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El tema Privados de libertad

Brasil condena a 20.800 años a 73 policías por la matanza de Carandiru

domingo 13 de abril de 2014 La justicia de Brasil -y la presidenta Rousseff- dan por cerrado el proceso por la masacre de Carandiru, ocurrida hace 22 años. Pero los supervivientes denuncian que el proceso no ha tocado a los responsables políticos, las cárceles siguen atestadas (medio millón de privados de libertad) y desde enero de 2013 han muerto 200 personas dentro del sistema penitenciario. La pesadilla sigue viva.

Dilma Rousseff se felicita por el fallo, que llega 22 años después de la matanza de 111 presos. Los supervivientes critican que no se haya juzgado a los responsables intelectuales.

Por José Manuel Rambla

Veintidós años después de la masacre de Carandiru, Brasil ha pasado página judicial sobre la que fue una de las mayores tragedias de la historia carcelaria del país que se saldó con la muerte de 111 reclusos a manos de la Policía. El pasado miércoles 2 de abril un tribunal de São Paulo condenaba a los últimos 15 policías militares judicialmente acusados, a penas de 48 años de prisión por su participación en la muerte de cuatro detenidos. De esta forma culmina la cuarta y última de  las fases en que, por su complejidad, se había dividido todo el proceso que comenzó hace un año. En total, el número de policías condenados por aquellos hechos se eleva a 73, condenados en conjuntamente a un total de 20.876 años de prisión.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, mostró su satisfacción tras conocerse este último fallo. A su juicio, según destacó en su cuenta de Twitter, la culminación de este proceso y las condenas dictadas en sus diferentes fases. A su juicio, “el juicio de Carandiru, con amplios derechos de defensa y dentro de las reglas del Estado de Derecho, representa una victoria contra la impunidad”.

La masacre de Carandiru  tuvo lugar el 2 de octubre de 1992. Ese día unos 350 policías militares a las órdenes del coronel Ubiratán Guimarães, tras recibir luz verde del gobernador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury, irrumpieron en el pabellón número 9 de Carandiru, el mayor presidio de América Latina. El operativo tenía como misión sofocar el incómodo motín que una pelea entre reclusos había desencadenado justo una víspera electoral. Pero los acontecimientos que siguieron acabaron conformando uno de los episodios más luctuosos de esa pérfida historia negra de Brasil.

En total, 111 presos murieron como consecuencia de aquel operativo. O al menos esos son los datos oficiales, porque algunos testigos estiman que el número de víctimas fue muy superior. Sidney Sales es hoy un pastor evangélico y dirige en São Paulo un centro de atención a toxicómanos.  Sin embargo, aquel 2 de octubre lejano era uno de los 2.500 detenidos que se encontraban en el pabellón 9 del presidio y siempre ha cuestionado la cifra oficial de víctimas. A su juicio, “los 111 eran los que tenían padre, madre y abogados, los que apelaron. Pero había otras personas que no tenían familia”. Y no le faltan motivos para la sospecha. Al menos treinta razones, tantas como el número de cuerpos sin vida que él mismo ayudó a cargar una vez finalizado el asalto. Por ello Sales calcula que la operación policial se cobró la vida de al menos 250 presos. Una estimación que no resulta descabellada si se tiene presente que la policía llegó a realizar unos 3.500 disparos de pistola y ametralladora. La mayoría de las víctimas, además, presentaban impactos de bala en la cabeza y el tórax, una circunstancia que llevó a la comisión que investigó los hechos a tener que admitir que la policía en ningún momento se planteó una salida negociada a la crisis. Su objetivo era claro: acabar con el motín carcelario a sangre y fuego.

Pese a la evidencia de auténticas ejecuciones sumarísimas y el alcance de la matanza, sólo una persona fue condenada inicialmente por lo sucedido: el coronel Guimarães. Sobre él cayó en junio de 2001 una condena de 632 años de cárcel. Sin embargo, el hecho de ser su primer delito le permitió recurrir y eludir el ingreso en prisión, toda una ironía si se piensa que también la mayoría de los presos del pabellón 9 estaban por su primer delito y esperaban la confirmación de sus penas.

Pero Guimarães no solo evitó así la cárcel. La popularidad mediática que logró por aquellos hechos le abrió las puertas de una carrera política que le llevaría un año más tarde a ser elegido diputado del Partido Social Democrático por São Paulo. No acabaría ahí la buena estrella del coronel. En febrero de 2006 su sentencia fue de nuevo revisada y esta vez anulada por errores procesales. Finalmente, los jueces le exoneraron de cualquier responsabilidad al considerar que Guimarães se limitó a cumplir órdenes. Sin embargo, el destino hizo que solo unos meses más tarde, el 10 septiembre, su cuerpo apareciese con el pecho atravesado por una bala que le había disparado su amante. Aunque el caso Carandiru nada tuvo que ver con este crimen, alguien recordaría unos días más tarde a sus víctimas dejando escrito en un muro del edificio donde fue asesinado: “aquí se hace, aquí se paga”. En cualquier caso, su fallecimiento impidió que se actuación fuera incluida en este macroproceso que acaba de finalizar.

Finalmente, los tribunales retomaron las actuaciones contra los policías militares que participaron en el asalto, tras años de continuos retrasos debidos en gran medida al conflicto de competencias entre la jurisdicción civil y militar. Dada su complejidad el proceso se dividió en cuatro fases. En la primera de ellas, celebrada en abril de 2013, 23 policías fueron condenados a 156 años de cárcel por la muerte de 13 de los detenidos. En la segunda etapa, desarrollada el pasado agosto, otros 25 agentes fueron condenados a 624 años cada uno por su implicación en el asesinato aquel día de 52 presos. La tercera sentencia fue dictada el pasado 19 de marzo y condenó a nueve policías a penas de 96 años de prisión y a un décimo a 104 años por su participación en la muerte de otros 8 detenidos. El proceso ha culminado ahora con la condena de estos otros 15 policías.

El juez RodrigoTellini de Aguirre, que ha presidido tres de las etapas del juicio, se trata del “proceso más complejo de la judicatura brasileña”, cuya tramitación ocupa 16.860 páginas reunidas en 75 volúmenes. "No sólo es el número de personas que perdieron la vida a causa de los hechos y no sólo es en el drama vivido por las familias de las víctimas y de los agentes de policía. La complejidad de este proceso radica en el hecho de que tuvimos que esperar 22 años para obtener una respuesta del Estado a esas acciones”, destacó.

Sidney Sales todavía tiene gravadas en su retina cientos de imágenes de aquella masacre y recuerda cómo la policía le obligó a cargar en ambulancias y vehículos del Instituto Médico Legal al menos 35 cuerpos de las víctimas. Él sobrevivió a la matanza pero todavía hoy tiene dificultades para dormir. Tras la última sentencia de este macroproceso, Sales se muestra escéptico en que los condenados vayan a cumplir sus penas de prisión y critica que en el juicio no se hayan incluido a los responsables últimos que ordenaron el asalto a la prisión, como el gobernador Luiz Antônio Fleury, el Secretario de Seguridad, Pedro Campos, y los mandos policiales que dirigieron la operación.

Por lo pronto, los abogados de los policías condenados ya han adelantado su intención de recurrir la sentencia. En este sentido, el coronel Edson Faroro, que estaba al mando del segundo Batallón de Choque cuando ocurrieron los hechos, considera injusto los fallos y afirma que la mayoría de los muertos fueron provocados por peleas entre los reclusos durante el motín a causa de la droga. En cualquier caso, ninguno de los agentes jubilados o en servicio que siguen cobrando de la policía -59 del total, el resto abandonó el cuerpo- dejará de percibir su salario. Mientras tanto, la mayoría de los familiares de las víctimas siguen esperando una indemnización.

 

Un drama que sigue vivo

La masacre de Carandiru es la tragedia carcelaria registrada en Brasil que mayor transcendencia internacional ha tenido, debido en parte a la recreación de los hechos que el cineasta Héctor Babenco hizo en su película “Carandiru” (2003).  Sin embargo, los problemas en las prisiones y la vulneración de los derechos humanos no han cesado en esos tiempos.

La decapitación de varios presos filmada en un centro penitenciario del Estado de Maranhão volvió a ponerlo de actualidad el pasado mes de enero, poniendo de manifiesto las condiciones infrahumanas en que se encuentran estos centros. Se estima que desde enero de 2013 han sido asesinados más de 200 presos en las cárceles del país. Y la situación, lejos de mejorar se está agravando por la masificación penitenciaria. Si, según Amnistía Internacional, en el año 1992 la población reclusa era de 114.377 personas, actualmente se supera el medio millón de presos. Sin embargo, la capacidad de los presidios brasileños es de 300.000.

 

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