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El tema Militarización

América Central: La opción por las soluciones de fuerza

viernes 07 de septiembre de 2012 Impenitentes, los grupos dominantes de América Central no aprenden las lecciones y, una vez más, abren las puertas del peligroso camino de las soluciones de fuerza: ese que tantas vidas segó en décadas pasadas y cuyo legado se niega a abandonar estas tierras. Una colaboración desde "Con Nuestra América".

Policías y militares conformarán el comando de élite Tigres, en Honduras.

Policías y militares conformarán el comando de élite Tigres, en Honduras. Con Nuestra América

Por Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

Atrapada entre dinámicas geopolíticas que tienen a México y Colombia como epicentros, y al crimen organizado y al narcotráfico como justificaciones, América Central ha conocido en los últimos años un aumento de la presencia militar de los Estados Unidos y de su carácter intervencionista: quizás sin los gestos de fuerza del pasado, pero con mayor eficacia en su penetración. Así lo confirma, por ejemplo, la presencia de 172 marines estadounidenses en Guatemala, desde mediados de agosto de este año y hasta por cuatro meses más, al amparo de una operación multinacional contra el narcotrático (Operación Martillo); o bien, el otorgamiento, en 2010, de un permiso por parte del gobierno y la Asamblea Legislativa de Costa Rica para el eventual atraque en puertos nacionales de 46 buques de guerra, 200 helicópteros y hasta 7 mil marines.
 
Este movimiento estratégico norteamericano, que tiene que ver tanto con cuestiones de la llamada “seguridad nacional”, como con la afirmación de su hegemonía en la región en tiempos de crisis, tiene en la permisividad de la clase política y en el avance de la “cultura del Estado fallido”, a sus principales aliados. Una entente cordiale que se expresa ya en  peligrosas tendencias de alcance regional, con importantes implicaciones para las dinámicas sociales y políticas en América Central.
 
Una de ellas, quizás la de mayor repercusión internacional, es la del debilitamiento de las ya de por sí frágiles democracias e instituciones de nuestros países, a partir del golpe de Estado en Honduras en 2009 (bendecido por la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa), toda vez que aquel fue también un golpe contra las posibilidades de ejercer gobierno deslindándose de las tradicionales oligarquías y, al mismo tiempo, de articular nuevas relaciones con los procesos políticos de América del Sur (recuérdese que, por entonces, Honduras se había sumado a Nicaragua como miembros del ALBA; Guatemala y El Salvador participaban de Petrocaribe, y el gobierno de Costa Rica gestionaba su inclusión a este mecanismo).
 
Con apoyos explícitos para los golpistas hondureños desde Guatemala, El Salvador y hasta Costa Rica, aquel hecho envalentonó a una derecha centroamericana hasta entonces asustada por los avances de las izquierdas y fuerzas progresistas, y apuntaló la presencia militar estadounidense, otra vez, como gendarme: algo que quedó claro con la instalación de una nueva base en Islas de la Bahía.
 
Otra tendencia es el aumento del gasto militar, espoleado por la guerra contra el narcotráfico: según datos del Atlas Comparativo de Defensa de América Latina y el Caribe, entre 2006 y 2010, los presupuestos de defensa aumentaron de $106 millones a $133 millones en El Salvador; de $63 millones a $ 172 millones en Honduras; y de $134 millones a $160 millones en Guatemala. Un insulto al sentido común y las necesidades de sociedades que viven bajo inaceptables condiciones de desigualdad en la distribución de la riqueza.
 
A lo anterior se deben sumar distintas iniciativas que se han planteado en los últimos meses, y que apuntan a la creación de “grupos especiales” -militares y policiales-, como la Fuerza de Tarea Tecún Umán en Guatemala o el cuerpo de élite “Tigres” en Honduras. Sin embargo, como lo demuestra la historia, este tipo de organizaciones, apoyadas y entrenadas por ejércitos extranjeros (especialmente de los Estados Unidos), aunque se presenten a la opinión pública como respuesta a los problemas causados por los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado, en la práctica, terminan siendo instrumentos de represión social y de la criminalización de movimientos sociales, activistas o pueblos indígenas, tal y como lo hemos visto este año en PanamáGuatemala y Honduras.
 
Impenitentes, los grupos dominantes de América Central no aprenden las lecciones y, una vez más, abren las puertas del  peligroso  camino de las soluciones de fuerza: ese que tantas vidas segó en décadas pasadas y cuyo legado se niega a abandonar estas tierras.
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