Aire de vida para 64 pueblos amenazados
miércoles 20 de abril de 2011 La ONIC lo denuncia, la CIDH lo ratifica y la Corte Constitucional de Colombia lo exige: hay que proteger a los 64 pueblos originarios en riesgo de extinción en ese país.
Mujer amorua Fernand Meunier
El conflicto armado, la imposición de megaproyectos económicos en los territorios indígenas y el abandono estatal provocan desplazamiento forzado, hambruna y muerte. En Colombia luchan por la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción, un 60% del total.
(Con fotos cortesía de Fernand Meunier)
La guerra en Colombia no ha cesado. Es posible que muchos habitantes de las capitales contradigan esta afirmación. En las principales ciudades colombianas la denominada como “política de seguridad democrática” ha alejado el conflicto armado de las portadas de los periódicos y algo menos de la vida cotidiana. Pero en el las áreas rurales de Colombia, la inmensa mayoría del país, la guerra muta, utiliza máscaras, se mueve un poco al sur u otro poco al oeste, pero es guerra. Una guerra múltiple, donde conflicto político, narcotráfico, violencia social y venganzas en cascada conforman el panorama en el que tratan de sobrevivir campesinos e indígenas.
Y en la encrucijada de la muerte no buscada, los pueblos indígenas. Y de ellos, algunos más amenazados que otros. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha denunciado el riesgo de desaparición de, al menos, 64 pueblos originarios de los 102 existentes. La campaña “Palabra dulce, aire de vida” trata de visibilizar nacional e internacionalmente esta dramática situación documentada en un extenso informe de investigación publicado con el mismo nombre (ver documento relacionado).
La campaña ha recibido un nuevo impulso tras la publicación del informe 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se destaca las graves violaciones que se siguen produciendo en Colombia y, en concreto, reza: “El prospecto de desaparición de cada uno de los 65 pueblos indígenas colombianos que se han declarado en riesgo como consecuencia de, o basado en parte fundamental en, el conflicto armado, la discriminación y la falta de protección, implica una serie de violaciones transversales, profundas e históricas de los derechos humanos individuales y colectivos amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH exhorta al Estado colombiano a que adopte, en forma inmediata y de conformidad con sus obligaciones internacionales, medidas positivas, vigorosas y efectivas para garantizar, respetar y promover la existencia física y cultural y los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan desde tiempo inmemorial su territorio.”
Antes que la CIDH, la Corte Constitucional de Colombia, en el Auto 004 de 2009, señalaba en ese momento 34 pueblos en riesgo de extinción: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.
La Corte señaló la gravedad de la situación e instó al Estado a activar en seis meses los denominados como Programas de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento, algo que no ha ocurrido a pesar de la sentencia y de las presiones de organismos internacionales como la CIDH por lo que algunas voces, como la del investigador y experto en Derechos Indígenas Bartolomé Clavero, ya han solicitado a la Corte Constitucional de Colombia que ponga el Auto 004 en manos de la Corte Penal Internacional ya que la propia CCC “ha descrito el delito de genocidio con su elemento intencional inclusive, salvando tan sólo de responsabilidad, por presunción que no admite prueba en contrario, al Ejército y así también al Gobierno. Con esto sesgo, no es la justicia colombiana la que puede hacerse cargo”.
“Palabra dulce, aire de vida, informe preliminar para la pervivencia de los pueblos indígenas de Colombia” va más allá de la Corte Constitucional al señalar 64 pueblos en peligro de extinción pero coincide con os magistrados en el análisis de las causas de este riesgo: “los efectos devastadores del conflicto armado interno y sus múltiples consecuencias; la imposición de proyectos de desarrollo en territorios indígenas sin el debido consentimiento previo, libre e informado, y el abandono estatal representado en pobreza, falta de acceso a servicios básicos y discriminación estructural”.
En esta nota podrán ver los mapas donde situamos a estos pueblos y algunas de las amenazas a las que están expuestos.
