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Perú vive hoy y mañana un ‘paro macrorregional’ contra el proyecto minero Tía María

Miércoles 27 de mayo de 2015 - Dos días de paro en varios departamentos de Perú, la militarización de la provincia de Islay, una crisis profunda… La minería, y el proyecto Tía María en este caso, vuelve a ser el caldo de cultivo de la conflictividad social y Ollanta Humala sólo reacciona con balas y distancia.

Por Equipo Otramérica

Ramón Colqué, de 55 años, ha sido la séptima víctima mortal que ya ha dejado el proyecto minero Tía María, en Arequipa, propiedad de Southern Copper (subsidiaria de grupo México SAB). Colqué murió en las protestas de la pasada semana y su nombre se suma así al balance de sangre acumulado desde que, en 2011, comenzaran las protestas en la provincia de Islay.

Los dirigentes comunitarios antiminería han convocado a partir de hoy, miércoles 27 de mayo, un “paro macrorregional” en las regiones mineras de Arequioa, Cusco, Tacna y Puno con participación, además, de representantes de Apurímac, Ayacucho y Cajamarca. El paro se desarrolla en un clima de mucha tensión ya que el gobierno de Ollanta Humala ha militarizado la zona.

La distancia entre Lima y los comuneros es abismal y se demuestra en detalles como que el decreto firmado por el gobierno el pasado viernes en el que declara el estado de emergencia en Islay contempla que la provincia tiene 9 distritos, cuando solo tiene seis, o en los mensajes alarmistas de la Policía que habla de “la infiltración de violentistas” para estas protestas, cuando las gentes de Islay llevan años de resistencia frente ala imposición del proyecto Tía María, con graves problemas ambientales y sociales.

"El mundo está pendiente del Gobierno peruano esta semana. Con más protestas planeadas para los próximos días, las autoridades deben hacer todo lo que esté en su poder para permitir que la gente exprese sus preocupaciones de manera pacífica, sin temor a resultar heridos o algo peor", dijo Guadalupe Marengo, subdirector para las Américas de Amnistía Internacional.

En un análisis sobre este conflicto socioambiental (hay otros 207 abiertos en Perú, 70 relacionados con la minería) y ante la muerte de Colqué y los 400 heridos que dejó el último choque entre manifestantes y fuerza pública, el diario El Comercio publicaba: “Pese a que en el 2006 la Policía Nacional del Perú (PNP) acogió en su manual disposiciones de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, nuestro país aún no cuenta con una norma con rango de ley que regule la actuación de los policías. De hecho, ya en el 2012, un informe de la Defensoría del Pueblo alertaba sobre la ausencia de legislación apropiada. Sin embargo, a la fecha no se ha tomado una acción concreta. Las consecuencias de esto se evidencian cuando se desata la violencia, ya que muchos policías no conocen sus límites. Frecuentemente se cae en el exceso del uso de la fuerza”.

 

El contexto

Ollanta Humala va a terminar su mandato con más de 60 muertes provocadas por los conflictos mineros. Pero, si miramos atrás, la minería ha dejado en la última década unas 255 muertes. Por eso, Global Witness considera a Perú como el cuarto país más mortal para los defensores del ambiente.

También es el lugar preferido para los inversores mineros, con un capital invertido aproximado de 20 mil millones de dólares. Esa riqueza genera pobreza, de hecho los departamentos mineros (como Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica) lideran el listado de la exclusión económica en un país que en 2015 debe crecer al 4,5%.

En el caso de Tía María, la bomba que hizo estallar de nuevo las protestas tiene que ver con la aprobación definitiva por parte del Gobierno del Estudio de Impacto Ambiental. Tal y como lo detalla el portal de periodismo de datos CONVOCA, la aprobación del estudio, a pesar de las 138 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) al primer estudio del proyecto, está rodeada de imprecisiones y prisas por dar luz verde al proyecto. Ahora, tras los últimos choques y ante la presión popular, Southern Copper ha anunciado que para su ejecución durante 60 días pero eso, en este momento, ya parece insuficiente para frenar a la población del Valle de Tambol, que ve peligrar las fuentes de agua y la agricultura que depende de ellas.

 

 

 

 

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