primer momento, vieron el surgimiento de las milicias como un beneficio. La ilusión se desvaneció en poco tiempo. Para asegurar su dominio sobre el territorio cuando no hay tráfico en la zona pretendida y la población resiste, los milicianos pasan a asaltar las casas y el comercio. Los vecinos y comerciantes, intimidados y acuciados por la situación, pasan a contribuir financieramente con importes mensuales estipulados por los milicianos.

Hoy, de acuerdo con las denuncias hechas al Disque milicias, el cobro de seguridad, en muchas áreas, tiene una graduación: si el morador tiene coche o moto, el valor es mayor. En general, la tasa fija está en torno a R$ 15 o R$ 20 y cuando no se paga directamente en la Asociación de Vecinos, hay un cobrador que circula de puerta en puerta.

La gran diferencia de la seguridad promovida por las milicias en relación a la seguridad privada, a pesar de que ambas recaen sobre la responsabilidad de ex-policías y de policías en sus horarios libres, es que las milicias actúan en el espacio público, en las calles, asumiendo el papel que debería ser del Estado formal. Instalan portones, cancelas y garitas, realizan rondas diarias uniformados, utilizando radios de comunicación y armamento pesado. En algunas comunidades, imponen hasta el toque de queda. Actúan, como representantes del Estado, totalmente al margen de la Ley. Venden protección contra la violencia practicada por ellos mismos".

 

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