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La genética de la violencia

Miércoles 13 de julio de 2011 - Lo fácil es reducir. Ya se sabe: la violencia de Guatemala que mató a Facundo Cabral, junto a otras 2.929 personas este año, es culpa del crimen organizado. Y ya está, con eso todos tranquilos. Pero la vida es más complicada. Guatemala está cosechando una violencia gestada a lo largo de décadas, de siglos, de injusticia y exclusión.

Por Paco Gómez Nadal

La violencia, así en genérico, suena mal y, además, despersonaliza a víctimas y victimarios. Las víctimas caen en la espiral de las estadísticas, que nos indican que Guatemala es el tercer país con la tasa de homicidios más alta en América Latina y El Caribe. Son 45,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando la ya altísima media Latinoamericana es del 25,6. Las cifras de Guatemala solo compiten con Honduras, Venezuela y Colombia. Los victimarios también se diluyen en afirmaciones genéricas que hablan de maras (pandillas), de crimen organizado y de sicariato. Pero… ¿cómo, desde cuándo y por qué es tan violento Guatemala? ¿Es solo violento el crimen organizado? ¿se trata solo de unos cuantos pandilleros enloquecidos?

La historia habla

No hay nada nuevo en la estructura social, económica y política de Guatemala. La historia explica casi todo. Es, eso sí, una historia violenta desde que la invasión española se produjo. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), conformada en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996, señalaba en la introducción del mítico informe ‘Memoria del Silencio’: “Desde la independencia en 1821 la estructura de las relaciones económicas, culturales y sociales ha sido extremadamente jerárquica, sostenida por una enraizada herencia colonial. Esto determinó que el carácter del Estado que produjo la incipiente República de Guatemala fuese "excluyente", y manifestase una clara orientación racista. De esa forma, histórica y políticamente la violencia en el país se ha dirigido desde el Estado sobre todo en contra de los pobres, los excluidos y los indígenas”.

Revisando las notas de Ryszard Kapuscinski en su reportaje “¿Por qué mataron a Karl Von Spreti? (1970)” es fácil estremecerse y entender la génesis del caos actual. El despotismo, la corrupción, el rancio catolicismo y el racismo de la colonia fue retomado por unos líderes de dudoso perfil. Escribe Kapuscinski de Rafael Carrera, (el prócer conservador que de pastor de cerdos y sepulturero pasó a ser descrito por la historia oficial como militar y político): “(…) Permaneció en el poder durante 27 años, hasta su muerte. Nunca aprendió a leer o escribir. Era un beato fanático y un alcohólico. Borracho como una cuba, se tumbaba boca abajo y con los brazos abiertos en el suelo de la iglesia y, una vez lograda esta posición de cruz, se dormía. Suspicaz, sombrío y con una resaca ininterrumpida, había prohibido sonreír en su presencia”. Cardoza y Aragón decían que Carrera convirtió el país en “un gran campo de concentración trabajando para la aristocracia y la Iglesia”. Bueno y para la reina Victoria del Reino Unido, a la que regaló una quinta parte del territorio [la actual Belice].

Carrera es solo un ejemplo, pero no se le quedan atrás el general Justo Rufino Barrios, hombre fuerte durante 14 años, que opinaba que la “mayor desgracia” de Guatemala eran los indígenas y por eso atrajo a italianos, suizos, franceses y alemanes para “europeizar” la raza y, de paso, quedarse con el monopolio de la industria del café (en el caso de los alemanes).

Para retomar el informe de la CEH, “la historia del país muestra que formas de subordinación y exclusiones que se originaron con la invasión española, se han mantenido hasta la fecha. El Estado colonial primero y el Estado republicano después -controlado por criollos y, luego, una élite ladina-, se instituyeron sobre una sociedad en la que el pueblo maya ha ocupado siempre el último peldaño”.

El único periodo de sueño ‘revolucionario’ en Guatemala se dio entre 1944 y 1954 pero fue atajado de raíz por la multinacional estadounidense United Fruit Company que presentó al presidente Jacobo Arbenz como un peligroso comunista y organizó un exitoso golpe de Estado con el visto bueno de Washington.

Los mitos

Es fácil deducir que la violencia en Guatemala no es un fenómeno del Siglo XXI sino una constante en el que la exclusión y la explotación humana ha llegado a límites insospechados siempre bajo el control de una pequeña élite ladina que se imponía a una mayoría indígena. Guatemala tiene cerca de 15 millones de habitantes de los que el 65% es de origen maya. Pero los mayas no gobiernan. Ni importan mucho.

El mito de que la guerra civil de Guatemala ha dejado las bases sentadas para la violencia de hoy es eso: un mito. El conflicto armado se libró entre el Estado y la guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) pero el informe de la CEH dejó claras las responsabilidades. Memoria del Silencio le costó la vida a su coordinador, el obispo Juan José Gerardi, asesinado brutalmente dos días después de hacer público el informe que, después de escuchar cientos de testimonios y documentar al menos 42 mil casos de las 200 mil muertes, señaló a las fuerzas estatales y a las paraestatales como culpables del 93% de las muertes y a la guerrilla del 3%.

Las estadísticas traen mensaje. En 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, las muertes violentas registradas fueron 3,619 (una tasa de 40 por cada 100 mil personas). Las muertes bajaron hasta 2,655 en 1999 pero a partir de ahí las tasas se disparan hasta llegar a las 5.548 en 2010 (la tasa del 45.2).

Nueva lectura

Aunque la historia es vieja, la realidad tiene nuevos matices. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala señala cuatro razones de la violencia descontrolada de este momento: la ausencia de Estado de Derecho, la precariedad socioeconómica de la mayoría de la población, la impunidad (el 97% de los asesinatos no se resuelven) y la presencia del crimen organizado.

Si a estos puntos básicos sumamos una extrema liberalización económica a partir de los Acuerdos de Paz, encontramos un elemento estructural para el análisis. Naciones Unidas en su informe sobre el Costo de la Violencia en Guatemala (1996) asegura: “Debe tenerse presente la fisonomía actual del desarrollo económico y social guatemalteco, en donde la democratización ha convivido con un modelo económico de liberalización comercial y financiera, que ha producido una fuerte descomposición de la economía laboral, de la ruralidad y del entorno urbano”. La colonialidad económica ha hecho más ricas a las élites guatemaltecas pero ha hundido en la espiral de la precariedad y la exclusión a la mayoría del país.

Es, siguiendo la tesis de Ed Vulliamy, de The Guardian, sobre la violencia en Ciudad Juárez (México), lo que estamos viendo es la consecuencia de un modelo capitalista “postideológico, postmoral y postpolítico”.

En esa “violencia aparentemente anárquica” hay algunas lógicas. Por ejemplo, un estado débil que deja la vida en manos de los poderosos y los mafiosos. En Guatemala hay 106.700 vigilantes de seguridad privados armados hasta los dientes (aunque sólo haya registradas 35.000 licencias de armas para ellos). Se trata de cinco veces el número de efectivos de la Policía Nacional Civil. Es decir, el Estado no puede garantizar una seguridad que está en manos privadas. Y como el Estado no hace nada, la justicia se hace de forma privada. De hecho, en los territorios indígenas han repuntado los linchamientos y ajusticiamientos, que han sido 327 en el último año y medio.

La impunidad es total. La Procuraduría de Derechos Humanos señala que mientras se han  producido entre enero y junio de este año 2.902 asesinatos y 3.144 heridos por violencia directa, sólo han sido detenidas 97 personas en relación con esos hechos.

El transfondo de muchas de las pequeñas y sangrientas guerras que se libran en Guatemala tiene, además, un transfondo económico ante la inacción del Gobierno. Por ejemplo, la llamada guerra del transporte supuso en el último año y medio el asesinato de 231 conductores, 86 ayudantes y 107 pasajeros, según la procuraduría de Derechos Humanos.

Violencia dominante

Aunque usted haya leído muchos datos y sienta el peso de las líneas, podrá concluir que no es solo el narco y el crimen organizado el que ha “dañado” a Guatemala. Rafael Cuevas Molina, académico y presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América (AUNA) de Costa Rica, explicaba así en estos días el caldo de cultivo donde el crimen organizado ha prosperado: “Guatemala es un país en el que los grupos dominantes y el ejército han utilizado el aparato de Estado para asociarse mafiosamente y hacer dinero ilegítimo a raudales, organizándose paramilitarmente para pelear contra sus contrincantes mafiosos o para reprimir las protestas de la sociedad. En un país así, el narcotráfico y sus derivaciones violentas no se “importa”, como muchos sostienen, sino que florece naturalmente en tierra fértil. Y no solamente la violencia del narcotráfico o el de las bandas juveniles, sino todas las formas de la violencia, las más irracionales, las más salvajes, las más incomprensibles, como esta que se lleva entre las patas a Facundo Cabral”.

A lo que apunta Cuevas, se puede sumar la grave situación de inseguridad alimentaria provocado por el modelo de agroexportaciones y grandes explotaciones; el hecho de que el 70% de las personas que trabajan lo hacen en la informalidad; el femicidio (291 mujeres asesinadas en los 6 primeros meses de 2011); el racismo institucional que atenta contra la inmensa mayoría de la población, un aparato judicial incapaz de atajar la impunidad, y una clase política desgastada y desprestigiada.

Lo que viene

No son buenas las perspectivas políticas en Guatemala. En la carrera electoral que tendrá su primera cita el 11 de septiembre. Los mejores situados en las encuestas dan miedo.

Por un lado, está el ex coronel Otto Pérez Molina, uno de los responsables de la política de “tierra arrasada” con la que el Estado exterminó a los mayas. Pérez es el primero en las encuestas con un discurso populista de “mano dura” que cala entre una población hastiada, cansada de la ruleta rusa en que se ha convertido la vida en Guatemala.

En segundo lugar está Sandra Torres, la divorciada esposa del actual presidente, Álvaro Colom, que se empeña en concurrir a las elecciones presidenciales a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo Electoral ha dictaminado por tres veces que hay “fraude de ley” en su planificado divorcio con Colom para evadir la prohibición constitucional. Ahora, una sala de apelaciones del Poder Judicial (no famoso por su independencia) le ha permitido inscribirse como candidata.

La izquierda está fragmentada y sin un proyecto claro y la campaña electoral ya está teñida de sangre, con varios candidatos municipales, así como dos periodistas, asesinados. Amnistía Internacional ya ha advertido de que “el aumento de la violencia relacionada con la política en el periodo previo a las elecciones es consecuencia de la inacción del Estado a la hora de enfrentar el persistente problema de la impunidad”.

Si Guatemala arrastra una historia pesada, el futuro ya pesa como lastre.

El hambre de muchos enriquece a unos pocos

Por Gonzalo Fanjul

Si tuviésemos que describir las paradojas de un sistema alimentario global roto, difícilmente encontraríamos un ejemplo mejor que Guatemala. Este país centroamericano, que puntúa alto en la lista de potencias agrarias (quinto exportador mundial de café y azúcar), destaca más todavía como campeona regional de la inseguridad alimentaria: uno de cada dos niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, una cifra que se eleva al 70% cuando se trata de menores indígenas.

¿Cómo es posible que un país con un verdadero filón de recursos naturales padezca niveles tan insoportables de pobreza e inseguridad alimentaria? La respuesta no es técnica, se lo aseguro. Las tierras tienen rendimientos altos y el país cuenta con los recursos productivos necesarios. El problema es que estos recursos –empezando por la tierra- están obscenamente concentrados en las manos de unos pocos. A pesar de haber sido el primer país latinoamericano en aprobar una Ley nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala conserva un régimen feudal de reparto de la tierra (el 8% de los propietarios concentran el 80% de las tierras productivas), lo cual explica que buena parte de la pobreza extrema se concentre en zonas rurales, donde los productores pobres también son consumidores pobres.

Las élites económicas han influido en las políticas gubernamentales para garantizar modelos agrarios orientados exclusivamente a la exportación y a las grandes explotaciones. Mientras tanto, los campesinos han pendulado entre el desinterés del sector público y la hostilidad de las grandes compañías, dispuestas a impulsar acuerdos comerciales como el CAFTA, que dejaban a la mayoría a merced de la competencia desleal estadounidense a cambio de garantizar cuotas de exportación.

Pero, a menudo, las diferencias en Guatemala son algo más que retóricas. Hace pocas semanas supimos por los medios de comunicación de Guatemala de un grupo numeroso de familias desalojadas de forma violenta en el Valle de Polochic, donde perdieron tierras, viviendas y la posibilidad de recoger la cosecha de maíz y frijol que garantizaría su subsistencia.

El caso de los campesinos de Polochic no es una excepción, pero tampoco lo son las numerosas historias de lucha y dignidad en las que las comunidades pobres buscan corregir desigualdades atávicas. Madre Tierra, por ejemplo, es una organización de mujeres campesinas que huyeron a México durante la guerra y retornaron con los Acuerdos de Paz. Su líder, Raquel Vásquez, relataba hace poco las dificultades del retorno, cuando el Estado les concedió a crédito algunas tierras. La primera batalla fue lograr que las mujeres tuviesen derecho a ser cotitulares de estas tierras, junto con sus maridos; después llegaron jornadas interminables para garantizar el rendimiento de sus explotaciones y la producción que alimentase a sus familias.

A diferencia de lo que opinan muchos, la agricultura familiar y campesina puede cumplir los objetivos de eficiencia, sostenibilidad y equidad que requiere el sistema alimentario del futuro. Pero para eso es necesario que juegue en igualdad de condiciones con otros sectores, obteniendo del Estado el apoyo legal y económico que necesita cualquier sector estratégico.

Con un presupuesto de poco más de 600 millones de quetzales (unos 54 millones de euros), el Ministerio de Agricultura guatemalteco es incapaz de hacer frente al problema nacional de inseguridad alimentaria. Para que se hagan una idea, los agricultores españoles reciben solo en subsidios una cantidad 100 veces mayor que esa. Por eso muchas organizaciones campesinas, junto con otros actores de la sociedad civil, exigen desde hace años que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice el derecho de los guatemaltecos a la alimentación. Ese es el propósito de la Ley de Desarrollo Rural Integral que han propuesto y que considera, entre otras medidas, la creación de un sistema nacional reservas alimentarias que permitiría hacer frente a las hambrunas y moderar los repuntes de precios. 

El caso de Guatemala demuestra que este problema no solo es africano y no siempre encuentra sus culpables en el extranjero. Las comunidades campesinas y las organizaciones que les apoyan, como Oxfam, han logrado situar este drama en la agenda nacional. Del compromiso del Estado y de sus instituciones va a depender que los próximos años pasen a la historia como el momento en el que Guatemala acabó con el hambre.

La impunidad es total. La Procuraduría de Derechos Humanos señala que mientras se han  producido entre enero y junio de este año 2.902 asesinatos y 3.144 heridos por violencia directa, sólo han sido detenidas 97 personas en relación con esos hechos.

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