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El gobierno de Costa Rica trata de justificar la privatización del sector eléctrico

miércoles 18 de abril de 2012 Si por la víspera se saca el día, es previsible que tras la coyuntura del Plan Fiscal, el gobierno de Costa Rica decida mover sus fichas a un ámbito, si se quiere, más estratégico para las élites económicas del país: la apertura del mercado eléctrico.

Las movilizaciones en defensa del ICE se repiten.

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Gobierno mueve sus fichas e impulsa “Ley de Contingencia Eléctrica”

Por Héctor Solano-Chavarría

Si ya las declaraciones del Ministro del Ambiente, René Castro, daban pie para algunas interpretaciones (“la contingencia eléctrica es ya”, señaló en declaraciones a la prensa el pasado 24 de febrero), la posición Editorial de La Nación sobre el tema, no deja margen para las dudas. “El Gobierno insistirá en revivir la discusión del proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica –de alcances limitados, pero útiles– para permitir mayor participación de la empresa privada en la generación de energía”, señaló el Editorial del pasado 25 de febrero.  

Discusión y movimientos en la Asamblea, articulación y conflictividad en las calles, son parte de los escenarios que podríamos esperar en los próximos meses.

Disputa argumentativa

El último estudio sobre estructuras de opinión pública, de la UCR, señala que alrededor del 66% de los costarricenses está en contra de las privatizaciones.

Frente a ello y como parte de sus esfuerzos por hacer más potable el tema, las élites político-económicas han optado por la estrategia de “justificar” el negocio de la privatización, a través del discurso de la presunta dependencia del país a los combustibles fósiles para producir energía.

Una publicación del diario La Nación del pasado 24 de febrero, señaló que “la generación eléctrica a base de diésel y búnker creció en un 24% en el 2011, con respecto al 2010”, ubicándose como la tercera más importante, después de la hídrica (que concentra el 72% de la producción) y la geotérmica (13%).

Sobre esa base, precisamente, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) ha intentado justificar la “necesidad” de incrementar la participación del sector privado en la producción de energía hidroeléctrica, a través de la “Ley de Contingencia” que se encuentra en la corriente legislativa (Expediente No. 18.093).

Incremento de derivados del petróleo no es el problema central

El Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE) cuestiona esa forma de presentar las cosas.

De acuerdo con datos del MINAET, circulados por la organización, el sector transporte concentra el 80% del consumo de combustibles fósiles en Costa Rica, mientras que del consumo total de energía del país, solamente el 20% corresponde al sector electricidad.

“Si se parte de que la electricidad representa en Costa Rica un 20% de toda la energía, se concluye que el porcentaje del uso de derivados del petróleo para producir electricidad es mínimo (menos del 2%) y no representa el problema central del país”, señaló la organización.

Según los números del sindicato, más del 92% de la electricidad del país se produce a partir de fuentes renovables. Durante las épocas secas de los últimos años, Costa Rica solamente ha requerido complementar dicha producción de energía a través del uso de combustibles fósiles, en un 7% en promedio, recalcó.

“SIICE considera que esta propuesta no resuelve el problema que plantea el mismo proyecto de ley en cuanto a disminuir la generación térmica, que ya de por sí es baja en Costa Rica”, concluyó la organización.

Intereses van por otro lado

El Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica plantea un incremento al 25% de la participación privada en la producción de electricidad en el país, así como un aumento del tamaño de las plantas de las empresas cogeneradoras privadas a 30 MW de potencia. Actualmente, la Ley 7200 establece un tope del 15% y plantas de hasta 20 MW.

Diversas razones hacen pensar que el proyecto busca facilitar para el sector privado los mercados energéticos más rentables.

Para SIICE, el hecho de que bajo estas condiciones se permita a los grandes consumidores (más de un 1 MW) comprar electricidad a las empresas cogeneradoras privadas, supone una apertura (de hecho) del mercado de la electricidad.

“Esta idea que estaba en la propuesta de Ley General de Electricidad de los últimos dos gobiernos y que ahora aparece como un “parche” en la propuesta de ley de contingencia, es inviable. Para que los grandes consumidores puedan comprar energía a generadores privados, se requiere que haya un mercado eléctrico en operación, condición que actualmente no existe”, denunció el sindicato.

Los ventas a grandes consumidores de electricidad son precisamente los negocios más rentables para el ICE, cooperativas rurales y empresas distribuidoras, en un contexto en el que como destaca CEPAL, Costa Rica ofrece las mejores tarifas eléctricas para la producción industrial a nivel centroamericano, destacó la organización.

El Proyecto de Ley, en caso de aprobarse, le permitiría a las empresas cogeneradoras la posibilidad de vender sus “excedentes” al Mercado Eléctrico Regional (MER) de Centroamérica.

Negocios en el mercado centroamericano

La ley 7848 otorga al ICE la potestad de representar a Costa Rica ante el MER.

Sin embargo, el proyecto de Contingencia Eléctrica asigna al Poder Ejecutivo la potestad de nombrar al representante de Costa Rica ante dicha instancia, denunció SIICE, situación que ha despertado diversas suspicacias respecto de la (eventual) escogencia de personas que no necesariamente respondan al interés público, sino que al interés de las cogeneradoras.

“No se entiende bien cuál es la necesidad de incluir esta modificación en esta propuesta de ley, que le quita atribuciones otorgadas al ICE, ni tampoco las contradicciones en que se incurre en el artículo 3 que autoriza a los generadores privados a vender excedentes en el MER, lo cual también los convertiría en agentes del mercado”, señaló el sindicato.

“Es claro que la producción de dichas plantas es para venta al ICE y que no existe un mercado paralelo para dichas ventas al MER, a menos que se haga a través del ICE, que es el comprador único que por ley opera en Costa Rica. Mientras no exista un mercado local, no es posible convivir con más de un agente del MER”, finalizó.

Por lo pronto, las cartas están sobre la mesa.

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