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El tema Análisis

Guatemala: La trama de la corrupción

jueves 10 de septiembre de 2015 El país centroamericano se encuentra sacudido por un intenso proceso de movilización social desde abril pasado, a partir de la divulgación por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) de un vasto caso de corrupción conocido como “La Línea”, gestado desde abril de 2014 con la defraudación aduanera en el seno del gobierno del exmilitar y hoy expresidente Otto Pérez Molina (OPM).

Foto: Día nacional de los Mártires, 30 de junio de 2015.

Foto: Día nacional de los Mártires, 30 de junio de 2015. HIJOS-Guatemala.

Por David Solís Aguilar*/ Brenda Oliva Lara**

El Pelele huyó por las calles intestinales,

estrechas y retorcidas de los suburbios de la ciudad,

sin turbar con sus gritos desaforados la respiración

del cielo ni el sueño de los habitantes (…)”

 – El señor presidente, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco premio Nobel de Literatura 1967.

 

El país centroamericano se encuentra sacudido por un intenso proceso de movilización social desde abril pasado, a partir de la divulgación por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) de un vasto caso de corrupción conocido como “La Línea”, gestado desde abril de 2014 con la defraudación aduanera en el seno del gobierno del exmilitar y hoy expresidente Otto Pérez Molina (OPM). Caso que provocó la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti en mayo pasado, así como el levantamiento de la inmunidad a Pérez Molina por parte del Congreso y su renuncia la semana pasada.

 

En medio del proceso judicial de persecución penal a las estructuras criminales de “La Línea” se ha gestado un constante proceso de movilización social por parte de amplios sectores organizados o no de población urbana y rural, mestiza e indígena, de diversas capas sociales; en repudio a la corrupción e impunidad, y en demanda de la renuncia de la exvicepresidenta Baldetti y del hoy expresidente Pérez, ambos ya vinculados por un juez al proceso penal abierto por el MP a partir de la investigación de la CICIG.

 

Desde mayo pasado la sociedad guatemalteca transita formalmente por un proceso electoral para la renovación del Congreso, alcaldías y Gobierno nacional que el domingo 6 de septiembre llevó en su primera vuelta a 13 partidos políticos en competencia por la presidencia, de los cuales 11 representan propuestas ideológicas de carácter derechista en distintos matices, y en la cual se impuso de manera inesperada el exhumorista Jimmy Morales del recién formado partido FCN Nación. Con una cerrada disputa voto a voto para la definición del segundo puesto que permita acceder al balotage en noviembre próximo y ante la imposibilidad de Morales para llegar a ganar el 50% de los votos válidos emitidos. Este es el resultado de la competencia por el segundo puesto entre la experimentada ex “primera dama” 2008-2011 Sandra Torres del partido UNE y el empresario Manuel Baldizón del partido LIDER, podría marcar el camino de las movilizaciones en los próximos meses.

 

De este modo emergen del actual contexto guatemalteco complejas interacciones a partir de la trama de corrupción expuesta en el caso “La Línea”, con sus consecuentes nebulosas para la vida social y el sistema político del país, a presentarse a continuación.

 

El des-gobierno neoliberal

 

            Fueron necesarias dos rondas de votación en 2011 para que el general retirado Otto Pérez Molina llegara a la presidencia de la República de Guatemala, como candidato del Partido Patriota (PP), agrupación de derecha liberal fundada en 2001 por sectores de militares retirados ligados a activos sectores empresariales (oligárquicos) y otros no tradicionales (ligados a aparatos de crimen organizado). Dicha elección se la disputó Pérez Molina en un balotage con Manuel Baldizón del Partido LIDER, empresario vinculado a actividades ilícitas según diversos medios de comunicación del país, y quién en el actual proceso electoral apareció como el candidato a la cabeza de la mayoría en las escazas encuestas de intención de voto publicadas en los últimos meses en el país.

           

El gobierno de OPM arrancó en 2012 con múltiples promesas para diluir las acusaciones públicas por su vinculación personal a graves crímenes contra población Maya en el departamento de El Quiché, cuando era Mayor del Ejército durante el gobierno de facto del ex general Efraín Ríos Montt (1982-1983), época en que se perpetraron  crímenes de lesa humanidad y genocidio contra poblaciones indígenas en el marco  del periodo conocido como “conflicto armado interno” (1954-1996).

 

Con posiciones adyacentes al gobierno de OPM el Congreso de la República  se configuró desde el inicio del periodo como la sumatoria de dos bancadas mayoritarias (PP y LIDER), ambas estratégicamente aliadas con las cúpulas militares  así como del empresariado agrupada en el CACIF[1], esto con el fin de: a) perpetuar el saqueo al Estado a través de contrataciones de obra pública y proveeduría de servicios; b) favorecer la continuidad e implementación políticas económicas neoliberales; c) procurar el control del sistema de justicia a través de intervenir en el nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y otros entes judiciales, así como en el cambio de la Fiscal General en 2014; d) instrumentalizar el Estado para la favorecer las actividades neoextractivistas y el consecuente despojo a comunidades indígenas y campesinas de sus bienes comunes; f)  bloquear iniciativas como la Ley de Desarrollo Rural Integral.

 

            El gobierno de OPM se ha caracterizado por la sostenida erosión a la capacidad del Estado para implementar políticas públicas que permitan a la mayoría de la población vivir alejados de la miseria que lacera cotidianamente. Esto se evidencia con la crisis en los servicios públicos de salud, la bajísima inversión en la educación pública, y la denegación al goce efectivo al derecho a la “reparación” reconocido en los Acuerdos de Paz (1996), para  cientos de miles de personas sobrevivientes de la violencia estatal durante el Conflicto Armado; quienes en su mayoría son poblaciones rurales, indígenas altamente vulneradas por el desigual acceso a la propiedad de la tierra, de capital para la producción familiar, así como a salud y educación.

 

Conflictividades territoriales

 

El carácter oligarquico, militarista, neoliberal y neoextractivista del gobierno OPM se mostró con claridad a partir de marzo de 2012, cuando surgió la Resistencia Pacífica de La Puya[2], en contra de la instalación de minería metálica a cielo abierto en una zona campesina mestiza cercana a la ciudad capital, proyecto en manos de una empresa transnacional en alianza con empresarios exmilitares, que se ha impuesto a través de  la represión policial y la manipulación política del gobierno OPM.

 

Las comunidades en resistencia por la defensa del territorio desde el inicio de este gobierno se enfrentaron a la militarización en sus localidades, como sucedió en mayo de 2012 en Santa Cruz Barillas[3] con la implementación del estado de sitio para reprimir la organización comunitaria en oposición a la instalación de un proyecto hidroeléctrico, propiedad de una transnacional española que dejó decenas de presos políticos, de los cuales dos líderes comunitarios aún  siguen en prisión.

 

Distintas formas y mecanismos de violencia estatal se reeditaron desde el inicio del periodo de gobierno. Durante  octubre de 2015 se perpetró la conocida Masacre de Totonicapán, en la cual seis comunitarios maya Kˈiche perecieron por las balas de soldados al mando superior de OPM. Esta fue la respuesta represiva a la manifestación convocada por autoridades ancestrales quienes exigían el cese de la persecución por su lucha contra el incremento de la energía eléctrica.

 

El estado de sitio se repitió en abril de 2013 en comunidades indígenas Xinca agrupadas en la Resistencia Pacífica El Escobal[4] en San Rafael Las Flores, donde el gobierno de OPM replicó al ataque armado contra comunitarios que resisten a la operación de un proyecto de minería metálica, cuya empresa transnacional inversora está vinculada al secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de líderes Xinca durante el mes de marzo de 2013, a quienes en abril le fueron suspendidos sus derechos constitucionales, finalmente en mayo capturaron a dirigentes comunitarios que a la fecha siguen judicializados.

 

En agosto 2014 la comunidad maya Q'eqchí de Samococh enfrentó una violentísima represión policial al mando superior de OPM[5], con la finalidad de detener a líderes y lideresas opuestos a las imposiciones tarifarias en el servicio eléctrico controlado por una empresa transnacional. Habiendo sido asesinados tres comunitarios de manos de agentes policiales, de los cuales 19 de ellos ya han sido puestos a disposición de la justicia para responder por tales crímenes.

 

El patrón autoritario de OPM se presentó de nuevo en octubre 2014 con la aplicación de un estado de sitio suave o estado de prevención contra las 12 Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez[6], donde población maya Kaqchikel resiste desde hace 8 años a la construcción y operación de una planta de la empresa local Cementos Progreso, propiedad de una influyente familia oligarca.

 

El gobierno de OPM mostró  el mecanismo de estado de sitio como expresión sistemática de represión y persecución, enfocada contra poblaciones indígenas y campesinas que defienden de formas pacíficas el territorio comunitario contra la penetración, extensión y funcionamiento de actividades neoextractivas.

 

Frente al pasado llevado a juicio

 

En abril de 2013 inició el juicio o debate público contra el expresidente de facto Gen. Efraín Ríos Montt (1982-1983) y su jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo indígena maya Ixil. El 10 de mayo el Tribunal encargado sentenció a Ríos Montt a la pena de 80 años de prisión, por responsabilidad en el genocidio Ixil, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad resolvió con el voto favorable del entonces magistrado y hoy presidente transicional Alejandro Maldonado Aguirre. Se resolvió un recurso interpuesto por la defensa del exmilitar en la que suspendió la sentencia, ordenando el reinicio de la fase de debate. Las incontables maniobras legales de la defensa de los exmilitares han postergado el reinicio del juicio para enero de 2016; vulnerando así el derecho a la justicia, la verdad y la dignificación de miles de sobrevivientes agrupados en la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR)[7].

 

La acelerada anulación de la sentencia contra Ríos Montt estuvo impulsada por una campaña mediática afirmativa en que “no hubo genocidio”, haciendo resonar la postura no solo de los sectores militares vinculados a dichos crímenes sino también de la cúpula empresarial agrupada en el CACIF, quienes sistemáticamente atacaron a la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz por su determinación al llevar a juicio a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez, pero también dicha campaña se enfiló en desacreditar al Tribunal encargado del caso, en especial contra la jueza Jazmín Barrios presidenta del mismo.

 

Estos ataques de la oligarquía empresarial y mediática en defensa de Ríos Montt fueron alimentados por una mayoría simple de diputados de la alianza PP-LIDER en el Congreso de la República, quienes aprobaron una resolución fantaseando la “inviabilidad jurídica” de la existencia del genocidio durante el conflicto armado interno, contradiciendo así el Código Penal guatemalteco que establece la tipificación de tal delito[8]. A estas voces “patriotas” (linaje de los miembros del partido oficialista, el PP) se sumó el mismo Otto Pérez Molina, quién públicamente afirmó que en Guatemala “no hubo genocidio”[9], reproduciendo así la línea argumentativa de la resolución del Congreso[10], en defensa de influyentes exmilitares históricamente compañeros de la reaccionaria oligarquía local.

 

Entre las principales consecuencias del juego de político por la defensa de Ríos Montt en 2014 fueron dispuestas para sacrificio público la jueza Yasmín Barrios, quién fue sancionada con la prohibición de su ejercicio profesional por un órgano “ético” del Colegio de Abogados de Guatemala. Por otra parte, la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz fue obligada a dejar su cargo con anticipación al final del periodo legalmente establecido[11], como consecuencia de un fallo de la misma Corte de Constitucionalidad, abriéndose así un proceso de selección al puesto de Fiscal General concluido con la designación de Thelma Aldana por el hoy expresidente Pérez Molina.

 

Al tiempo que se deponía del Ministerio Público a Paz y Paz el entramado de intereses oligárquico-militares lograba que en el Congreso la alianza de partidos LIDER y PP pactaran el nombramiento de 126 magistrados afines en Salas de Apelaciones y en la misma Corte Suprema de Justicia, para así controlar una multiplicidad de decisiones judiciales, todo bajo la mirada vigilante de OPM a través de Juan de Dios Rodríguez como “operador político”[12], quién siendo presidente del IGSS[13] gestó una red de corrupción para el millonario contrato entre la Seguridad Social y una empresa farmacéutica, caso hecho público por la CICIG en abril de 2015 y por el cual permanece detenido[14].

 

Pasos de la CICIG

 

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 durante el gobierno del empresario derechista Oscar Berger y aprobada por el Congreso en 2007, es un órgano independiente de las Naciones Unidas (ONU) ratificado por su Asamblea General, y con el apoyo a veces tácito y en otras explícito de los gobiernos de EE.UU. y de las representaciones diplomáticas europeas en el país. La finalidad legal de la CICIG es apoyar al Ministerio Público y otras instituciones del Estado guatemalteco en investigaciones criminales por delitos cometidos de parte de aparatos ilegales y clandestinos de seguridad[15], designada por un periodo de dos años que llegaría a agosto de 2009.

 

La CICIG al final de su primer periodo de mandato había logrado una decidida aprobación de organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, debido al aporte en la investigación por la llamada “masacre de Pavón”, realizada en un centro penal bajo el comando de altos funcionarios de seguridad del gobierno de Berger, tal como lo expone el documental “Ejecuciones extrajudiciales en Centroamérica”[16]. Fue entonces que el centroderechista gobierno de Álvaro Colom consintió la prórroga para la comisión hasta septiembre de 2011, en medio de las investigaciones que este organismo internacional realizaba por el asesinato en mayo de 2009 del abogado Rodrigo Rosenberg[17], quién en un video grabado previo a su muerte y difundido posteriormente acusa de su asesinato al mismo presidente Colom.

 

Con el final del segundo periodo en 2011, el gobierno de Colom solicitó a la ONU una tercera prórroga del mandato de comisión por dos años. Para 2012 el hoy dimitido expresidente Otto Pérez Molina se encontró con la responsabilidad de definir el final o la continuidad de la presencia de la CIGIG en el país, momento en que gestionó de manera anticipada la extensión para un cuarto periodo de mandatado de la CICIG (2013-2015) ante la Secretaría General de las Naciones Unidades, con la visita a su sede central en la ciudad de Nueva York de la hoy igualmente defenestrada ex vicepresidenta Roxana Baldetti[18].

 

CICIG dentro de la “Alianza”

 

Desde septiembre de 2013 a la actualidad el contexto político en Guatemala y Mesoamérica en que desarrolla sus actividades la CICIG se ha transformado profundamente, en particular a partir de la crisis gestada desde 2013 y potenciada a mitad de 2014 por la repentina y masiva migración en forma ilegal hacia los Estados Unidos de miles de niñas y niños guatemaltecos, hondureños y salvadoreños no acompañados de mayores, quienes cruzaban el territorio mexicano expuestos a sufrir todo tipo de violencias de parte de traficantes de  personas, armas y drogas.

Esta crisis provocó la alarma del gobierno de Barack Obama que consideró a la multitud de niños migrantes centroamericanos como una amenaza a su “seguridad nacional”, designando así al vicepresidente Joe Biden como encargado de atender la situación a través del “diálogo” con los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, y con la observancia de la Organización de Estados Americanos (OEA)[19].

 

La intervención del gobierno norteamericano se cristalizó a finales de 2014 con el llamado plan “Alianza para la Prosperidad”, iniciativa elaborada por técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que consiste en una estrategia de la élite empresarial centroamericana aliada con el capital norteamericano para aumentar sus negocios financieros, neoextractivos y de contrataciones de obra pública con los gobierno del Triángulo Norte[20]. Este plan establece en dos de sus cuatro ejes “Dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas” y “Desarrollar oportunidades para nuestro capital humano”, como acciones complementarias a otros proyectos neoliberales de alcance regional como el convenio DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica –sin Panamá ni Belice-), así como el Proyecto Mesoamérica que articula la integración regional desde México hasta Panamá en materia de electricidad, telecomunicaciones e infraestructuras públicas como puertos y carreteras, todo en manos de grandes empresas privadas transnacionales o del capital transnacionalizado de las oligarquías centroamericanas.

 

Este plan implicaría $1000 millones de USD al año por 5 años (2016-2020) en Honduras, Guatemala y El Salvador, con la ecuación de $1 del gobierno de EE.UU. por $1 de los Estados centroamericanos, lo cual les llevaría a contraer onerosos créditos con el BID para mantenerse en la “Alianza para la Prosperidad”; recursos que aún no son aprobados por el Congreso estadounidense ni presupuestado por los gobiernos centroamericanos[21].

 

CICIG a debate

 

Dos ejes de acción de la “Alianza para la Prosperidad”, se refieren  a “Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia”  y  “Fortalecer instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado”[22], de este modo  se puede entender la insistencia de las autoridades norteamericanas durante el primer cuatrimestre de 2015 al gobierno de OPM para solicitar a las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta 2017. Lo anterior quedó en evidencia a través de una ofensiva diplomática sin precedentes del Departamento de Estado norteamericano hacia el gobierno de OPM para presionarle por la extensión del mandato de CICIG, que llevó al mismo vicepresidente norteamericano Joe Baiden a visitar Guatemala el pasado mes de marzo[23], cuando declaró que el “mandato de CICIG debe prolongarse”[24].

 

La presión del gobierno de EE.UU. a Otto Pérez Molina para la extensión del mandato de CICIG fue señal de un distanciamiento con la oligarquía guatemalteca y sus brazos políticos en el Congreso en  la alianza (PP-LIDER) así como de los medios de comunicación corporativos del país, los cuales reprodujeron por meses posturas de “políticos” y de la cúpula empresarial del CACIF en contra de la prolongación del mandato a CICIG.

 

El desencuentro entre los norteamericanos con la oligarquía y el gobierno guatemalteco se presentó al tiempo que las aduanas del país eran defraudadas por la organización criminal “La Línea” controlada desde la Casa Presidencial por Pérez Molina y Baldetti, en ejecución conjunta con empresarios importadores, algunos cobijados por CACIF.

 

Es entonces que para el gobierno de Obama la puesta en marcha de la “Alianza para la Prosperidad” es estratégica para la disminución de los flujos de migrantes centroamericanos a su territorio, a la vez que se favorece las alianzas entre las  oligarquías centroamericanas. En tal contexto para Guatemala la CICIG es el garante “ético” por excelencia, ya que su mandato conlleva el mejoramiento al acceso a la justicia y el fortalecimiento de la institucionalidad estatal, por tanto la confianza de la población en el Estado, lo que a su vez facilitaría la cierta estabilidad para la  implementación de las acciones económicas de dicha “Alianza”.

 

Continuidades a exponer

 

Fue en abril de 2015 cuando la CICIG  y el MP  expusieron el caso “La Línea”, hecho que impulsó al gobierno de OPM a la ampliación al mandato de Comisión hasta 2017.  En mayo bajo presiones políticas la ex vicepresidenta Roxana Baldetti se vio obligada a renunciar al cargo por su vinculación a la red criminal del mencionado caso, perdiendo de este modo su inmunidad y quedando sujeta a  la justicia. En este contexto miles de guatemaltecos y guatemaltecas se hicieron presentes en las calles protagonizando durante más de cuatro meses masivas movilizaciones sociales, centradas en el descontento generalizado a causa de la corrupción, con la consigna “renuncia ya” dirigida al exbinomio presidencial, a la vez que se manifestaba descontento por el proceso electoral aun en desarrollo.  Sobre este momento y sus particularidades se expondrá en una próxima entrega.



  * David Solis Aguilar es politólogo costarricense, defensor de DD.HH. en Centroamérica. 
 
  ** Brenda Oliva Lara es psicóloga guatemalteca, investigadora CONICET en Argentina.
 

Texto en español para el sitio de noticias Marcha.org.ar

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