El agua contra el oro en Minas Conga
lunes 16 de enero de 2012 El caso de Minas Conga en Cajamarca, en el norte de Perú, se ha convertido en un símbolo sobre la gestión de conflictos socioambientales del gobierno de Ollanta Humala, 150 días después de que asumiera su cargo. A la espera del estudio de peritos internacionales sobre la afectación al agua, Yanacocha, la empresa propietaria del proyecto, no se rinde.
Imagen de las movilizaciones de principios de diciembre de 2011.
La última 'promesa' de Lima es la de invertir 1.9 millones de dólares en Cajamarca. Las infraestructuras públicas necesarias se pactan ante la presión en contra del proyecto minero.
De momento, tras más de un mes de protestas y decenas de heridos en las manifestaciones, el Gobierno ha encargado a peritos internacionales la emisión de un informe en los próximos 40 días que revise el estudio de impacto ambiental del proyecto, en especial en lo referente al agua. Según las comunidades que se oponen, el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por el Gobierno del anterior presidente, Alan García, a pesar de que en el mismo no hay un estudio del impacto hidrológico. Además, la población de la zona denuncia que el ingeniero del Ministerio de Energía y Minas que aprobó el mencionado estudio trabajaba anteriormente para la Compañía Yanacocha.
La beneficiaria del proyecto es la minera Yanacocha, un consorcio formado por la estadounidense Newmont, que tiene el 51% de las acciones, la peruana Buenaventura, que participa con un 43%, y la Corporación Financiera Internacional, una institución que pertenece al Banco Mundial y posee el 5%. Yanacocha proyecta comenzar la extracción de oro y cobre a cielo abierto en dos lagunas al noreste de la capital de la provincia, lo que conllevará una inversión de 4.800 millones de dólares para extraer seis millones de onzas de oro, valoradas en más de 12.000 millones de dólares, según informaba el medio conservador El Comercio.
A pesar de la oposición al proyecto, que llevó a la compañía a suspender las obras tras el bloqueo de carreteras y las movilizaciones de las comunidades indígenas, la Yanacocha no ha dado su brazo a torcer. El mapa de potencialidades de la zona elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) certifica que Cajamarca acumula el 80% de las reservas de oro del país (60 millones de onzas), lo que la convierte en la región minera más grande de Sudamérica.
La intención del consorcio minero es horadar dos tajos sobre la laguna Perol de dos kilómetros de diámetro por un kilómetro de profundidad y remover 2.000 toneladas de roca al día durante 17 años, según el medio Eco Portal. Esto producirá sequía y contaminación por cianuro, aguas ácidas y otros metales pesados a cinco nacimientos de ríos o cabeceras de cuenca, 682 manantiales, 102 pozos de agua para consumo humano y seis lagunas.
Esto sucede a pesar del hecho que las cabeceras de cuenca son consideradas por el Estado peruano como “ecosistemas frágiles o de alta vulnerabilidad” y cuentan por ello con protección legislativa. Además, en 2004 se decretó el área donde actúa Minas Conga como zona ambiental de prioridad para la conservación.
Desarrollo y pobreza
Hasta ahora, el presidente de la República, a pesar de las declaraciones del Ministerio de Ambiente y la renuncia del reconocido Viceministro José de Echave, defensor del medioambiente, se ha mostrado favorable a que el proyecto Conga de la Compañía Yanacocha prosiga. Humala argumenta que el proyecto traerá desarrollo económico, aguas de las lagunas desplazadas y la promesa de evitar su contaminación.
Por las experiencias de comunidades vecinas, el conocido como canon minero, una ayuda al desarrollo, no es un buen reclamo para unas comunidades que se encuentran entre las más pobres del país. En la práctica “ocho de cada diez pobladores viven en la pobreza”, apunta Eco Portal.
Los analistas centrados en la gestión de los conflictos plantean construir una agenda ambiental y social en torno a la actividad minera que determinaría las zonas donde se podría extraer minerales, dónde no y qué zonas son habitables, con una hoja de ruta.
Mientras tanto, el juego político está servido. Dada la declaración de estado de emergencia en la zona, que se mantuvo entre el 5 y el 15 de diciembre, y al haber militarizado el conflicto, Alejandro Toledo, expresidente del país y cabeza visible del partido Perú Posible, ha roto con su socio de Gobierno, Gana Perú, por lo que Humala tendrá que buscar nuevos apoyos en el Congreso para gobernar.
